La Presidenta Michelle Bachelet dejó la puerta abierta a eventuales modificaciones a la Ley de Royalty minero, luego de que parlamentarios -del PS y PC- se manifestaran de acuerdo con efectuar cambios después de que se conocieran correos electrónicos entre el ex senador Pablo Longueira y el ex gerente general de SQM Patricio Contesse, previo a la aprobación de este impuesto.
“Lo que el Parlamento y el Estado de Chile pueden hacer es mirar y decir ‘esta ley, primero que nada, tenía un cierto objetivo. ¿Está funcionando o no? Y si está funcionando, ¿está funcionando a beneficio de quién? ¿Está funcionando a beneficio de todos o está funcionando a beneficio de unos pocos? Uno siempre puede revisar y cambiar una ley. Eso es lo que corresponde”, afirmó la Mandataria, en una entrevista con el canal Antofagasta TV, durante una visita a la Segunda Región.
La sola posibilidad de modificar esta ley, impulsada por el gobierno de Sebastián Piñera, para financiar los daños provocados por el terremoto del 27 de febrero de 2010, volvió a encender las alertas en el empresariado.
Tras encabezar el primer comité ejecutivo de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) después del receso de febrero, su presidente, Alberto Salas, advirtió que cuando una ley se modifica genera mayor incertidumbre. “Eventuales modificaciones que ya se hicieron y que, al hacerlas, incluso se ofreció invariabilidad tributaria para que (las empresas) tuvieran la seguridad de que no venían otras reformas, o si venían no les afectaba, obviamente genera incertidumbre”, subrayó.
Salas destacó que la minería paga los mismos tributos que todas las empresas de Chile, pero adicionalmente, cancela un impuesto específico y más gravámenes que el resto de las actividades económicas.
Agregó que es habitual que los parlamentarios inviten a los gremios a dar su opinión sobre proyectos de ley que los involucren. “Lo único que hacemos es entregar nuestra visión, experiencia y conocimiento”, declaró, y expresó que siempre se tiene que pensar en el principio de buena fe y que se quiere colaborar para que se hagan mejor las cosas.
LA TERCERA
La revelación de los correos electrónicos entre el ex senador UDI, Pablo Longueira, y el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse en 2010, mientras se definía el proyecto de royalty minero, ha propiciado el surgimiento de algunas voces que solicitan una modificación a esta ley.
Sin embargo, esta idea inquieta en el sector minero nacional. Así lo dejó en claro el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Alberto Salas, quien señaló que el solo anuncio de una modificación legal “sin tener conocimiento del sentido y alcance de ésta, genera incertidumbre y, por cierto, le resta seriedad al país”.
El líder del gremio minero, agregó que ésta es una actividad “que se desarrolla en el largo plazo, para lo cual requieren normas estables en el tiempo”.
Salas , quien también lidera la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), agregó que una de las características que convirtió a Chile en un atractivo para la inversión de capitales en la minería es que “hemos sido un país confiable y esa condición se ha reflejado en el flujo permanente de inversiones que han concurrido a Chile, en representación de los más importantes consorcios mineros del orbe que han establecido en nuestro país su base de operaciones para América Latina”.
Como consecuencia de lo anterior, Salas reiteró que una eventual modificación del impuesto específico a la minería generaría “incertidumbre” entre los inversionistas que eligen al país para el desarrollo de proyectos en el rubro.
Una vez que se conoció el supuesto vínculo entre Longueira y el ex funcionario de la minera no metálica, un grupo de parlamentarios oficialistas de la bancada PS, liderados por el diputado Marcelo Schilling y apoyados por parlamentarios, como Pepe Auth (PPD) y Marcos Espinoza(PR), presentaron una moción tendiente a derogar el artículo cuatro de dicho cuerpo legal, que extendía la invariabilidad tributaria a mineras nacionales que se acogieran al alza del royalty.
De acuerdo a Ciper, el artículo cuarto de la ley de royalty habría beneficiado directamente a SQM. Pero fue la propia minera no metálica la que la semana pasada señaló que no obtuvo beneficios tras los cambios en la legislación, y que incluso pagó US$ 75 millones en los tres primeros años de la aplicación del nuevo impuesto, versus los US$ 29 millones pagados en los tres años anteriores.
