Mientras YPF define la estrategia que tomará frente a la resolución de la Justicia que le ordena revelar el contrato completo que firmó con Chevron por Vaca Muerta, la semana que viene el directorio de la reestatizada petrolera se reunirá para decidir una fecha clave.
Según pudo saber El Cronista, la cúpula fijará el día que convocará la Asamblea Ordinaria de Accionistas, en la que se ratificará la salida de Miguel Galuccio como CEO y presidente de la compañía; el desdoblamiento del cargo y el nombramiento de Miguel Ángel Gutiérrez, ex CEO de Telefónica y hombre del mundo financiero propuesto por el gobierno de Mauricio Macri como nuevo presidente.
En principio, la asamblea debía realizarse el próximo 30 de abril pero en el calendario, ese día cae sábado. Es probable que el directorio adelante la fecha. Entretanto, todavía se desconoce quién ocupará el sillón de gerente general que manejará el management de la empresa. El Ministerio de Energía, a cargo de Juan José Aranguren, informó que abrió un concurso internacional para cubrir ese puesto. Mientras tanto, los accionistas podrían nombrar un ejecutivo interino.
Varios nombres sonaron desde que se conoció el pedido de renuncia del ingeniero. Por un lado, el de dos hombres internos: el gerente financiero de YPF (CFO) y estrecho colaborador de Galuccio, Daniel González, y la figura de Carlos Alfonsi, a cargo de Refinación y Producción, quien conoce muy bien a Aranguren de las épocas en las que el ministro dirigía Shell. Como outsider de la empresa, en el sector trascendió fuerte el nombre de Javier Rielo, un contador que hoy reside en París con vasta experiencia en el sector hidrocarburífero y que desde 1998 y durante quince años pasó por varios cargos ejecutivos de la petrolera francesa Total, hasta que en 2007 se convirtió en director general en la filial local.
Más allá de las versiones, aún no hay certezas. En lo inmediato, la semana que viene YPF tiene que tomar dos decisiones cruciales. La fecha de salida de Galuccio, por un lado y por otro, tiene hasta las dos primeras horas del lunes para resolver si apela la medida de la jueza Cristina Carrión de Lorenzo que lo obliga a revelar todas las cláusulas que acordó con Chevron por la explotación conjunta de Vaca Muerta
Fernando Krakowiak
El 23 de febrero Página/12 reveló que Miguel Angel Gutiérrez, por entonces candidato principal a reemplazar a Miguel Galuccio como presidente de YPF, había sido demandado en la Bolsa de Comercio por el supuesto incumplimiento de obligaciones contractuales vinculadas con la compra que realizó en diciembre de 2013 de la empresa Percomin, propietaria de la cadena de electrodomésticos Las Malvinas, operación por la que le reclamaban 52,7 millones de pesos. Hasta entonces, Gutiérrez se había mostrado reacio a negociar, pero una vez que se confirmó que reemplazará a Galuccio se apresuró a desactivar ese conflicto y el viernes pasado las partes llegaron a un acuerdo extrajudicial.
Percomin es una empresa familiar fundada en 1957 por Mario Ferraro. Luego de su muerte en 2006, sus hijos Marcelo y Martín se hicieron cargo de la firma, la cual llegó a tener ocho sucursales en Capital y Gran Buenos Aires. En diciembre de 2013 le vendieron la empresa a Vocación Empresaria S.A., una compañía controlada por Ristur S.A., sociedad uruguaya que, según la denuncia, es propiedad de Gutiérrez y tiene como representante legal en la Argentina a Gonzalo Martín Gutiérrez, hijo de Miguel Angel Gutiérrez. A su vez, el actual director de YPF hizo figurar el 2 por ciento de la tenencia adquirida a nombre de otra sociedad de su propiedad llamada Villarmeriel. De este modo, el 98 por ciento del paquete accionario de Percomin quedó bajo la titularidad de Vocación Empresaria y el 2 por ciento restante en poder de Villarmeriel, ambas firmas vinculadas a Gutiérrez, quien tomó posesión de la empresa el 26 de diciembre de 2013.
La venta de Percomin fue pactada en 1.465.110 dólares, a pagar en cinco cuotas, venciendo la primera recién en diciembre de 2014. Además, se acordó el pago mensual de un canon de 1500 dólares durante dos años a los hermanos Ferraro, como compensación por el mantenimiento de garantías otorgadas por los mismos con su patrimonio personal, a favor de diversas entidades acreedoras de Percomin. Sin embargo, apenas se hizo cargo de la firma, Gutiérrez forzó una renegociación con el argumento de que había detectado una serie de pasivos ocultos. Luego de varios meses de conversaciones, el 3 de abril de 2014 pusieron fin momentáneamente a las diferencias. El saldo resultante de la cuenta de los pasivos se fijó en 53,6 millones de pesos y se compensó con la cesión de dos inmuebles. Además, como parte de esa negociación se acordó un precio complementario por la venta del paquete accionario de 30,5 millones de pesos a cancelar por Gutiérrez en cuotas mensuales durante 11 años, pero al poco tiempo los problemas resurgieron y recién el viernes pasado se llegó a un acuerdo que contempla un nuevo plan de pagos. En medio de este conflicto, Percomin se fue achicando. Gutiérrez paralizó la actividad de la fábrica en septiembre de 2015 y la cantidad de sucursales de la cadena Las Malvinas se redujo de 8 a 4, incluyendo la sede administrativa. A su vez, el personal cayó de 114 a 25 personas.
