Jueza dio 5 días a YPF para divulgar contrato completo
con Chevron
Ambito
La renunciante jueza María Cristina Carrión de Lorenzo otorgó este lunes un ultimátum de cinco días a YPF para que entregue y divulgue públicamente el contrato completo celebrado con la empresa Chevron para explotar el yacimiento de Vaca Muerta.
La magistrada, que ya presentó su renuncia a su cargo a partir del 1 de mayo próximo, resolvió ejecutar la sentencia completa que había dado la Corte Suprema de Justicia para que la opinión pública conozca las supuestas cláusulas secretas del acuerdo petrolero.
En noviembre de 2015 un fallo de la Corte Suprema dio lugar a la acción iniciada por el diputado socialistaRubén Giustiniani, que exigía una copia del documento basándose en la Ley de Acceso a la Información.
Desde entonces se desataron idas y vueltas en los tribunales, pero YPF entregó a tiempo un duplicado del documento al juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 7 aunque con algunas de sus cláusulas tachadas.
La petrolera adjuntó un pedido adicional de conservar bajo confidencialidad esos puntos considerados como "información estratégica" para la empresa; solicitud que fue rechazada por la demanda.
La decisión judicial de Carrión de Lorenzo causó sorpresa en los tribunales debido a que ella cuenta con una copia completa del contrato en cuestión, que le fue entregada el pasado 23 de febrero por la petrolera estatal. Pero desde el juzgado explicaron que no se puede entregar allí una copia del entendimiento con Chevron debido a que las cláusulas están tachadas, por lo que es la compañía argentina la que debe darle una copia a Giustiniani.
La jefa de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, defendió la decisión de YPF de no revelar el contrato al entender que existen una normativa internacional que rige al sector petrolero y condiciona el acceso a las cláusulas secretas por cuestiones comerciales.
Alonso cambió así de parecer tras haber cuestionado duramente como diputada al gobierno anterior por lo que ahora decidió respaldar.
La funcionaria admitió que cuando era diputada en 2013, 2014 y 2015, y fustigaba el entendimiento entre las petroleras, no sabía del tema ni tenía la información suficiente para tomar una posición crítica, por lo que -admitió- carecía de fundamentos válidos.
Carrión de Lorenzo ya presentó su renuncia y el gobierno de Mauricio Macri le aceptó la dimisión con el decreto 430/2016 publicado en el Boletín Oficial.
PUBLICADO AYER
La jueza ordenó que YPF entregue el contrato completo
con Chevron
Infobae
La jueza en lo Contencioso Administrativo Federal, María Cristina Carrión de Lorenzo, ordenó que en cinco días se haga público el contrato completo entre YPF y la petrolera estadounidense Chevron, según confirmó a Infobae el ex senador nacional socialista Rubén Giustiniani, quien había presentado un amparo para conocer el contenido del controversial acuerdo de inversiones.
Los abogados de Giustiniani se notiificaron hoy en el tribunal, por lo que se espera ahora cuál será el temperamento que tomará la empresa estatizada en la controversia judicial. La Corte Suprema había ordenado en diciembre pasado que se difundiera el contrato, pero la petrolera que conduce Miguel Galuccio impidió que tomara se difundiera completo el documento.
La magistrada ordenó que se ejecute el fallo del máximo tribunal que se había basado en el derecho de acceso a la información pública.
"Este derecho corresponde a cualquier persona para ejercer el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y -considerar si se está dando un adecuado cumplimiento a las funciones públicas. La información no pertenece al Estado sino que es del pueblo de la Nación Argentina", habían dicho los jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda.
Carrión de Lorenzo, quien se jubilará el próximo 1 de mayo, ordenó que se presente el contrato completo luego que en febrero pasado –cumpliendo el fallo de la Corte – YPF entregó una copia del acuerdo pero con tachuras en las clausulas confidenciales.
La petrolera estatal sostiene que hay información sensible que no puede darse a conocer porque violaría secretos comerciales que acordó mantener en reserva con Chevron cuando suscribió el contrato para la explotación de Vaca Muerta.
