El escándalo por corrupción que agita por estas horas a Brasil y que no parece tener techo al menos en el corto plazo, tuvo su punto de partida en una operación anticorrupción que se denomina "Lavado de autos" (Lava Jato).
La investigación reveló un esquema que, según las autoridades judiciales, armaron los directivos de Petrobras, empresas contratistas y especialistas en lavar dinero para amañar licitaciones, pagar sobreprecios y desviar fondos millonarios -en muchos casos al extranjero- por unos 4.000 millones de dólares durante 10 años.
Se estima que el esquema de corrupción y sobornos a altos cargos de la empresa entre 2004 y 2012 desvió aproximadamente 10.000 millones de reales (casi 2.800 millones de dólares).
Es la mayor empresa de Brasil y la mayor empresa estatal de Latinoamérica. Fundada en 1953, emplea a 87.000 personas y produce dos millones y medio de barriles de crudo al día. En 2010 valía 380.000 millones de reales. Hoy vale 125.000 millones.
Este derrumbe se debe a la salida generalizada de inversores institucionales ante la dimensión que fue tomando el escándalo en la medida que se profundizaba en las investigaciones.
Muchos analistas la consideran como la empresa testigo para medir la evolución de la situación económica y de un tiempo a esta parte, política de Brasil.
Precisamente, en estos días en los que el clima político se enrarece a pasos agigantados, su cotización subió con fuerza, arrastrando a otros papeles que cotizan en el mercado de San Pablo.
Al contrario de lo que algunos podrían suponer, el Bovespa cotizó en su sesión de este jueves en un clima de euforia bursátil y las acciones llegaron a ganar casi el 6 por ciento.
En líneas generales, el mercado percibe que algunos hechos puntuales, como la divulgación de escuchas entre la presidenta y su predecesor, pueden favorecer el proceso de impeachment contra Dilma Rousseff.
"La crisis en Brasil es muy profunda y no se sabe cómo terminará. Esta intriga es usada por algunos inversores para hacerse de activos, porque de acuerdo al final que imagine cada uno, las ganancias pueden ser suculentas", dijo un agente financiero.
"El mercado está celebrando el fin de este gobierno", sacudido por la difusión de la comprometedora llamada entre Rousseff y Lula, afirmó André Leite, de TAG Investimentos.
La Operación Lava Jato salió a la luz en marzo de 2014, con la detención de 24 personas en varios estados de Brasil, pero había comenzado en julio de 2013, cuando la Policía Federal de Curitiba (Paraná) descubrió una red de lavado de dinero de tamaño mediano que operaba desde Brasilia y Sao Paulo.
Tras meses de investigación, el hilo acabó llevándoles de vuelta al estado de Paraná, donde vivía el cambista Alberto Youseff, experto en blanqueo de dinero y un personaje fundamental en el engranaje descubierto.
Tras su detención en marzo, llegó a un acuerdo de delación premiada (reducción de condena) con la Policía: sus testimonios y los de otro ‘colaborador' con la Justicia, Paulo Roberto Costa, exdirector de Abastecimiento de Petrobras, hicieron explotar el caso.
La Fiscalía ha iniciado en total 279 procedimientos, que implican investigaciones sobre 150 personas y 232 empresas. Una de las condenas más notorias fue la de Marcelo Odebrecht, el nieto de 47 años del fundador de la compañía que en las últimas décadas se convirtió en sinónimo de grandes proyectos públicos en América Latina.
En marzo del 2015, las autoridades de justicia citaron a 54 políticos nombrados en las declaraciones de otros acusados o testigos como implicados en este gran escándalo de corrupción.
Además, hay algunos de los principales empresarios constructores del país, líderes de un ‘club' selecto de 16 empresas contratistas que, según diversos testimonios de arrepentidos, se repartían los contratos de la petrolera y pactaban hasta los porcentajes de los sobornos.
Petrobras es investigada por Securities and Exchange Commission (SEC) en Estados Unidos por las denuncias de corrupción en la compañía. La petrolera tenía acciones en la Bolsa de Wall Street.
Además, el caso también salpicó a otros países de América Latina. Hallaron una lista de 747 obras ya ejecutadas por 170 empresas, la mayoría constructoras, entre esas Odebrecht, en una nómina que guarda gran semejanza con las empresas investigadas en la Operación Lava Jato.
Estas obras se desarrollaron en países como Argentina, Colombia, Ecuador y Uruguay.
Petrobras licitaba sus grandes obras a empresas constructoras y de ingeniería brasileñas, en aplicación de la política ‘Compre Nacional' implementada por Dilma Rousseff como ministra de Energía para estimular la creación de empleo.
De los presupuestos de miles de millones de reales se desviaba sistemáticamente en sobornosun porcentaje cercano al 3% para empresarios y políticos. Posteriormente, el dinero blanqueado se reintroducía en el sistema mediante negocios de gasolineras, lavanderías u hoteles.
Los presuntos delincuentes transferían sumas elevadas de dinero al extranjero, a través de una red de más de cien empresas ‘fachada' y centenares de cuentas bancarias que despachaban millones de dólares hacia China o Hong Kong.
