Perfil
“Ya me puteaste toda la campaña, ahora no te debo nada”. Era el día en queMauricio Macri había ganado las elecciones presidenciales yCristóbal López lo fue a ver personalmente. Era el 23 de noviembre, el encuentro duró pocos minutos y fue en Barrio Parque. “Tenemos que poder dialogar y tener un vínculo, soy un empresario de trayectoria”, le expresó el Zar del Juego, quien había apostado todo a Daniel Scioli, incluso hasta darlo ganador en primera vuelta enC5N.
La relación entre ambos ya estaba quebrada pero, al menos, había puentes. Hoy ya no los hay: el gobierno nacional encaró una serie de auditorías y revisiones de los contratos que tenía Cristóbal López tanto en sus medios de comunicación(hoy en manos de su ex socio,Fabián de Sousa) hasta lasconcesiones viales que le entregó el kirchnerismo de manera poco clara. También, están en revisión los tributos que hoy paga Cristóbal por el millonario negocio del juego, en especial en la Ciudad de Buenos Aires.
En una entrevista con PERFIL, Macri explicó que en aquella reunión con López “dijo que quería contarme que era un empresario de trayectoria, y que quería seguir trabajando”.No parece haberle creído. El gobierno nacional avanzará contra las irregularidades que encontró en sus contratos con el Estado.
“Que pase lo que tenga que pasar”, se lo escuchó decir a Macri en los últimas días cuando lo consultaron por la debacle progresiva del imperio del Zar del Juego y la división de parte de sus empresas con De Sousa.
La AFIP lo investiga por presunta insolvencia fiscal fraudulenta, por el uso de beneficios impositivos para la compra de nuevas empresas. Esta causa, por la cual el viernes la empresa fue allanada, es sólo la punta del iceberg. Según pudo reconstruirPERFIL, Lotería Nacional lanzó una compulsa de precios (que ya tiene tres oferentes y se adjudicará en los próximos días) para realizar una extensa auditoría sobre el sistema de fiscalización de los dos barcos casinos y el Hipódromo de Palermo, cuyas máquinas tragamonedas pertenecen al Zar del Juego. Lotería busca determinar los “puntos flojos” de la fiscalización que realizaba el kirchnerismo: si están, efectivamente, las máquinas conectadas online al organismo estatal, si se pagaron los premios que se aducen y en qué estado se encuentra el control general del negocio. A ello se le suma la decisión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de subir el impuesto a Ingresos Brutos del 8% a 12% en diciembre. Larreta quiere cobrar unos $ 2 mil millones que adeuda Cristóbal por ese gravamen.
Otra mala noticia para Cristóbal López: la semana que viene Vialidad Nacional, que depende del ministerio de Transporte que conduce Guillermo Dietrich, intervendrá en la concesión de la autopista Ezeiza - Cañuelas (con la firma CPC), ya que se detectaron irregularidades y una deuda impositiva de $ 400 millones. El contrato, de 2009, es por $ 50 millones, vencía en 2019 e incluía la construcción de un enlace vial con la Ruta 3 por $ 1.300 millones. El Gobierno evaluó que se puede construir el mismo proyecto por sólo $ 725 millones. López envió a sus emisarios para que se renueve la concesión hasta 2029 y “arreglar”. Dietrich se negó y les pidió que regularicen su situación para completar el contrato. Nunca lo hicieron.
Además, Vialidad también dará de baja una de las dos obras que tiene López en el Sur: la de la Circunvalación de Comodoro Rivadavia. El Gobierno decidió darla de baja y volver a licitar. Por ahora, la obra de estabilización del Cerro Chenque en Comodoro (que incluyen una serie trabajos complejos para que el desmoronamiento no se lleve la ruta) no se tocará, pero está en la mira. Lo mismo ocurre con las concesiones de las Rutas 2 y 11.
En el Enacom, el organismo que regula los medios, planean revisar el expediente de venta de parte de Daniel Hadad de C5N, Radio 10 y el paquete de radios a Indalo Media así como la cuota de mercado. Al momento de la compra superaba lo permitido. Indalo Media todavía tiene que presentar los papeles de compra de CN23 y la mitad de radio Vorterix. Debería demostrar capacidad financiera para que lo aprueben. No son pocos en el Gobierno los que tienen serias dudas al respecto.
Un vínculo roto
Desde mitad del año pasado, cuando comenzó una ofensiva desde sus medios de comunicación contra el macrismo, la relación entre Cristóbal López y Macri se fue deteriorando progresivamente. Primero fue Federico de Achával, su socio en el Hipódromo, y luego Daniel “el Tano” Angelici, quienes quisieron interceder para “aflojar” la tensión. En abril de 2015, Macri judicializó la licitación de cinco bingos porteños prácticamente quebrados, para evitar que el Zar del Juego se los quedara. Un mes y medio después vino la segunda estocada: el Gobierno porteño decidió no renovar el convenio del juego por el cual renunciaba a cobrarle impuestos y fiscalizar los negocios de Cristóbal López en la Ciudad.