Esta semana sería clave para los parlamentarios que impulsan esta moción de nulidad, en materia de buscar nuevos apoyos que les permitieran darle mayor respaldo a la iniciativa.En paralelo, los diputados PC Daniel Núñez y Hugo Gutiérrez presentaron un proyecto similar, pero que no busca derogar el artículo, sino que anularlo.
El viernes pasado la Presidenta Michelle Bachelet, si bien echó por tierra estas propuestas al señalar en Radio Canal 95 de Antofagasta, que “en Chile no hay norma institucional para anular una ley por la sospecha de algo”, también agregó que “uno siempre puede revisar o cambiar una ley”.
No es la primera vez que los parlamentarios proponen la eliminación o nulidad de una ley. A comienzos de enero diputados de las bancadas del Partido Comunista (PC) y de la Izquierda Cristiana (IC), ingresaron una modificación para anular la vigente Ley de Pesca, luego que estallara el caso Corpesca, y se establecieran eventuales vínculos entre ejecutivos de la firma y el senador UDI Jaime Orpis.
Posteriormente, y en una polémica sesión, la mesa de la Cámara decidió declarar admisible la moción, frente a las críticas de diversos sectores del Parlamento. Tras esto, el gobierno dijo que sería “inconstitucional”, e incluso el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, no descartó acudir al Tribunal Constitucional en caso que la iniciativa prosperara en el Parlamento.
Un plazo de diez días fijó el fiscal a cargo del caso SQM, Pablo Gómez, para que funcionarios del Congreso Nacional respondan un oficio por la causa que indaga al ex senador UDI Pablo Longueira.
El persecutor solicitó antecedentes respecto a la tramitación del royalty minero en 2010. Entre los documentos requeridos, se pidió información contenida en los diarios de sesiones celebradas en el Senado, así como además los antecedentes incluidos en el boletín 7170-05 que registra los pasos de la ley en el Congreso.
La información requerida apunta a conocer las modificaciones que sufrió el proyecto de ley desde que ingresó el 1 septiembre de 2010 -a la Cámara de Diputados- hasta que fue aprobada en octubre del mismo año en el Senado con el objetivo de recaudar fondos para la reconstrucción por el terremoto de febrero de ese año.
La diligencia -que posee el carácter de reservada- busca también reunir otros antecedentes, como por ejemplo las intervenciones del ex senador UDI y sus compañeros de hemiciclo.
El ex ministro del gobierno de Sebastián Piñera está siendo investigado por una arista distinta al resto de los imputados en SQM. El Ministerio Público persigue el posible delito de cohecho en una causa separada, luego de que fuera revelada una serie de correos intercambiados desde su casilla hotmail, con el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, hoy formalizado por una serie de delitos tributarios.
En estos mensajes se constata que una sugerencia del ejecutivo de la empresa de Julio Ponce -que planteaba invariabilidad tributaria para las mineras chilenas hasta 2015-, quedó consagrada casi de manera idéntica en la ley.
El viernes, The Clinic reveló otro correo enviado por Longueira al entonces ministro Secretario General de la Presidencia en 2010, Cristián Larroulet, en el que le hizo llegar -sin compartir el correo original ni aludir a Soquimich- la sugerencia que Contesse le había hecho días atrás al ex senador. Larroulet, por su parte, reenvió dicho texto al entonces ministro de Minería, Laurence Golborne.
Conocedores de las indagatorias no descartan que la fiscalía solicite las versiones de los ex ministros mencionados en los mails. Las mismas fuentes, sin embargo, aseguran que, de ser citados, serían requeridos en calidad de testigos.
A su vez, en la causa SQM, Longueira fue citado por el Ministerio Público para conocer su versión respecto de algunas personas que emitieron boletas a la minera no metálica que están ligadas a su ex jefa de gabinete, Carmen Luz Valdivielso.
Según un informe pedido por la propia minera a la firma de abogados estadounidense Shearman & Sterling, más de $ 730 millones habría pagado SQM a personas vinculadas al ex ministro. Estos servicios aún no están acreditados y sus boletas fueron rectificadas por la minera ante el Servicio de Impuestos Internos.
En tanto Longueira, compareció en enero ante la fiscalía, pero optó por hacer uso de su derecho a mantenerse en silencio.
Según se explica, fue requerido no solo por SQM, sino que además por Penta. Esto porque el ex ministro aparece mencionado en esa causa por una supuesta donación del holding de cerca de $100 millones. Según consta en la declaración del ex gerente de Penta Hugo Bravo, a Longueira se le hizo llegar ese monto en dinero en efectivo.
