Transelec, el principal actor del negocio de transmisión eléctrica en el país, sacó ayer la voz para criticar públicamente el proyecto de ley que impulsa el gobierno, iniciativa que es seguida de cerca por la industria.
Ante la comisión de Energía y Minería del Senado, el gerente general de la compañía, Andrés Kuhlmann, dijo que varias de la normas que se contemplan, entre ellas el cambio en la tasa de rentabilidad y el alza en las multas, tendrían fuertes efectos en las empresas y en particular sobre la compañía que dirige, la que es controlada por un grupo de fondos de pensiones encabezado por el canadiense Brookfield Asset Management.
Respecto del primer punto, el ejecutivo precisó que al fijar una tasa de rentabilidad variable, de entre 7% y 10% después de impuestos, que reemplazaría al monto fijo actual de 10%, el impacto sobre la rentabilidad sería de unos
US$ 500 millones. Esto se explica porque habría menores retornos sobre los activos, al momento de realizarse la fijación de sus tarifas, lo que en términos simples equivale a reconocer menos ingresos en el largo plazo.
“Entendemos la necesidad de adecuación que se está haciendo, pero este es un cambio muy importante, al menos para la compañía que represento”, dijo.
El ejecutivo sostuvo que este cambio en el régimen de rentabilidad los afectaría más que a otros actores del sector, porque ellos ya recobraron sus inversiones y la nueva tasa de rentabilidad regirá recién una vez que el resto haya amortizado sus activos. De ahí que Kuhlmann planteó la necesidad de reponer en el proyecto, actualmente en segundo trámite constitucional, el carácter gradual en la aplicación de la nueva tasa variable. De lo contrario deberán realizar un reconocimiento contable por el efecto en la rentabilidad.
Aunque valoró en general el proyecto, pues permitirá un desarrollo más expedito de la transmisión, señaló que el monto de las multas por indisponibilidad o fallas ponen en riesgo la viabilidad de los operadores.
“El proyecto de ley tiene sanciones absolutamente desproporcionadas respecto de las mejores prácticas internacionales, y Chile es el único país del mundo que plantea compensaciones y multas sin límites”, dijo.
Según un estudio encargado por la firma, en el caso de una interrupción de suministro de 60 minutos por fuerza mayor, como un terremoto, la multa para ellos sería de hasta
US$ 116 millones. Aplicado a lo que sucedió el 27F, habría sido de US$ 90 millones. “Esto es más que la utilidad anual de la compañía que represento y no quiero imaginar lo que significaría para un nuevo actor. Es la quiebra”, dijo.
Además, Kuhlmann abogó por el fin a la restricción de integración en el negocio eléctrico (generación, transmisión y distribución), pues a su juicio actualmente no se justifica y al levantarla viabilizaría que grandes actores, como Brookfield Asset Management y CPP (ambos accionistas de la firma), pudieran incursionar en los dos segmentos donde no están.
“Queremos las mismas reglas para todos, sin discriminación, y con estricto apego a la Ley Antimonopolios”, dijo.
El proyecto de transmisión es clave para la agenda energética del gobierno y es prioridad para el ministro de Energía, Máximo Pacheco, pues una vez aprobado se podrá continuar con la mayor licitación de suministro para clientes regulados hecha hasta ahora. La Comisión de Energía y Minería del Senado aprobó ayer la idea de legislar esta iniciativa.
En una maratónica sesión, donde solo la mitad de los expositores que estaban inscritos lograron hacer ver sus puntos a los senadores, representantes de los entes coordinadores de las empresas eléctricas, los CDECs del SIC y SING, ambientalistas y expertos expusieron sus reparos al proyecto de ley del gobierno.
El abogado y ex integrante del Panel de Expertos, Alejandro Vergara, centró sus críticas en los efectos que tendrá en la institucionalidad del organismo encargado de resolver los conflictos en el sector eléctrico, señalando que las potestades que se le daba a la Comisión Nacional de Energía (CNE) y a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) dejaban la puerta abierta para que estos organismo en el futuro no acataran los fallos del Panel, que es el que dirime las diferencias en esta industria.
Sostuvo que dados los cambios que introducía en el funcionamiento de Panel de Expertos, la iniciativa debía contar con un informe de la Corte Suprema, pues era el máximo tribunal el que tenía la potestad para controlar las acciones del organismo, cuestión que no había sido considerada.
La directora ejecutiva de Chile Sustentable, Sara Larraín, señaló que si bien el proyecto avanzaba en algunos ámbitos relativos a la planificación de largo plazo de la transmisión, establecía mecanismos de evaluación para los proyectos donde el Estado tenía un rol relevante en el inicio, pero que luego se restaba de participar del negocio, favoreciendo a las empresas privadas.
Señaló que el establecimiento de los denominados "polos de desarrollo" de proyectos de generación y transmisión finalmente se transformaría en "zonas de sacrificio" y que también se instauraría un subsidio "encubierto" para que los principales tenedores de derechos de agua, entre ellos Endesa, Colbún y AES Gener, desarrollen proyectos hidroeléctricos.
El presidente del CDEC-SIC, Sergi Jordana, mostró su preocupación por la forma en que se designará en Comité de Nominaciones, que será el que a futuro designe los integrantes del coordinador eléctrico nacional, organismo que reemplazará a los actuales CDEC, y solicitó que estas nominaciones las realice exclusivamente el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
El gobierno tiene preparadas al menos 20 indicaciones al proyecto en las cuales pretende solucionar las diferencias con los principales actores, las que serían ingresadas al Senado durante abril.
