Favorable para el proyecto de generación eléctrica Alto Maipo, fue la respuesta que envió la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SiSS) a Contraloría, luego que el ente fiscalizador le ordenara revisar el contrato que en 2011 firmaron AES Gener, titular de la iniciativa, y Aguas Andinas.
Dicho convenio, que viabiliza el proyecto hidroeléctrico, contempla la forma cómo las empresas aprovecharán sus derechos de aguas en el sector.
“En la respuesta enviada a la Contraloría se detallaron los distintos pronunciamientos que ha tenido la Superintendencia sobre esta materia”, respondió la SiSS, respecto del oficio enviado el pasado jueves 3 de marzo al órgano contralor .
A comienzos de febrero de este año, Contraloría ordenó a la SiSS pronunciarse acerca de dos puntos de dicho convenio, a petición del senador (PS) Alfonso de Urresti junto a otros parlamentarios.
El primero de estos puntos señalaba si el convenio entre las dos empresas representa una amenaza para la cantidad y calidad de agua que utiliza la sanitaria para abastecer al Gran Santiago, “o cualquier otra circunstancia que represente un riesgo para la continuidad y calidad”del servicio.
Al respecto, la superintendencia señaló que en la respuesta a Contraloría se informó que el decreto tarifario vigente para Aguas Andinas contempla un descuento asociado al convenio firmado en 2011, el que se materializará una vez que el proyecto de generación eléctrica inicie su operación.
Dicho decreto, establecido en 2014, señala que una vez que Alto Maipo comience sus operaciones, Aguas Andinas aplicará una rebaja de 1,3% en sus tarifas, hasta 2020, cuando se aplique una nueva fijación de precios. “El oficio ratifica dichos criterios, en cuanto que, de acuerdo a los antecedentes disponibles, este proyecto hidroeléctrico no afectará el abastecimiento de agua potable del Gran Santiago, cuya responsabilidad recae en la concesionaria Aguas Andinas”, sostuvo la Superintendencia.
El segundo punto cuestionado por Contraloría, organismo dirigido por Jorge Bermudez, tiene relación con que si el uso dado a las aguas, así como las obras de infraestructura que compromete Aguas Andinas en el convenio, se ajustan o no a su objetivo único como concesionaria de servicios sanitarios, “al que alude el inciso segundo del artículo 8 del decreto con fuerza de ley N° 382, considerando al efecto las circunstancias particulares del caso en examen”.
Al respecto, el ente regulador afirmó que, tras realizar un análisis legal, concluyó que el uso que se hace de los derechos de agua “se mantienen adscritos a la concesión sanitaria, sin consumirse ni alterar su naturaleza, por lo que no se altera el objeto único de la concesión”.
La Superintendencia agregó que “se mantendrá atenta al pronunciamiento de la Contraloría sobre el particular” y que atenderá “oportunamente” los requerimientos que reciba del órgano contralor.
Tras la respuesta de la SiSS, será la Contraloría la que deberá analizar el oficio, y emitir un dictamen al respecto.
También se despeja la duda de algunos actores del mercado, en relación a si se mantendría el mismo criterio frente al convenio firmado entre la sanitaria y el proyecto hidroeléctrico, luego de la salida de Magaly Espinoza, en octubre de 2015, del cargo.
El proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, que pertenece en 60% a AES Gener y en 40% a Antofagasta Minerals, se construye en el sector del Cajón del Maipo, en la Región Metropolitana, y considera una capacidad instalada de 531 MW.
Estimaciones del controlador señalan que, a la fecha, el proyecto presenta 27% de avance, y se espera que sus obras estén concluidas a fines de 2017 o a principios de 2018. En paralelo, sin embargo, aún enfrenta oposición de comunidades en tribunales.
