DANIEL BOSQUE*
Fue la nota de tapa este fin de semana en la prensa provincial. El gobernador sanjuanino, Sergio Uñac, se animó a visitar la carpa protestona de “Jáchal no se toca” para confrontar argumentos con el núcleo duro del activismo anti minería que ha redoblado su prédica, tras el accidente/incidente ambiental de Veladero, para extirpar a la actividad de su territorio.
El mandatario sanjuanino sabe lo que se juega: el 70% de las exportaciones de la provincia son minerales y productos mineros, sector que le aporta el 35% del PBI, según ha dicho a The Northern Miner.
Aún sabiendo que coincidir en todo o en buena parte de la materia en discusión será difícil, Uñac ha desafiado no sólo a la intransigencia de los ambientalistas. También a una de las leyes de la gravedad de la minería, que consiste en observar cauteloso silencio frente a la opinión pública.
Esta máxima suele ser complementaria de otra que suele animar a este sector, al menos en Argentina: a las buenas razones hay que darlas entre los que entienden la cuestión minera, a los que saben apreciar lo que cuesta concretar la riesgosa actividad.
A diferencia de lo que ocurría hace una década, la palabra minería está muchísimo más presente en la prensa del país. Y en último semestre (tres meses de Kirchner y tres meses de Macri), ha tomado vuelo a propósito de otros debates. El mencionado derrame de cianuro en la mina de Barrick Gold y la quita de las retenciones a las exportaciones de la minería han sido los muestras nítidas de esta mayor figuración.
A menos que algún encuestador pretenda matizar con otros datos complementarios surgidos de sondeos, la lectura de la opinión pública nacional de las dos noticias apuntadas ha sido negativa.
Sobre Veladero - cuyo expediente provincial ha terminado en una multa y que aún seguirá coleando en juzgados de Buenos Aires y San Juan, en laberintos que alimentó la mora en la sanción– poco o mucho queda por decir, depende la voluntad de aprender de quienes fueron sus afligidos actores.
Lo irrefutable, como suelen recordar los empresarios mineros cada vez que cabildean sobre el porvenir, es que el episodio, pésimamente metabolizado en su momento más álgido por la minera y por la política, ha producido un daño notable en la imagen de la actividad.
A propósito de la quita de las retenciones, la buena noticia para la industria ha suscitado todo tipo de críticas. Por un lado, y así lo señalaron los funcionarios macristas y peronistas que concurrieron recientemente a la feria PDAC 2016 de Canadá, la medida devuelve atractivo y competitividad a la Argentina, a la vez que supera una transferencia de recursos, desde las provincias a la Nación, mientras madura el todavía impreciso Fondo de Responsabilidad Empresaria (¿1% de las exportaciones?) que imagina y promete el secretario del área, Daniel Meilán.
En el ala política del gobierno, Mining Press pudo recoger el fastidio de funcionarios acerca del silencio que ha observado la minería privada para comunicar los números de la actividad, hoy en crisis por el ciclo de precios bajos de los minerales. Según estas fuentes, en el círculo presidencial hay malestar por el bajo perfil de las empresas y las cámaras mineras. “Les dimos lo que querían y ahora no son capaces de defender la justicia de la medida”, dijo un vocero anónimo e inobjetable.
En rigor, hubo expresiones abundantes, pero ante públicos más restringidos. Como en la reciente PDAC de Toronto, donde se alabó hasta el cansancio el cambio de marco para la inversión minera extranjera - por ejemplo en el cónclave de CEO’s de importantes mineras con empresarios y funcionarios argentinos - pero ante el llamado “gran público” ha faltado una comunicación sostenida y definida, por ejemplo de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM),que a 40 días de la difundida foto de Mauricio Macri en Calingasta, ha optado por conservar cifras y argumentos en sus archivos.
Los equipos de apoyo a la comunicación de la entidad generaron los high lights para instalar en la prensa pero la decisión última fue mantener el low profile que ha irritado al gobierno. Mientras, para suceder al contrato de contact press que tuvo Identia en la gestión de Martín Dedeu, acaba de contratar al veterano consultor Eduardo D’Aalessio, cuyo joven equipo ya comenzó a dar sus nociones de manejos de comunicación y crisis a la entidad, mientras se interioriza de los pormenores que aquejan a la especificidad de la minería. Una contratación que sorprendió a quienes entendían que habría un manejo in company de la cuestión mediática.
“El low profile de la CAEM es un tema que hay que resolver urgente. Hay muchas cosas que se deben decir desde la minería y este es el momento”, confió a este diario un conocido dirigente empresario con la condición de no ser citado para evitar roces con sus pares de la cámara.
