Propuestas y declaraciones de campaña con respecto a temas mineros tenemos para todos los gustos. Desde hacer a las comunidades accionistas de los proyectos hasta entregarles directamente un “canon comunal”. Presentamos las opiniones de expertos sobre los diversos planteamientos para uno de los sectores más importantes de la economía.
Según Juan Mendoza, director de la Maestría de Economía de la Universidad del Pacífico, “no hay razón para pensar que las comunidades tendrán mejor capacidad de gestión del dinero que el Estado: los problemas de administración, corrupción y dispendio no se eliminarían”.
Para Roberto Abusada, director del Instituto Peruano de Economía (IPE), en principio es una buena idea, pues permitirá beneficiar a las comunidades cercanas a los proyectos mineros sin seguir un criterio de delimitación política.
No obstante, señala que el Estado debería gestionar obras demandadas por la comunidad, mas no transferir dinero, para así evitar corrupción y malos manejos.
En opinión de Abusada, la medida no sería adecuada, pues “los recursos del subsuelo pertenecen a la nación, no a las comunidades”. Señala que habría un problema con los derechos de propiedad, debido a que no quedaría claro cuánto le corresponde a cada individuo en una comunidad.
Mendoza también sostiene que el planteamiento sería complicado de implementar. “Más efectivo sería potenciar el sistema de obras por impuestos y aportes voluntarios de las empresas mineras”.
Según Abusada, una inversión adelantada en infraestructura es “fundamental”, ya que aumentaría la credibilidad de los beneficios del sector. “Los proyectos mineros deben venir de la mano con proyectos anhelados por la población”, indica. Agrega que el adelanto sería fácil para el Estado, pues se financiaría con el canon minero del proyecto.
Para Juana Kuramoto, investigadora experta en temas mineros, la idea de invertir en infraestructura para las comunidades antes de la ejecución de los proyectos es “buena”, aunque el resultado final dependerá de la institucionalidad de cómo se manejen los fondos.
“Se debería formar un directorio con gente del Gobierno Central, gobierno regional y las empresas para que se garantice un buen manejo del dinero con la calidad técnica pertinente”, señala.
La candidata presidencial Keiko Fujimori visitó el centro poblado minero La Rinconada, provincia de San Antonio de Putina, donde prometió que logrará la formalización de los mineros que se mantienen al margen de la ley.
Y para ello desarticulará las medidas legales tomadas al respecto por el Gobierno de Ollanta Humala.
"El pedido más importante es la formalización de los mineros ancestrales, de los mineros informales, de la pequeña minería. He conversado con diferentes sectores (...) y todos ellos, al igual que ustedes, se sienten traicionados por este gobierno que ofreció la formalización y 400 mil hermanos mineros. En el lapso de dos años, menos de 10 personas lograron la formalización (...). Lo que significa que este proceso fue una trampa", sostuvo.
Tras criticar las decisiones del actual gobierno, prometió que en el suyo empezarían "de cero" el proceso de formalización. "Nosotros, queridos amigos, queremos hacer la formalización pero de verdad. No como la han hecho ellos desde los escritorios de Lima, sin conocer la realidad. Entonces, para poder lograr la formalización, primero vamos a tener que derogar estos decretos y empezar de cero", exclamó.
Fujimori destacó que la formalización permitirá a los mineros comprar libremente los productos necesarios para dicha actividad. "La dinamita, que es lo más importante, pero también extraer ese oro y la preocupación de que instituciones del Estado vienen a perseguirlos, específicamente la Sunat", añadió.
En el año 2012, el Ejecutivo expidió los decretos 1099, 1100, 1011, 1102 y 1103, referidos a la minería informal, que luego fueron ratificados por el Congreso.
