La reapertura del proyecto minero Potasio Río Colorado, abandonado hace tres años, es más una expresión de deseo que una realidad. La empresa minera Vale, que tiene el proyecto a cargo, comenzó a desprenderse de los derechos mineros que tiene en Mendoza y que había adquirido en la época de las “vacas gordas”, cuando pensaba expandirse.
Pero además, en pocos meses podría perder la concesión de Potasio Río Colorado.Por eso esa empresa busca levantar el perfil del proyecto para buscar un socio o, mejor dicho, un comprador. Es que por ahora, según explican, no hay posibilidad de que sea Vale quien retome la construcción de la mina por varios motivos: el mineral tiene un valor bajo, el proyecto quedó lejos de las prioridades y hasta las empresas contratistas que tenían a cargo la obra están en problemas.
Sin anunciarlo, Vale comenzó a deshacerse de los proyectos que tenía en Mendoza. Así, por ejemplo, cedió al menos 13 permisos mineros. El expediente al que tuvo acceso Diario Vox le da poder especial a la minera AgAuCo; una firma junior en el mundo de la exploración y explotación minera, para hacerse cargo de varias minas. La operación fue confirmada por el Gobierno.
Lo que no transfiere Vale es el derecho que tiene sobre la mina de sales de potasio. Vale hizo lo mínimo indispensable para mantener esos derechos, como pagar el canon de control. Pero no presentó hasta ahora ninguna actualización de la Declaración de Impacto Ambiental, algo que debe cumplir periódicamente en caso de una mina activa o en construcción. El artículo 23 El Decreto 820, que regula la actividad minera en Mendoza, obliga a realizar la actualización “como máximo en forma bianual”.
Potasio Río Colorado es un proyecto para extraer sales de potasio en Malargüe. Iba a ser una de las minas más grandes del mundo para extraer ese fertilizante.
La empresa brasileña Vale comenzó la construcción, pero la empresa abandonó el proyecto de golpe, dejando a más de 3500 personas sin trabajo. Si se cumplen los 4 años sin actividad, Vale perdería la concesión. Desde el Gobierno aseguran que tienen presente el tema y que es un elemento para presionar a la empresa. Pero al mismo tiempo aclaran que colaboran para buscar un socio o un nuevo dueño.
Lo que queda claro es que el proyecto, de reactivarse, sería de mucho menor envergadura que el original.Incluso hay quienes reconocen que en realidad hubo motivos suficientes para declarar la caducidad de la concesión luego de que Vale no cumpliera con las inversiones proyectadas, entre otras cosas. Pero nunca hubo un plan B concreto y por eso no se avanzó. El plazo más extremo es el que indica el artículo 225 del Código de Minería, que obliga a intimar a la empresa luego de los 4 años de abandono. Allí también puede decretar la caducidad de la concesión.
EDWARDS GAJARDO
El subsecretario de Minería Emilio Guiñazú cumplió con la misión que le encomendó Alfredo Cornejo y viajó a Canadá para conversar con inversores que podrían acompañar a Vale en la posible reactivación de Potasio Río Colorado. Si bien inyectó optimismo, en la industria saben que se trata de una misión muy difícil, por lo que no son pocas las voces que hablan de la posible quita de la concesión en 2017. Sin embargo, especialistas señalan lo complicado que puede resultar ese proceso y aseguran que incluso podría sepultar cualquier opción de avanzar con el proyecto en Malargüe.
De acuerdo al artículo 225 del Código de Minería se puede quitar una concesión si después de cuatro años no se registra actividad en una faena minera, situación que de acuerdo a algunos funcionarios se cumpliría en 2017, porque la empresa brasileña Vale detuvo el avance del proyecto en 2013 por cuestiones financieras. A priori parece algo lógico y simple, por lo que varios funcionarios, entre ellos el mismo Guiñazú y el ministro Enrique Vaquié señalaron la posibilidad de estudiar la situación de la concesión en 2017. Sin embargo, quitar la concesión no será fácil.
Según el Código al registrarse cuatro años de inactividad el Gobierno provincial debería avanzar con un emplazamiento a la empresa para presentar un plan de reactivación en seis meses, que es la idea que tienen algunos funcionarios. Pero eso es en la teoría, porque a la hora de la realidad los expertos en este tipo de proceso señalan que antes de eso, el Ejecutivo debe probar que hubo cuatro años de inactividad, ya que en ese caso la empresa puede argumentar que mantuvo la actividad indicando obras, mantenimiento u otros movimientos.
Sin ir más lejos, en el caso de Vale, la empresa mantiene operarios en el proyecto, lo que ya podría ser -en un tribunal- una muestra de actividad. En ese caso, incluso (y ya judicializando el proceso) Vale podría argumentar jurisprudencia. Para los expertos jurídicos el caso de Electroquímica Mendocina contra el Estado de Mendoza en los '90 sienta un precedente. Era la misma situación, quita por inactividad de la concesión, y la empresa argumentó que durante el período cuestionado hicieron estudios de rocas, lo que la Suprema Corte consideró "trabajo razonable", motivo por el cual le mantuvo la propiedad. "Si la empresa demuestra que trabajó en la instalación de caños ya puede discutir la decisión", señaló un referente de la industria minera mendocina.
Ante las constantes declaraciones en ese sentido, a los encargados de Minería se les hizo saber que lo mejor que pueden hacer es ser aliados de la empresa y no ponerse en la vereda del frente con un discurso que los pueda oponer a Vale, esto porque al tema mencionado se suman otros factores que tienen que ver con lo jurídico y estratégico.
Si aún con la epresa argumentando actividad, el Gobierno decidiera avanzar con la quita de la concesión, se iniciaría la judicialización del caso, lo que sería un escenario nefasto para los intereses mendocinos. "Por estatuto este tipo de empresas obliga a los ejecutivos a avanzar por la vía judicial en defensa del patrimonio de la compañía. Vale tiene invertidos por lo menos dos mil millones de dólares en Malargüe y no los va a dejar", dijo un experto en legislación minera.
En ese contexto, la misma fuente indicó que "el Gobierno debe saber que se enfrentaría a una de las dos firmas más grandes a nivel mundial, además de que un proyecto judicializado no se lo podés vender a nadie. Un proceso de ese tipo puede demorar décadas y Potasio Río Colorado estaría paralizado".
A ese complicado panorama hipotético se sumaria el lobbyque podría hacer Vale, el cual sería claramente en contra de Mendoza en el mundo minero. Sólo con eso nadie se animaría a comprar un proyecto que pelea una firma tan grande, pero potenciado por la mala imagen de la provincia en la industria podría terminar de sepultar el único proyecto minero que tiene licencia social en una de las provincias más antimineras del mundo.
De ahí que los funcionarios estén moderando los discursos y apelando a la posibilidad de reactivar con un socio estratégico y una venta, ya que la sola consideración de avanzar con una quita de la concesión a una empresa que tiene tanto dinero invertido podría convertirse en un lío judicial sin fin. Más preocupante es la situación si se considera, tal como dijo Diario Vox, que la empresa está desligándose de algunos de los derechos que tiene.
Sin embargo, a pesar de esto, la posibilidad de quitar la concesión ya no es una opción tan simple. En el Gobierno provincial, en efecto, hay preocupación por lo que pueda ocurrir ya que, según los pronósticos de los expertos legales, no son muchas las alternativas para reactivar un proyecto que, de ser una bendición, se convirtió en un verdadero dolor de cabeza.