En ese momento se detonó la guerra. Achával y Angelici intentaron bajar la tensión pero no pudieron. Y C5N contraatacó con la difusión de los negocios de Fernando Niembro. López puso todo a disposición de Daniel Scioli, hasta a su sobrina, Agostina Scioli, llegó a conducir el noticiero. Hoy ni Angelici intenta recomponer el vínculo.
Pretendió jugar de local. Hacer la reunión en su departamento del último piso de La Rosadita, ese edificio emblemático en el barrio más emblemático del menemismo y del kirchnerismo. Allí donde tienen departamentos Cristina Kirchner y Amado Boudou y funcionaba la cueva financiera de Elaskar y Fariña que lavaba plata para Lázaro Báez.
Pero Cristóbal López no pudo convencer al enviado de Mauricio Macri, el abogado Fabián Rodríguez Simón, preocupado por el estilo pechador y a veces violento del Zar del Juego. El encuentro fue en el Palacio Duhau. Ellos dos más Federico de Achával, el socio de Cristóbal en el juego y con vínculos aceitados con el macrismo.
Más que un encuentro fue una notificación: Rodríguez Simón le comunicó a López y a de Achával que tienen un mes para pagar de inmediato la deuda por ingresos brutos que tienen con la Ciudad desde 2003 por el casino en el Hipódromo de Palermo, el de mayor concentración de tragamonedas del mundo.
La deuda es difícil de precisar por dos razones. Una: el porcentaje ha cambiado desde entonces hasta hoy. La otra razón es la más importante: sólo López sabe lo que facturó todos estos años. Nadie lo auditó. Su casino es lo más parecido a una fábrica de plata negra. Una zona franca en la Ciudad.
López ha sido un evasor serial con la complicidad y la protección del kirchnerismo. Si se diera por cierto lo que él dice haber recaudado y haber gastado, tendría que pagarle a la Ciudad incluido intereses y punitorios unos 10 mil millones de pesos.
Hay una historia política y una historia judicial en la relación de Cristóbal con la Ciudad. Son dos historias y es la misma historia: el uso de la caja del juego para financiar a la política y para enriquecer a políticos. Y no se pueden entender por separado.
Comenzaron al mismo tiempo. Fue en 1999. El presidente Menem licitó la concesión de un barco casino. Un extraño barco con capitán y tripulantes que nunca abandonan el puerto y que le dejó a la firma española Cirsa que lo trajo y operó una fabulosa ganancia. Invirtió 20 millones de dólares y el primer año ganó 100 millones de dólares.
La empresa española tenía buenos amigos argentinos. El principal era Alberto Kohan, secretario general de la Presidencia con quien trabajaba Miguel Angel Egea, socio a su vez del marino Ricardo Cavallo, acusado de genocidio y detenido por su participación en la ESMA.
El entonces intendente De la Rúa pretendió clausurar el casino flotante y casi lo consigue. Pero un juez frenó a la policía con una medida cautelar, la madre de otras cautelares y de todas las resoluciones y de todos los incidentes judiciales. Miles de folios que ya incluyen 15 amparos, fallos en todas las instancias y hasta tres sentencias de la Corte Suprema.
Para decirlo en pocas palabras, todo por el conflicto entre Nación y Ciudad por la explotación del juego. ¿Qué tiene de federal un seudo barco que no navega, estacionado para siempre a orillas de Puerto Madero? Menem argumentó que el casino flotante estaba en aguas bajo la jurisdicción del Estado nacional y esa justificación se impuso en los primeros rounds de la pelea judicial y hasta en la misma Corte con el empuje de los jueces Guillermo López y especialmente del riojano Julio Nazareno.
Ya presidente, De la Rúa quiso tomarse revancha. Otros creen que fue también por su relación con el empresario Liberman. Lo cierto es que sancionó un decreto para autorizar tragamonedas en el Hipódromo de Palermo, fundido y regenteado por de Achával. De nuevo, ¿qué tiene de federal un hipódromo donde el turf es telonero de la timba?
De la Rúa dio la llave pero quien abrió la puerta fue el presidente Duhalde. O su mano derecha Rossi habría que decir. Rossi había sido jefe de lotería en Buenos Aires, intendente de Lomas y era suegro del actual, Insarraulde. De Achával recibió las primeras máquinas aunque todo cambió cuando Kirchner puso el ojo y metió la bala en el hipódromo: lo asoció con López, que había abierto casinos en Río Gallegos y Caleta Olivia.
