Lázaro Báez no le hubiera alcanzado una calculadora de bolsillo para poner el resultado de todas las obras públicas que adjudicó en Santa Cruz en los últimos años. Aquellas máquinas tenían nueve cifras, el total de las empresas llega a once.
El empresario, de estrecha vinculación con la familia Kirchner, tuvo adjudicaciones para hacer rutas sólo en territorio santacruceño hasta fines de 2015 por 16.386 millones de pesos, un número que toma dimensión al compararlo. Por caso, el año pasado el Poder Judicial tuvo una partida de 12.843 millones de pesos y la Presidencia, 3301 millones. Al Ministerio de Relaciones Exterior le asignaron un presupuesto de $ 5536 millones y al de Ciencia y Tecnología, $ 7916 millones. Báez significó en los últimos años mucho más que un ministerio.
Los datos surgen de una auditoría interna de Vialidad Nacional llamada "Informe y avance de gestión integral de obras en el 23er distrito Santa Cruz", que se terminó de hace un par de semanas y al que LA NACION tuvo acceso.
La preeminencia de la provincia de los Kirchner en la obra pública vial sobre la del total del país es abrumadora. En ese distrito se ejecutó el 11,2 por ciento del total de dinero que salió de Vialidad Nacional para construir o mantener rutas, porcentaje que lo coloca en el lugar número uno entre todas las provincias. La auditoría calculó todas las obras que, sin importar cuándo se adjudicaron, tuvieron algún certificado de pago desde enero de 2010. Buenos Aires, con 11%; Entre Ríos y Córdoba, con 7,9 y 6,3%, respectivamente, completan los cuatro primeros lugares. En el otro extremo, entre las que menos dinero de la Nación recibieron, están Catamarca y San Luis (1,5% cada una), Jujuy (1,3%) y en último lugar Tierra del Fuego y La Pampa (0,9% por provincia)
Pero no todo termina ahí. Santa Cruz tiene vigentes proyectos por 21.269 millones de pesos entre obras adjudicadas y un dinero que se les da a las provincias para mantener rutas nacionales que se denomina Transferencia de Funciones Operativas (TFO). De ese porcentaje, el 78,4% fueron contrataciones con el Grupo Austral. Dicho de otra manera, del total de lo que se adjudicó en Santa Cruz, principal destinataria del dinero de Vialidad Nacional en los últimos años, ocho de cada 10 pesos fueron primero al bolsillo de Lázaro Báez, para después seguir su destino final.
El Grupo Austral se adjudicó 55 obras sólo en Santa Cruz por 16.386 millones de pesos. Muy lejos del segundo, Petersen Thiele y Cruz, que se quedó con un total de nueve proyectos por 2114 millones de pesos.
El esquema mediante el que se contrataba fue otra de las sorpresas con las que se encontró la nueva administración. El primer paso fue un acuerdo que firmó Vialidad Nacional mediante el que delegaba en Vialidad Provincial la licitación de proyectos sobre rutas nacionales. La entidad nacional sólo financiaba, mientras que su colega provincial licitaba por cuenta y orden de aquélla. Los controles, las exigencias y la mirada cercana de la obra quedaba en manos de los colegas provinciales. Así funcionó un esquema que permitió a Lázaro Báez quedarse con el casi el 80% de la obra vial de la provincia. "A diciembre de 2015, el Grupo Austral tenía en ejecución 26 obras, de las cuales sólo tres no sufrieron modificaciones en sus plazos. Sin embargo, dos de éstas presentan avances que no se condicen con el tiempo restante de la obra", dice uno de los puntos de la auditoría. Además, de las 23 obras restantes ninguna cumplió con sus plazos iniciales. De acuerdo con el relevamiento oficial, en promedio, presentan una ampliación de plazos de 2,63 veces el tiempo original.
Pero el canal verde de Lázaro Báez no sólo termina ahí. En los pasillos de Vialidad Nacional todos sabían de la premura con la que se preparaban los pagos para el empresario patagónico. Muchas veces, los empleados de Austral firmaban todos los papeles de certificaciones de obra en Río Gallegos y volaban ellos mismos con el expediente a Buenos Aires para lograr las firmas para cobrar.
Este tipo de trapisondas tiene su correlato en algunas cifras. Según documentos oficiales, en 2012 el promedio de tiempo desde que las empresas presentaban su certificado de obra hasta que cobraban era de 210 días. En ese año, el pago que se hizo más rápido fue en 48 días. Este universo, claro está, excluye al Grupo Austral. Aquellos 210 días de espera en el caso de Báez era de 69 y el mínimo de tiempo fue de 14 días.
"Otro de los problemas es saber si las obras se hicieron. En los grandes proyectos no hay problema, pero hay cantidad de contrataciones para conservación o de colocación de ripio y es difícil saber qué se hizo y qué no", dijo una fuente oficial.
Ahora, el imperio vial de Lázaro Báez se ha derrumbado; las obras están paralizadas y más de 1500 empleados sin trabajo. Aquella trama que iniciaba en Vialidad Provincial, en la delegación Santa Cruz del ente nacional y continuaba en Buenos Aires con la anuencia y autorizaciones del ex director de Vialidad Nacional, Nelson Periotti; del secretario de Obras Públicas, José López, y del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, está desarticulada. Cerca de Javier Iguacel, el nuevo director de Vialidad, dicen que aportarán todos los elementos a la Justicia y que en caso de ser necesario el organismo se presentará como querellante. Por lo pronto, Lázaro Báez ya no tiene más obras en Santa Cruz.