Mientras se delinea la relación clave con la sociedad, el clima favorable para invertir en Argentina, no deja de sorprender. Como en otros segmentos, la minería espera el arreglo con los holdouts. En la comentada carta de Joe Grosso - el impulsor de Chinchillas, cuyo desarrollo podría compensar el anunciado cierre de Pirquitas en Jujuy – es un buen resumen de cómo se recibió el mensaje en Canadá: “la visión del secretario Meilán es conseguir que todas las provincias operen unidas bajo un Código Minero nacional/provincial para garantizar el desarrollo de los recursos naturales como un principal impulsor para levantar y diversificar la economía Argentina y poner fin a la actual diversidad desestabilizadora de reglamentaciones impuestas por cada provincia que, causan demoras y confunden a los inversionistas (en la unanimidad esta la fuerza)”.
El líder de Golden Arrow, un fanático de la exploración en el país, no está solo en su interés por la Argentina. No menos de 30 mineras fueron detectadas por este diario moviéndose por depósitos de metales preciosos, cobre, litio y tierras raras.
Para que esta lluvia de interesados supere el status de negocio inmobiliario, Meilán procura fortalecer el Consejo Federal Minero para alinear los planetas mentales de las provincias, actualizar la legislación marco y modernizar la gestión del Estado. No es Leonardo Di Caprio, el renacido secretario no tuvo que sobrevivir al ataque de un oso ni busca venganza alguna, pero no la tiene fácil con la seducción a potenciales capitales más allá de los guiños recibidos. Antes de abandonar su cargo a fines de los ’90 elaboró un ambicioso recetario “Política y Estrategia Minera de la República Argentina” en el que están algunas de las premisas que se podría aplicar en su vuelta al ruedo. Siempre que la realidad y quienes la habitan se lo permitan. “El problema es todo lo que retrocedimos”, reconoce el funcionario.
Éste último no es un tema menor, según el conocido fondo inversor TMF, la permisología (como la bautizó el pope minero peruano Roque Benavides) Argentina suma no menos de 14 procedimientos y 26 días para iniciar un negocio, muy por encima de la media de la OCDE. Para el BM, constituir una empresa requiere no menos de 24 permisos y hasta un año. En la construcción, un Certificado de Evaluación de Impacto Ambiental lleva 150 días y la tramitación eléctrica entre uno y dos meses.
La burocracia, con sus acápites de lentitud y corrupción, es una mancha que se ha extendido en el país conforme el Estado se transformó en una gigantesca bolsa de trabajo: en los dos gobiernos de Cristina Kirchner, en los que, según la vicepresidente Gabriela Michetti, ha engrosado su plantel con 1.500.000 empleados y contratados.
La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, ha dicho recientemente que la burocracia en su distrito es el gran cáncer de su administración. “Montañas de papeles inundan el Estado provincial, ningún expediente es 100% digital y los trámites viajan en carretilla de dependencia en dependencia”.
Por afuera del papelerío está el contexto económico: Argentina ocupa el 67º en el mundo para facilitar la obtención de crédito, según el Banco Mundial, el ranking no es de los peores pero el problema es el costo del dinero cuando las tasas activas domésticas superan el 30% anual. Además, el cumplimiento de contratos dura hasta 590 días y 36 procedimientos. Una resolución judicial hasta 470 días y una declaración de insolvencia hasta 2,8 años y el 12% del activo.
Después del kirchnerismo, que afectó la Ley de Inversiones Mineras y las regulaciones que atañen a la minería, los mineros no parecen dispuestos a firmarle un cheche en blanco a la Argentina. En los contactos en Canadá, los funcionarios nacionales escucharon la propuesta de un CEO de que el país establezca un fondo fideicomiso para reparar violaciones a las facilidades prometidas a los inversionistas. Una moción que a las mining companies le suena sensata a la luz de lo ocurrido, pero de difícil viabilidad política.
El nuevo gobierno ha prometido comenzar a cambiar el paisaje para los inversionistas, pero mientras tanto lo mejor es un buen asesoramiento legal, jurídico e impositivo, coinciden en el mercado.
Vacíos y demoras judiciales no siempre perjudican a los actores. Es el caso de la chilena Los Pelambres, que durante un tiempo más que dilatado usurpó la propiedad minera de Glencore, en Pachón, para depositar “material estéril o desecho de roca, más de 300 neumáticos de gran porte e hidrocarburos. Situación que no ha sido negada por la demandada”, según un reciente fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. El tribunal rechazó la excepción de falta de jurisdicción que había impuesto la minera trasandina.
El área en que se perpetró el botadero ilegal no sólo era indudablemente argentina. También debió haber sido detectada por la Policía Minera de San Juan, que en estos días apareció en los diarios a propósito de sus incumbencias en el cianurogate de Veladero.
*Director de Mining Press y EnerNews