Esa postura fue iniciada durante el gobierno de Cristina Kirchner y sostenida ahora por la administración de Mauricio Macri.
La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, avaló la semana pasada que no se den a conocer las clausulas confidenciales del acuerdo.
"Es importante tener conciencia de qué compañía es YPF. Los contratos de petroleras tienen cláusulas de confidencialidad y estas excepciones están previstas en la legislación nacional e internacional. Hay secretos de tipo comercial, científico y tecnológico que deben ser resguardados para el desarrollo de este tipo de industria", dijo Alonso, quien había sido una dura opositora a la postura del anterior gobierno de no dar a conocer el contrato.
En 5 días YPF tendrá que revelar todas las cláusulas
secretas con Chevron
Río Negro
La jueza Cristina Carrión de Lorenzo ordenó ejecutar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que obliga al Gobierno a revelar la totalidad del acuerdo de la petrolera YPF con Chevron por el yacimiento de Vaca Muerta.
Así lo confirmó el senador socialista Rubén Giustiniani, que indicó que la magistrada dio un plazo de cinco días para cumplir con su fallo.
Carrión de Lorenzo está a punto de cesar en sus funciones pues presentó su renuncia para acogerse a los beneficios jubilatorios, pero aún mantiene en su juzgado el cumplimiento del fallo de la Corte de noviembre del año pasado.
Giustiniani insistió en varias oportunidades, incluso ante la propia Corte, en que pese a la orden de dar a conocer los términos del acuerdo (incluidas supuestas cláusulas secretas), aún no había podido acceder a la documentación.
La Corte le explicó que el expediente había pasado a la primera instancia, y que la jueza Carrión de Lorenzo era la encargada de darle cumplimiento, lo que en los hechos significó una demora de más de tres meses.
En el ínterin, cambió el gobierno, y la ex diputada del PRO Laura Alonso –hoy titular de la Oficina Anticorrupción- anunció un cambio de postura, pues consideró que los términos del acuerdo entre YPF y Chevrón debían permanecer en secreto.
Carrión de Lorenzo zanjó hoy la cuestión, y le ordenó al gobierno que dé a conocer a Giustiniani, en el término de cinco días, la totalidad de la letra del acuerdo.
YPF presentó una copia del acuerdo ante el juzgado, pero allí estaban cercenados párrafos enteros pese al fallo de la Corte que obligaba a la difusión completa.
Ante ese escenario, la jueza dispuso el emplazamiento dado a conocer hoy.
La historia del acuerdo secreto
En noviembre último un fallo de la Corte Suprema dio lugar a la acción iniciada por el diputado socialista Rubén Giustiniani, que exigía una copia del documento basándose en la Ley de Acceso a la Información. Desde ese entonces se desataron idas y venidas. YPF entregó a tiempo un duplicado del documento al Juzgado Contencioso Administrativo Federal Número 7 pero con algunas de sus cláusulas tachadas y adjuntando un pedido adicional de conservar bajo confidencialidad esos puntos considerados como "información estratégica" para la empresa; solicitud que fue rechazada por la demanda.
Ahora, la jueza a cargo de la causa, Cristina Carrión de Lorenzo (quien el mes pasado presentó su renuncia y dejará su cargo en mayo), le dio cinco días a YPF para que revele en forma completa el contrato. En diálogo con El Cronista, Giustiniani señaló que "la resolución ya estaba el viernes" pero que "los abogados no pudieron acceder al expediente por lo que mañana por hoy a primera hora debería ser publicado". Durante las últimas semanas, el legislador por Santa Fe denunció una intencionalidad de la petrolera y de la Justicia de dilatar la ejecución de un fallo que, a su juicio, es "contundente" y alertó que si no se le entrega todo el contrato "harán lo que corresponda ante un incumplimiento".