En esos días el intendente era Ibarra. Batalló contra el nuevo súper casino hasta que capituló ante Kirchner. Fue en una hojita de apenas 4 artículos en el que renunció al reclamo de la Ciudad a cambio de una especie de alquiler mínimo en comparación con lo que recauda. Le cedió a Kirchner el juego de la Ciudad. En realidad se lo cedió a López.
López recibió además una enorme playa de estacionamiento para los clientes y hasta un semáforo especial para girar a la izquierda en Libertador que no lleva a ninguna calle sino a sus tragamonedas.
Tuvo su propio semáforo y un regalo aún mucho más espectacular: dos días antes de dejar la presidencia, Kirchner le prorrogó la licencia del casino hasta 2032. Leyó bien: 2032. ¿Y con qué condición? Aumentar la cantidad de tragamonedas. También leyó bien. Hoy tiene 4.600.
Para un simulacro de control, Kirchner colocó Lotería Nacional en manos de otro pingüino puro como Cristóbal con quien comparte apellido y pasado común en el Sur: Roberto López. Había sido liquidador del Banco de Santa Cruz y jefe de Lázaro Báez. La caridad bien entendida empieza por casa.
El acuerdo de Ibarra con Kirchner fue renovado tácitamente por Telerman en 2007 y por Macri en 2011. Y en el último día de sesiones de la Legislatura del 2013, macrismo y kirchnerismo arreglaron de apuro un aumento sustancial del canon de la Nación a la Ciudad a cambio del mayor blindaje legal que López necesitaba para su negocio. El operador principal de López fue el legislador kirchnerista Diego Kravetz, que fue productor de Políticos al Asador, un programa financiado por López.
El convenio se hizo ley pero finalmente se cayó porque no incluía la condonación de deudas que López reclamaba por lo que el gobierno de Cristina no lo ratificó. Borraron el perdón del proyecto casi en secreto dos hombres de confianza de Macri: el propio Rodríguez Simon y el ministro Grindetti. Ahora intendente de Lanús, Grindetti nombró a Kravetz secretario de Seguridad. Rarezas de la política.
En mayo del año pasado, Macri decidió no renovar el convenio. Y hoy la Ciudad reclama a López el pago de los ingresos brutos que nunca pagó: unos 4000 millones de deuda más punitorios.
Macri ha prometido transferirle el juego a la Ciudad después de que se regularice esta situación. López puede pagar o puede intentar defenderse en la Justicia, como ha venido haciendo. Tiene dos problemas: el kirchnerismo ha dejado el poder y sus amigos en Tribunales han perdido poder y saben que están observados.
El empresario Cristóbal López no sólo retuvo $ 8000 millones del impuesto a la transferencia de los combustibles (ITC) y otros 250 millones de pesos del cobro de peajes como concesionario de autopistas, más otros 520 millones de pesos en multas.
Durante años, junto con su socio Fabián de Sousa, también se quedó con aportes previsionales de sus propios empleados, por al menos otros $ 300 millones. Usó esos fondos para comprar nuevos activos y financiar operaciones, según surge de registros oficiales, expedientes administrativos y judiciales, y los relatos de afectados que recabó LA NACION.
La retención de los aportes se extiende por múltiples empresas del Grupo Indalo, el holding de López y De Sousa, que ahora quedó en la mira de la AFIP. Sólo por los medios de comunicación que controlan, esa deuda supera ya los $ 60 millones, entre capital, intereses y multas.
La acumulación de la deuda previsional, sin embargo, no respondió a problemas financieros del Grupo Indalo, que ante la consulta de LA NACION fijó esa cifra en "unos 140 millones" de pesos.
Por el contrario, se debe a una decisión estratégica de López y De Sousa, que optaron por destinar lo "ahorrado" en sus empresas a comprar nuevas firmas o financiar operaciones de las que ya tenían.
¿En qué empresas no pagaron los aportes a la Seguridad Social? La lista es larga. Entre otras, en Inversora M&S, la constructora CPC, Oil MS, Alcalis de la Patagonia, Paraná Metal, Olivares del Sol, Promet, La Salamandra, Ideas del Sur -la productora que creó Marcelo Tinelli- y varios medios de comunicación, según los registros que cotejó LA NACION.
Las fechas en que comenzaron los incumplimientos varía en cada empresa. En algunas empezó hace al menos un año; en otras, a partir de diciembre pasado, en coincidencia con el fin de ciclo kirchnerista. Y en algunas sólo adeudan los aportes jubilatorios; en otras, también los aportes a las obras sociales y las contribuciones patronales a la obra social.
La retención de los aportes jubilatorios de sus propios empleados implicó así, en la práctica, otra fuente de financiamiento o "apalancamiento", a la que recurrieron López y De Sousa para expandir al Grupo Indalo junto a los impuestos del Estado nacional.