Las compañías simulaban importaciones y exportaciones con el único propósito de recibir o mandar dinero, sin comercio alguno de productos o servicios.
¿Cómo ha reaccionado Petrobras? La petrolera contrató en octubre dos estudios de abogados (uno brasileño y uno estadounidense) para investigar las posibles desviaciones de recursos en la empresa.
Además, aprobó en diciembre la creación de una Dirección de Gobernanza para mejorar su transparencia y "hacer cumplir la ley".
La actual presidenta del Gobierno, Dilma Rousseff, presidió el Consejo de Administración de Petrobras entre 2003 y 2010, cuando se aprobaron y ejecutaron algunas de las operaciones más escandalosas del caso (entre ellas la más grave: la compra de la refinería de Pasadena, en Estados Unidos, por un precio 47 veces superior a la que había desembolsado dos años antes, en 2004, la empresa belga Astra Oil).
Pero su situación se complicó aun más luego que el fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, decidió pedir formalmente una investigación contra la presidenta, pues presume que obstruyó las actuaciones que involucran a Lula.
Ello sucedió luego que el Tribunal Supremo aceptó el acuerdo de delación compensada del senador Delcídio do Amaral, por el cual sus declaraciones pasaron a tener validez jurídica y pueden ser usadas para iniciar nuevas investigaciones.
En su testimonio involucra a Lula y a otros referentes políticos en el caso Lava-Jato, pues atribuyó a Lula el mando de una supuesta operación para comprar el silencio del ex director de Petrobras NestorCerveró, que ya había llegado a un acuerdo de delación compensada.
El máximo tribunal es el único que tiene la jurisdicción para abrir una investigación contra Rousseff.
El magistrado es quien supervisa la investigación sobre Petrobras y quien ordenó el allanamiento de la casa del exmandatario el pasado 4 de marzo e hizo que lo llevaran a declarar forzosamente.
Se hizo ampliamente conocido cuando llamó a declarar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, por su presunta participación en este caso.
Al respecto, la jueza María HernandesVeiga, afirmó que "es innegable el vínculo entre estos casos de la ‘Operación Lavajato', así como lo es la vinculación de aquellos a este proceso, en que se imputa la práctica de delitos a varias personas por la cesión del departamento al expresidente y su familia".
Lula está denunciado penalmente por la Fiscalía del Estado de San Pablo por los delitos de falsedad ideológica y lavado de dinero, vinculados a un inmueble que habría recibido como pago por "favores" hechos a una constructora vinculada a los fraudes en Petrobras.
Fue precisamente dicha magistrada quien decidió que Sergio Moro se ocupara también de este caso y se convirtiera en la piedra en el zapato para Lula y para el gobierno de Dilma Rousseff,quien es considerado uno de los mayores especialistas en investigar el delito de lavado de dinero, se hizo conocido públicamente en Brasil, hace casi dos años, por llevar el proceso de corrupción de la petrolera.
Cabe recordar que el 4 de marzo pasado, lo interrogó a Lula por los presuntos favores con los que poderosos grupos de la construcción, implicados en el fraude, lo habrían beneficiado.
Después de que se conociera que Moro tendría la nueva denuncia contra Lula, Dilma Rousseffapuró las gestiones para que su predecesor y mentor político, aceptara el cargo de jefe de gabinete, que le daría inmunidad frente a Moro, pero no ante la Corte Suprema.
Y la respuesta del juez no se hizo esperar, ya que dio a conocer, por ser "de interés público", las escuchas de la investigación por corrupción en el caso denominado "Lava Jato".
Estas demuestran cómo se gestó la estrategia del PT para dotar a su líder de un salvoconducto ante las presiones judiciales por su participación y la de sus familiares en múltiples casos de sobornos.
Al aceptar Lulala oferta de sumarse al Gobierno, no hizo otra cosa que consentir todas las sospechas de adentro y afuera de Brasilia sobre su futuro.
En paralelo, se lanzó a la carrera presidencial una vez más, con la idea de ganar espacio mediático y tiempo a la justicia, como parte de una maniobra con pocas posibilidades de éxito.
Si bien su estrategia parecía estar funcionando según lo planeado, pues juró como jefe de la Casa Civil, todo se desmoronó en apenas 40 minutos, cuando un magistrado suspendió por medio de una orden judicial, la asunción al cargo del ex presidente
En su sentencia, el juezFederal ItagibaCatta Preta Neto señala que Rousseff podría haber incurrido en un delito de "responsabilidad" al nombrar a Lula, puesto que la ley veta al presidente de la República cometer actos contra "la probidad" de la administración pública.
Los delitos de "responsabilidad" son uno de los motivos por los que la Constitución permite realizar un juicio político con el objetivo de destituir al jefe de Estado.
En este sentido, el juez ordenó que se informe de los hechos a la Procuraduría General del Estado y al presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, quien es la autoridad competente para impulsar los juicios políticos.
Lo ocurrido en la mañana del jueves no hizo más que demostrar que su incorporación al gabinete de Dilma no solo le restó poder a la Presidenta, sino que se evidenció como una jugada que terminó involucrando a todo el Gobierno en un mar de sospechas que ponen en juego el futuro del propio gobierno.
