La Comisión de Energía y Minas del Congreso decidirá la próxima semana si aprueba el proyecto de ley de fortalecimiento del proceso de formalización de la minería informal. Esta iniciativa pretende modificar el proceso de formalización iniciado en abril del 2012.
El dictamen fue presentado por los congresistas Amado Romero, Tomás Zamudio y Eduardo Cabrera. Romero, representante de la región Madre de Dios, fue suspendido en el 2011 por la Comisión de Ética debido a sus vínculos con la minería ilegal.
El proyecto presentado el 17 de febrero gira en torno a tres propuestas principales: transferir el liderazgo del proceso de formalización minera de los gobiernos regionales al Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), adscrito al Ministerio de Energía y Minas; fijar un año como plazo máximo para lograr la formalización (desde la promulgación de la norma); y que el Gobierno Central brinde a los pequeños mineros y mineros artesanales un régimen tributario especial.
Además, se plantea derogar todo el marco legal que estableció el Ejecutivo desde el 2012 para la formalización minera, incluido el Decreto Legislativo 1100, que regula la interdicción de la minería ilegal en el país. “Es conveniente derogar o dejar sin efecto las normas que regulan el actual proceso de formalización, cuyos resultados son infructuosos”, argumentan los autores del proyecto.
La iniciativa legal generó la airada reacción del ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, quien la consideró “inapropiada”.
“El proyecto de ley de Amado Romero es carta blanca a la minería ilegal. Hay que rechazarlo por irresponsable. Responde a su interés minero”, escribió el ministro desde su cuenta de Twitter el martes 16, el mismo día en que la iniciativa quedó al voto en la comisión.
Para el Ministerio del Ambiente, este proyecto de ley significaría un retroceso en el proceso de formalización minera, porque derogaría normas en materia de formalización y erradicación de la minería ilegal que ya se venían aplicando. Desde el 2012, se han promulgado diversos decretos y leyes al respecto, mientras se llevaban a cabo operaciones de interdicción en zonas de minería ilegal.
En opinión del abogado especialista en asuntos ambientales César Ipenza, quitar la competencia en el proceso de formalización a los gobiernos regionales “resultaría contradictorio”, debido a que por ley la descentralización es de naturaleza irreversible.
“Lo curioso es que le da la competencia al Ingemmet para la formalización de manera exclusiva y excluyente, y aparta de dicha labor a los gobiernos regionales y autoridades nacionales, que es a quienes corresponde. El Imgemmet no tiene experiencia en el tema y no ha sido diseñado para ello”, agregó.
“Las disposiciones derogatorias establecen la derogación del Decreto Legislativo 1105, el artículo 10 del Decreto Legislativo 1100 y la Ley 29910, que establece un nuevo plazo para la presentación de la declaración de compromiso. Es decir, ¿volveremos a fojas cero y tendremos un nuevo proceso?”, dijo finalmente Ipenza.