A cargo de la administración diaria del Grupo Indalo, De Sousa expuso esa estrategia en al menos dos desayunos de trabajo que mantuvo con gerentes y empleados de sus empresas en Puerto Madero, según dos relatos coincidentes que LA NACION escuchó por separado. Sostuvo que no pagaban los aportes porque "preferían" destinar esos fondos a otros fines.
Ante la consulta de LA NACION, sin embargo, dos ejecutivos del Grupo Indalo de la más íntima confianza de De Sousa reconocieron que las empresas del holding adeudan aportes previsionales por "unos 140 millones de pesos", aunque se negaron a confirmar o desmentir que ese dinero se haya canalizado a nuevas inversiones.
Tanto López como De Sousa consideran además "injusto" que se los señale por prácticas que, afirman, también utilizan otros empresarios de los medios y que apelaron al "canje" de esa deuda previsional por espacios de publicidad oficial que habilitó, para todos los medios, el decreto 852/14 de la entonces presidenta Cristina Kirchner (LA NACION nunca adhirió a ese régimen durante un reclamo del Estado con decenas de publicaciones, que nada tuvo que ver con el pago siempre a término de los aportes patronales. Dos fallos judiciales avalaron la posición de esos medios finalmente).
Desde el Grupo Indalo también explican que parte de la deuda previsional que acumulan con sus empleados la heredaron de los anteriores dueños de las empresas que compraron. Por ejemplo, los medios de comunicación de Daniel Hadad, como Radio 10 y la señal de cable C5N, o Sergio Szpolsky, con CN23.
Así, según datos oficiales de la ex Afsca, Telepiu (C5N) registra una deuda exigible por $ 33,1 millones, Votionis (Radio 10 y Mega), por $ 11,8 millones, DH Com (Pop) por $ 8,2 millones, y Soluciones Logísticas (CN23) por $ 3,7 millones, a las que se suman multas y otros montos menores en otras firmas controlantes de medios.
En Indalo le adjudican a Hadad la responsabilidad por la génesis de esa deuda, ya que mantenía "al 75 por ciento" de sus empleados como "factureros", mientras que López y De Sousa los blanquearon y colocaron en relación de dependencia.
Ese argumento defensivo es válido, pero sólo de manera parcial, según verificó LA NACION, porque al vender sus medios, Hadad traspasó la deuda previsional a López y De Sousa que a su vez multiplicaron ese pasivo y derivó en la apertura de una causa penal que tramita en el Juzgado en lo Penal Económico de Javier López Biscayart, tras una denuncia del abogado Gonzalo Espinosa Paz.
La investigación se centra en la apropiación ilegal de recursos de la Seguridad Social de algunos empleados -no todos- de Telepiú por al menos $ 35,7 millones de capital -monto al que deben sumarse intereses- entre mayo de 2012 -cuando ya había pasado a manos del "zar del juego"- y julio de 2014.
El cuadro es muy distinto en Ideas del Sur. Tinelli cedió el control de la productora sin deudas previsionales, pero hoy acumula reclamos de sus empleados. Adeuda aportes a Seguridad Social y a la obra social al menos desde febrero de 2015
En rigor, la misma política de quedarse con cientos de millones de pesos que correspondían a los aportes jubilatorios de sus empleados se repiten incluso dentro de Inversora M&S, la firma que durante los últimos años recibió $3400 millones de los impuestos que retuvo la petrolera Oil Combustibles.
Pero también en el portal Minuto Uno y en el diario Buenos Aires Herald, que junto a los aportes previsionales acumula deudas en la obra social. Según López y De Sousa, sin embargo, las deudas que acumulan con el Estado y sus empleados son una "pantalla" de un conflicto más profundo. Consideran que el presidente Mauricio Macri les declaró una "guerra" y que sufren una "persecución política" por sus vínculos con la familia Kirchner. En ese contexto enmarcan las últimas decisiones de AFIP y Vialidad Nacional.
Los dueños del Grupo Indalo defienden además la decisión de haber financiado con impuestos y aportes previsionales su expansión durante la última década.
"Lo que hicimos podrá no ser ético, pero fue legal", planteó un ejecutivo que expresa el sentir y el pensar de De Sousa a LA NACION. "Nosotros no violamos ningún ley; como máximo jugamos al límite del reglamento -abundó-. Y si algo se hizo mal, habrá sido responsabilidad de quienes estaban en la AFIP."
Cristóbal López
Empresario
El plan de facilidades de la AFIP benefició a la empresa de Cristóbal López, que adeudaba $ 13,5 millones en aportes a la seguridad social
El facsímil muestra el plan de facilidades de pago que la AFIP concedió a Votionis SA, la empresa controlante de Radio 10
