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"Es absolutamente legal. Lo que hemos hecho es tomar en los momentos que correspondían los planes de pagos a largo o a corto plazo que necesitábamos para obtener recursos financieros por quebrantos de la compañía o para alguna decisión de inversión que correspondiera a generar mayor valor en el grupo", así comenzó su defensa el socio de Cristóbal López en un autoreportaje en algunos de los diarios que compró el Grupo Indalo.
Fabián de Souza fue el primero en romper el silencio y eligió las páginas de los matutino, El Patagónico y Ámbito Financiero, que fue uno de los primeros medios que compró junto a Cristóbal López. Ambos empresarios están en el ojo de la tormenta luego de que ayer se conociera que tienen una deuda con la AFIP de $8000 millones. La insólita justificación de la abultada deuda: malas políticas del Gobierno que les permitió formar un imperio.
El socio de López dijo que la deuda con la AFIP está regularizada y que creció tanto en los últimos 4 años de kirchnerismo por decisiones políticas nacionales e internacionales: "Desde el punto de vista del estado de situación impositiva, al día de la fecha la deuda está totalmente regularizada. Pagamos la cuota de los planes de regularización en tiempo y forma. Lo que hemos hecho no es diferente a lo que hacen muchos empresarios argentinos: estructuramos financiamiento para enfrentar situaciones difíciles como pudo haber sido en el mundo de la refinación de petróleo y gas en la Argentina lo ocurrido con la devaluación de enero de 2014, en donde los precios en dólares subieron y el combustible pudo bajar el precio en 6 meses; o la crisis del 2013 cuando comenzó a descender el crecimiento del precio interno del petróleo en los 45 dólares que se había fijado en 2008 a 2009 hasta cerca de los 75 dólares por resoluciones de Guillermo Moreno, así como fue el control del precio del petróleo".
Remarcó que el Grupo Indalo fue investigado y sobreseído por esta operatoria. "En el año 2013 un artículo periodístico hizo referencia a esta situación involucrándonos a nosotros en una acusación similar de evasión y fraude. Esto generó una denuncia penal, el juez Sebastián Ramos y el fiscal investigaron durante un año y finalmente se dictó el sobreseimiento y la definición de que no había existido delito".
Al ser consultado por qué decidieron continuar con esa mecánica, justificó: "No se trató de continuar. Como acabo de explicar, hemos utilizado esa mecánica sólo en las circunstancias que provocaron fuertes desfasajes del negocio. Hoy tenemos 120 millones de dólares, dos mil millones de pesos. Esa circunstancia pasó por la devaluación, de 4 a 16, más la pérdida del desabastecimiento del mercado interno del petróleo, por lo cual hay que suplir el desabastecimiento con compras que pasan de tener stock de 30-45 días a 60 días, lo que cambió el capital de trabajo para el desarrollo. Muchas veces el financiamiento se utilizó para equilibrar el plan de trabajo de la compañía".
EL ESCÁNDALO DE LOS $8000 MILLONES
Ayer se conoció que, durante sus últimos cuatro años en el poder, el kirchnerismo permitió que Cristóbal López y De Souza acumularan una deuda por más de 8 mil millones con la Administración General de Ingresos Públicos (AFIP).
La falta de pago funcionó a través de la red de estaciones de servicios de López de la firma OIL Combustibles. Por ley, por cada peso que se recauda por la venta de combustibles, el 26% corresponde al Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) que las compañías deben girar a la AFIP. Esos giros no se realizaron.
Con ese dinero que retuvo, el empresario expandió su conglomerado de empresas.López comenzó a fondear otras firmas de su grupo, entre las que se destaca Inversora M&S SA, que recibió $ 3300 millones. Esa firma compró activos o financió sus operaciones. De allí surge la adquisición de medios de comunicación, el banco Finansur y fábricas como Paraná Metal, o la supervivencia durante años de compañías que no eran redituables.