El punto de conflicto revela una cuestión de interpretaciones. En YPF entienden que la ley de acceso a la información pública, en la que se amparó la demanda y que suscribió la Corte, contempla algunas excepciones para cuestiones técnicas, y que incluyen secretos comerciales y financieros. No obstante, información como la ruta del dinero de Chevron (condiciones de desembolso o las cuentas a las que fueron dirigidas los fondos) o como las garantías que le fueron otorgadas al gigante extranjero se prestan a la polémica. Por un lado, la empresa que hasta abril conducirá Miguel Galuccio considera que esos datos deben permanecer en secreto porque su publicación podría perjudicar la competitividad de la firma al negociar futuros contratos. En el otro extremo, son varios los legisladores y políticos que reclaman la divulgación porque sospechan de la legalidad con las que se estructuró la operación.
La Justicia define hoy si entrega el contrato completo de
YPF-Chevron por Vaca Muerta
Cronista
Hoy se conocerá si la Justicia entrega el contrato completo firmado entre la estatal YPF y la estadounidense Chevron hace casi tres años para la explotación conjunta en Loma Campana, un área del yacimiento neuquino Vaca Muerta. En noviembre último un fallo de la Corte Suprema dio lugar a la acción iniciada por el diputado socialista Rubén Giustiniani, que exigía una copia del documento basándose en la Ley de Acceso a la Información. Desde ese entonces se desataron idas y venidas.
YPF entregó a tiempo un duplicado del documento al Juzgado Contencioso Administrativo Federal Número 7 pero con algunas de sus cláusulas tachadas y adjuntando un pedido adicional de conservar bajo confidencialidad esos puntos considerados como "información estratégica" para la empresa; solicitud que fue rechazada por la demanda.
Ahora, la jueza a cargo de la causa, Cristina Carrión de Lorenzo (quien el mes pasado presentó su renuncia y dejará su cargo en mayo), tiene hasta las 9:30 de hoy para resolver si revela una copia total o parcial del acuerdo. En diálogo con El Cronista, Giustiniani señaló que "la resolución ya estaba el viernes" pero que "los abogados no pudieron acceder al expediente por lo que mañana por hoy a primera hora debería ser publicado". Durante las últimas semanas, el legislador por Santa Fe denunció una intencionalidad de la petrolera y de la Justicia de dilatar la ejecución de un fallo que, a su juicio, es "contundente" y alertó que si no se le entrega todo el contrato "harán lo que corresponda ante un incumplimiento".
El punto de conflicto revela una cuestión de interpretaciones. En YPF entienden que la ley de acceso a la información pública, en la que se amparó la demanda y que suscribió la Corte, contempla algunas excepciones para cuestiones técnicas, y que incluyen secretos comerciales y financieros. No obstante, información como la ruta del dinero de Chevron (condiciones de desembolso o las cuentas a las que fueron dirigidas los fondos) o como las garantías que le fueron otorgadas al gigante extranjero se prestan a la polémica. Por un lado, la empresa que hasta abril conducirá Miguel Galuccio considera que esos datos deben permanecer en secreto porque su publicación podría perjudicar la competitividad de la firma al negociar futuros contratos.
En el otro extremo, son varios los legisladores y políticos que reclaman la divulgación porque sospechan de la legalidad con las que se estructuró la operación.
Por su parte, la Oficina de Anticorrupción (OA) emitió la semana pasada una nota de carácter administrativo en la que expone que ciertos puntos del contrato deben mantenerse en reserva y asentó así un respaldo del gobierno de Mauricio Macri al argumento de YPF. Hace menos de un mes, la titular del organismo, Laura Alonso, había considerado que el acuerdo debía ser publicado en su totalidad. Alonso justificó a este diario el cambio de su postura argumentando que antes no tenía toda la información.
Si bien la opinión oficial no es vinculante y la última palabra la tiene Carrión de Lorenzo, del lado de la demanda crecen los resquemores. Un dato no menor es que la magistrada es la jueza de primera instancia, quien falló a favor de YPF en su momento (luego ratificado en segunda instancia por la Cámara).
