La coyuntura mundial marcada por la drástica caída en los precios internacionales del petróleo, nuevamente exige lo mejor de nuestros petroleros; las circunstancias que enfrentamos requieren de su audacia y determinación, de su capacidad y experiencia", dijo el mandatario en un acto ante líderes y trabajadores en la sede de Pemex.
A un mes de que el gobierno recortara más de 5.500 millones de dólares a su presupuesto anual 2016, ante el derrumbe de precios internacionales —que México ajusto a la baja en su presupuesto de 50 a 25 dólares por barril promedio anual-, Peña dijo que "al igual que todas las petroleras del mundo, Pemex tiene que hacer más con menos, tiene que generar eficiencias y reducir costos".
La petrolera estatal mexicana que este año sufrirá la reducción de su producción promedio, de 2,27 millones de barriles diarios en 2015 a 2,13 millones de b/d en 2016, al menos unos 140.000 b/d menos en promedio, "tiene que incrementar su productividad y orientar sus inversiones hacia los proyectos más rentables, actuar con visión y con responsabilidad", puntualizó Peña.
El mandatario mexicano y su Gobierno se han mantenido en silencio sobre un acuerdo para mejorar los precios petroleros adoptado el 16 de febrero por Rusia, Arabia Saudí, Qatar y Venezuela, de congelar la extracción del crudo durante 2016 al niveles de enero, si otros países productores se unen.
A diferencia de otros países productores, como Ecuador, Argelia, Nigeria, Omán, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos, que apoyan esa propuesta, México se ha mantenido al margen de la iniciativa, mientras se avecina una reunión a mediados de abril en Doha para proseguir ese cabildeo, que esta semana ha sido bien recibida en los mercados internacionales, con una tendencia alcista en los precios del crudo.
Peña reiteró en su discurso que "hay dificultades, pero hay alternativas, y sobre todo, hay un plan de solucione", aludiendo al drástico ajuste de Pemex, que ha decidido abandonar varios reservorios de hidrocarburos que no son rentables, y podrían ser explotados por otras petroleras que en el último año firmaron contratos por 7.000 millones de dólares, en los primeros concursos de licitación desde 1938, bautizados como Ronda Uno.
El presidente aseguró que, "como empresa productiva del Estado, sus directivos y su Consejo de Administración tendrán que tomar decisiones difíciles, pero necesarias", sin mencionar que perderán sus empleos al menos 10.000 trabajadores, de los 150.000 del gigante petrolero del décimo productor mundial.
"El plan de ajuste que han aprobado, representa una ruta clara para hacer frente a la coyuntura, y al mismo tiempo fortalecerá a esta gran empresa nacional hacia adelante", dijo el mandatario ante el nuevo director de la empresa nombrado en febrero para ese fin, el financista José Antonio González.
Pemex sufrió en 2015 pérdidas récord de 30.000 millones de dólares, tiene una deuda de 87.000 millones de dólares en deuda, y un pasivo laboral estimado 147.000 millones de dólares.
La compañía debe pasar de ser un monopolio a convertirse en una "empresa productiva del Estado, a la vanguardia", dijo mientras una reforma energética constitucional la convierte en un jugador más para competir dentro de México ante petroleras privadas y extranjeras.
"Tenemos que estar a la altura del exigente y competido mercado energético global que nos ha tocado vivir", dijo el mandatario.
Pemex es "una empresa confiable que está lista para seguir transformándose", no obstante la complejidad del escenario internacional, admitió.
A diferencia de otras petroleras del mundo, Pemex cuenta con dos fortalezas que la distinguen, puntualizó: "la Reforma Energética y el total, invariable, permanente y decidido respaldo del Gobierno de la República", aludió sin mencionar las cifras de un esperado rescate del gobierno federal de la endeudada empresa.
Según el gobierno, Pemex es la octava empresa productora de crudo a nivel mundial, después de Saudi Aramco de Arabia Saudita, NIOC de Irán, Rosneft de Rusia, CNPC de China, KPC de Kuwait, PDVSA de Venezuela e INOC de Irak
NEMESIO FERNÁNDEZ-CUESTA
La breve detención del expresidente Lula da Silva para ser interrogado por sus presuntas implicaciones en la trama de sobornos de Petrobras pone de nuevo encima de la mesa la instrumentalización de las empresas estatales en favor del poder político. La izquierda latinoamericana, hoy en declive, encarnada por Chávez y Maduro en Venezuela, Lula y Dilma Roussef en Brasil, Correa en Ecuador, Morales en Bolivia y el matrimonio Kirchner en Argentina, ha detentado o detenta el poder político en países con abundantes reservas de petróleo y gas.
Todos ellos, con las diferencias derivadas de su personal idiosincrasia, de su manera de entender la política y la economía y de la tradición industrial de sus países, han considerado prioritario el control por parte del Estado de la actividad empresarial dedicada a la producción de hidrocarburos. Sociedades mixtas con mayoría estatal en Venezuela y en Bolivia, contratos de servicio en Ecuador o la pura y simple incautación de YPF en Argentina son algunas de las decisiones políticas adoptadas en esa línea.