Clarín
Odia que lo llamen "empresario K", pero los vínculos comerciales que Cristóbal López tejió con Néstor y Cristina Kirchner durante las presidencias de ambos fueron amplios: hoteles, alquiler de inmuebles, firmas ganaderas, alquiler de camiones y personal compartido, son los más visibles. En medio del escándalo de la deuda con la AFIP por $ 8.000 millones que reveló La Nación, López y sus relaciones con los Kirchner volvieron a quedar bajo la lupa.
Cristóbal López y Cristina Kirchner comparten la fascinación por el paisaje de El Calafate. La ex Presidenta descansa estos meses en la villa turística y supervisa de cerca tres de sus hoteles. El más polémico es el Alto Calafate, inmueble que le pertenece a la firma Hotesur, investigada por lavado de dinero. La presidenta de Hotesur es Romina Mercado, sobrina de Cristina -es hija de Alicia Kirchner- y también empleada de López en Inversora M&S S.A. pero conjuntamente hubo varias facturaciones cruzadas.
En septiembre de 2013 con Idea SA, firma de Osvaldo Sanfelice y responsable de administrar tres hoteles de Cristina: Las Dunas, La Aldea de El Chaltén, y Alto Calafate, se facturó a través de este último, a Casinos Club SA $ 138.412 en concepto de anticipo, con fecha del 6 de septiembre de 2013.
Con 1.424 kilómetros de distancia, Cristina y López compartieron personal. El hotel El Retorno, ubicado en Bariloche y propiedad del empresario K, cerró para iniciar un plan de refacción y hasta ese momento, fue administrado por IDEA SA, del socio de Máximo Kirchner. El año pasado en plena temporada turística, el personal de la Hostería se trasladó a la villa turística, y prestó servicios en el Alto Calafate.
Los negocios millonarios continuaron. Entre 2008 y 2010, según consta en la causa Hotesur, Los Sauces amplió sus inversiones y compró un terreno en El Chaltén y dos departamentos en el complejo Madero Center, de Puerto Madero, donde hubo rentas cruzadas con firmas de López después. En aquel entonces, según la documentación que analiza la Justicia, los Kirchner pagaron más de dos millones de dólares por esas operaciones.
Fue justamente, por intermedio del hotel Boutique de Cristina, que esos inmuebles (un departamento, una oficina y cinco cocheras) se alquilaron, según mostró La Nación, por $ 2,8 millones a dos empresas de Cristóbal: Alcalis de la Patagonia (donde figura como empleado Sanfelice) e Inversora M&S (donde trabaja Romina Mercado). A esta última le facturaba $ 220.825 por mes.
Además, en el edificio de Uruguay y Juncal, donde la ex Presidenta tiene uno de sus departamentos, gran parte de los mismos, están a nombre de Carlos de Sousa, hermano de Fabián, ex mano derecha de López.
Desde el entorno de máxima confianza de Cristina Kirchner, los vínculos comerciales continuaron su expansión. El “Bochi” Sanfelice tiene diversos negocios y facturaciones con López, sobre todo vinculado al rubro inmobiliario. Por comisiones e intermediaciones en la compra de departamentos y estancias, la inmobiliaria de Máximo facturó, en un año, más de $ 3 millones a diferentes empresas del Cristóbal: Paqariy, Ganadera Santa Elena, Oil M&S, CPC S.A.
La Inmobiliaria del hijo de la ex Presidenta, también le cobró un alquiler de un departamento en la Avenida Rivadavia al 1.700 por $ 16.879 a la constructora de López.
En otro rubro, la empresa Agosto S.A de Sanfelice y con domicilio fiscal en Avenida Kirchner 496, donde se encuentra la inmobiliaria, le cobró a Alcalis de la Patagonia por el alquiler de maquinaria $ 196.594 por mes. En cambio a la petrolera Oil, involucrada en el fraude millonario a la AFIP, el socio de Máximo le cobró $ 643.115 por el alquiler de seis camiones volcadores.
Y casi como un símbolo de esta trama de millonarios negocios entre los Kirchner y López, Casino Club se expandió sin dificultad desde 2003 en Santa Cruz: todas las salas de juego y casino le pertenecen a la firma que factura más de $ 5.000 millones anuales en todo el país.
