Télam
La Cámara de Diputados de Brasil comenzó la primera sesión del proceso formal de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff por supuesta violación a ley de responsabilidad fiscal de 2015, una acusación que se arrastra del año pasado pero que ganó fuerza en estos días de grave crisis política en el país vecino.
"Es bueno para todos que este proceso de 'impeachment' sea rápido para todo el mundo para que el país tenga otra agenda", dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien en diciembre aceptó la presentación de sus aliados opositores del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) para abrir un proceso de destitución de la mandataria.
A partir de este momento, la presidenta Rousseff debe presentar su defensa en alguna de las próximas nueve sesiones para tratar el juicio político, proceso que fue abierto en 1992 al entonces presidente Fernando Collor de Mello, quien finalmente renunció al cargo.
El líder del gobierno en la Cámara de Diputados, José Guimaraes, del Partido de los Trabajadores (PT), estimó que es probable que la mandataria presente su defensa la próxima semana, de acuerdo con lo informado por Cunha.
Cunha pertenece al Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB) del vicepresidente Michel Temer pero desde inicios de 2015 lidera parte de la oposición al gobierno y está procesado por delitos de supuesta corrupción en el escándalo de sobornos de ex directivos de la empresa estatal Petrobras.
El jefe de diputados informó ayer al gobierno que se había establecido la comisión especial para el juicio político.
En tanto, en San Pablo un campamento de opositores que reclaman la renuncia de Rousseff fue retirado esta mañana con carros hidrantes y gas pimienta, aunque sin detenidos ni heridos, frente a la sede de la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp).
En las calles de las principales ciudades brasileñas comenzaron a reunirse poco antes del mediodía militantes del PT y movimientos sociales para manifestar "Contra el Golpe y a Favor de la Democracia" en defensa de la mandataria y del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nombrado jefe de la Casa Civil.
Sin embargo, hasta el mediodía de hoy una medida cautelar de Río de Janeiro impedía la asunción legal de Lula como ministro con fueros, cargo al que aceptó acceder para rescatar al gobierno de su fragilidad y cuando era investigado por el juez Sergio Moro, del escándalo Petrobras.
El Tribunal Regional Federal 1 de Brasilia eliminó la medida cautelar contra la asunción de Lula hecha por el juez Itagiba Catta Preta, abierto opositor al gobierno, pero aún existe una presentación judicial pendiente en Río de Janeiro.
Si logra convertirse en miembro del Poder Ejecutivo, Lula podrá ser investigado sólo por el Supremo Tribunal Federal (STF), con lo que el juez Moro no podría seguir adelante con su procesamiento.
En un intento por evitar esta circunstancia, el magistrado filtró en la liberación del secreto de sumario una escucha telefónica hecha al líder del PT con la jefa del Estado, lo cual llevó a una conmoción que puso en jaque al gobierno.
Para la presidenta, el caso fue "el inicio de un golpe" a raíz de que escuchar y divulgar a un jefe de Estado está a cargo de las cortes superiores y no de un magistrado de primera instancia.
La mandataria, según la agenda oficial, tenía previsto en la ciudad de Feira de Santana, en el estado de Bahía, noreste del país, encabezar la ceremonia de entrega de unidades habitacionales que forman parte de los planes sociales del gobierno.
Cronista
La Cámara de Diputados de Brasil dio un nuevo paso en el enjuiciamiento de la presidenta Dilma Rousseff y aprobó con 433 votos a favor la conformación de la Comisión de Juicio Político que llevará adelante el proceso de revisión de la continuidad de la primera mandataria y además el PMDB, su socio más importante, quiere dejar el Gobierno.
Según informa Época, la comisión estará compuesta por 65 integrantes, entre oficialistas y opositores, y analizará el pedido de impeachment que hicieron los abogados Hélio Bicudo, Miguel Reale Jr. y Janaína Paschoal.
Eduardo Cuhna, el presidente de la cámara y uno de los líderes del PMDB, -un partido de centro derecha aliado al gobierno-, anunció además que en la tarde de hoy se definirá también quién será el presidente de la Comisión que investigará a la Jefa de Estado.
El diputado comunicó también que estiman que todo el proceso estará culminado en 45 días, porque planean sesionar todos los días hábiles de la semana.
"Estamos viviendo un momento importante, de un proceso que fue judicializado y aunque no estemos de acuerdo (con las decisiones de la Corte Suprema sobre el juicio político), tenemos que respetarlas y cumplirlas", aseguró Cunha durante el plenario de diputados.
La salida del PMDB (Partido del Movimiento Democrático Brasilero) del Gobierno se dirimirá el próximo 29 de marzo en un congreso nacional partidario que convocó el Comité Ejecutivo que propuso “la interrupción de la alianza política administrativa con el Gobierno Federal”.
La Nación
El ex presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva hizo pública una carta abierta luego de que el juez federal Sergio Moro, que conduce las investigaciones por los sobornos del petrolão, difundiera escuchas telefónicas en las que la presidenta Dilma Rousseff le informa que le había enviado el documento con su designación como jefe de Gabinete, y que lo usara en "caso de necesidad".
"Los tristes y vergonzosos episodios de las últimas semanas no me harán descreer de la institución del Poder Judicial. Ni me harán perder la esperanza en el discernimiento, en el equilibrio y en el sentido de equilibrio de ministros y ministras de la Corte Suprema", escribió el ex mandatario, que pidió "justicia" para él "y para todos en la vigencia plena del estado de Derecho democrático".
En la carta, además, Lula da Silva aseguró que confía "en las instituciones democráticas, en la relación independiente y armónica entre los Poderes de la República, según lo establecido en la Constitución Federal y en los criterios de imparcialidad y equilibrio que orientan a los magistrados involucrados en esta noble misión".
Crítico con el hecho de las escuchas dijo: "No tuve acceso a grandes estudios formales, como saben los brasileños. No soy doctor, letrado, jurisconsulto. Pero sé, como todo ser humano, distinguir lo correcto de lo equivocado; lo justo de lo injusto".
Además, aseguró que durante su gobierno "tuvo oportunidad de demostrar aprecio y respeto por el Poder Judicial".
Lula da Silva enfrenta procesos en la Justicia por delitos de tráfico de influencia internacional, lavado de dinero, falsedad ideológica y corrupción. Ayer la Justicia suspendió de forma cautelar la designación de Lula como jefe de Gabinete del Gobierno de Rousseff, pero el Gobierno dijo que apelará.