La nacionalización o la mayoría estatal en las empresas o consorcios productores de petróleo no son imprescindibles para allegar al Estado buena parte de los ingresos derivados de la producción de petróleo o de gas. A través de las estructuras fiscales correspondientes, cualquier país productor se reserva, en líneas generales, entre el 70 y el 90% del valor de lo producido. Además de las regalías ('royalties') en dinero o en especie y del impuesto sobre beneficios, existen figuras impositivas de todo tipo.
El control público de la actividad empresarial no responde a la necesidad de retener una riqueza: tiene por objeto la sumisión de los intereses empresariales a los objetivos políticos del Gobierno. Pueden ser intereses de política exterior, industrial, social o de otro tipo. Lo importante es que el supremo intérprete de dichos intereses sea el Gobierno. La simple idea de que la empresa desarrolle su actividad con plena autonomía, busque la máxima eficiencia, cumpla con la ley y la regulación específica que le afecte y pague todos sus impuestos sin mayor interferencia estatal no ha sido compatible con los postulados de la izquierda en el poder.
Brasil no ha sido una excepción. A partir de 2006, se produjeron importantes descubrimientos de petróleo en varios sondeos perforados en aguas profundas. Los correspondientes análisis geológicos permitieron estimar la existencia de una ingente cantidad de recursos ubicados bajo la capa de sal procedente de la desecación de un antiguo mar prehistórico, cuando las placas tectónicas de América y África no sabían si juntarse o separarse. Se estimó que el área en cuestión, conocida como el Presalino, de varios miles de kilómetros cuadrados, podía albergar más de 45.000 millones de barriles, cantidad suficiente como para abastecer el 10% del consumo mundial durante algo más de 13 años.
La decisión del Gobierno brasileño fue aprovechar la oportunidad para recuperar la mayoría accionarial en Petrobras. Parte del área del Presalino estaba siendo ya explorada por diferentes empresas cuya actividad había dado lugar a los descubrimientos iniciales, pero la mayor parte estaba pendiente de adscripción. De acuerdo con la legislación brasileña, el Estado debía sacarla a concurso. Sin embargo, se modificó la normativa y buena parte del área fue aportada a Petrobras como ampliación de capital suscrita por el Estado brasileño.
Obviamente, la ampliación fue objeto de controversia. En una empresa que cotizaba en bolsa, el Estado pasaba a tener más del 50% del capital a través de la aportación de un área en la que se estimaba que había grandes cantidades de petróleo, pero se ignoraba cuánto y, sobre todo, se requerían ingentes inversiones para materializar el valor aportado. Aunque se incluían cláusulas de salvaguardia, el ejercicio de las mismas entre una empresa de mayoría estatal y el propio Estado brasileño no parecía suficiente garantía para el inversor privado,afectado por esta sutil nacionalización.
Para explorar el resto del área del Presalino, es decir, la que ni estaba siendo explorada ni había sido 'aportada' a Petrobras, se aprobó una nueva legislación, según la cual diferentes bloques se otorgarían por concurso con las siguientes limitaciones: Petrobras siempre sería el operador, tendría una participación mínima del 30% en cada consorcio y el Estado brasileño, a través de Petrobras y de una nueva entidad que participaría de los beneficios de la explotación de los yacimientos y los destinaría a fines sociales, se reservaba al menos el 51% de los votos en cualquier consorcio.
Conviene aclarar que para mitigar el riesgo inherente a la exploración, las diferentes compañías tienden a asociarse. Crean consorcios regulados por un acuerdo de operación conjunta que designa a una de las compañías como 'operador' y establece un sistema de mayorías necesarias para la toma de decisiones. Decisiones trascendentales pueden requerir unanimidad, mientras que por ejemplo la adjudicación de contratos se decide por mayoría simple en la mayor parte de los casos.
A través de ambos mecanismos, la ampliación de capital de Petrobras y la nueva ley sobre la explotación del Presalino, el Gobierno se reservaba la capacidad de adjudicación de un flujo inmenso de fondos para efectuar las contrataciones necesarias para explorar y desarrollar los nuevos yacimientos: desde trabajos de ingeniería y alquiler de barcos y plataformas hasta suministros de cualquier tipo de material o servicio.
Una ingente cantidad de dinero mediatizada por el poder político y concentrada en una empresa. Un poder político mediatizado por sus necesidades financieras y por las de los otros seis partidos que conforman con el PT la mayoría presidencial. Unas empresas conscientes de que su futuro depende más de una decisión política que de su capacidad competitiva y unos directivos, en fin, acostumbrados a convivir con decisiones no necesariamente empresariales son los ingredientes de la receta que ha dado con Lula da Silva en comisaría.
