Lo sintieron como un plantón. El jueves pasado, los vecinos de Concepción se quedaron esperando a los profesionales de la facultad de Bioquímica de la UNT. La cita estaba concertaba con tiempo. Iban a leer los resultados de las muestras de agua que levantaron el 3 de diciembre. Después de 90 días, por fin se iba a develar el misterio: ¿Cuál es la calidad de agua que toman los concepcionenses? ¿La actividad de Minera Bajo la Alumbrera está contaminando el agua?
“Hubo un problema con el auto que debíamos enviar a buscar a los profesionales y se demoró 40 minutos más de la hora estipulada”, explicó Ramón Arias, representante de esta asamblea de vecinos integrada por distintas organizaciones sociales de esa ciudad. Esa fue, según Arias, la razón que esgrimieron los profesionales de la UNT para no asistir.
Del otro lado, explicaron que en realidad hubo una confusión con el día y que eso generó la demora. “Nosotros estuvimos esperando, pero el auto no llegó a buscarnos porque estaba había estado pedido para el día anterior (miércoles). Cuando nos avisan que se iba a demorar 40 minutos más, la verdad es que teníamos compromisos y no podíamos ir hasta Concepción”, explicó María Elena Fuentes, bioquímica de la Cátedra de Salud Pública, quien ese día estaba acompañada por Fernando Sáenz, asesor de la decana,Silvia González.
En esa misma reunión se leyeron los resultados de los análisis realizados por la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia. “La Secretaría, representada por María del Carmen González Reguera y por Mario Costa, pidió disculpas por la demora en la entrega de los resultados, y aludió a una deuda de $ 3 millones con la Estación Experimental Obispo Colombres (Eeaoc). Según ellos, esto motivó la demora”, dijoRodolfo Tarraubella, presidente de la Fundación EcoConciencia. Esta fundación, con sede en Buenos Aires, fue la que acompañó a los vecinos en su inquietud por conocer la calidad de agua que toman.
La Eeaoc cuenta con el Espectrómetro de masas, que permite la medición de moléculas. Con esto se puede detectar la presencia de metales pesados. La Minera también posee esta tecnología y en diciembre tomó las mismas muestras y los resultados dieron, según la empresa, negativo.
Según Arias, los resultados de los análisis de Medio Ambiente arrojaron que en el agua no había presencia de metales pesados (producto de la actividad minera). Este punto es el que más preocupaba a los vecinos. “En términos generales, el agua que tomamos sería de mediana a buena”, dijo.
En cuanto al estudio de la UNT, Fuentes reconoció que los resultados de las muestras, que se tomaron el 3 de diciembre, estuvieron a fines de ese mes. “No hicimos análisis bacteriológico; no teníamos medios para hacer análisis de metales pesados”, precisó.
Los vecinos quieren que quede asentada la calidad del agua hoy para que si en un futuro sigue avanzando la actividad minera en Catamarca, entonces, tengan elementos para defenderse.
La Gaceta
La Asociación Civil PRO ECO Grupo Ecologista insiste en que la empresa Minera Alumbrera contamina, luego de que se conociera el llamado a indagatoria a tres directivos de la empresa. La causa está en el Juzgado Federal N°2 a cargo de Fernando Poviña y se acusa a la minera por contaminación en el dique el Frontal en Las Termas de Río Hondo, el canal DP2 y en la zona de Concepción. PRO ECO es querellante en la causa.
“La acusación seguida contra los directivos de esa empresa se fundamenta en informes periciales realizados por peritos oficiales designados por el juez interviniente, los cuales se encuentran agregados al expediente, y son objetivos y contundentes”, precisó la organización ecologista.
Luego, enumeró algunos de los puntos del expediente:
- El llamado a indagatoria no se fundamenta en meras afirmaciones de parte, como lo hace en su defensa la empresa minera, que se ampara en firmas de especialistas que, al ser empleados de la empresa, carecen de objetividad e imparcialidad. O, como en el caso de la UNT, que se encuentra en vinculación directa con la empresa por medio de YMAD. Es decir que se podría considerar parte interesada, por lo tanto sus aportes técnicos tampoco pueden ser considerados a los fines probatorios.
- También carecen de validez las afirmaciones e informes en donde manifiesta su cumplimiento con la normativa local, la Resolución 030 SEMA, puesto que la misma es inconstitucional porque viola la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos. Justamente, lo que se investiga es la contaminación del canal DP2, donde la minera vuelca efluentes con metales pesados provenientes de su planta de secado y de filtros en Cruz del Norte.
- Entre las pruebas agregadas en la causa, se pueden enunciar el informe emitido por el cuerpo médico forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que manifestó: “La ley 24.051 (Residuos Peligrosos) tiene el fin de evitar la contaminación del ambiente y que no se afecte la salud de las personas”. O el informe emitido por el Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires, que señaló: “Las consecuencias ambientales negativas de la actividad industrial de las empresas del caso son marcadas y denotan una gran negligencia en el tratamiento de los efluentes”.
- También hay material fotográfico y audiovisual agregado al expediente donde se puede observar el punto donde la empresa minera realiza el volcado de sus afluentes sobre el canal DP2, material en el cual se puede observar que existe un ecosistema, personas, incluso niños que se sumergen en esas aguas y extraen peces para consumirlos.
- También figuran informes y mapas que dan cuenta de la desembocadura de dicho canal en el dique de Termas de Río Hondo, con la consiguiente contaminación de aguas interjurisdiccionales.
- Todo ese material probatorio está acopiado en un expediente de mas de 13 cuerpos, que lleva alrededor de quince años de investigación.
“Confiamos en que de una vez por todas se haga justicia ambiental, en resguardo de los derechos de la naturaleza y las personas, y que la Justicia Federal procese y condene a todos los responsables de la contaminación ambiental con residuos peligrosos en Tucumán y en las aguas interjurisdiccionales de la Cuenca Salí-Dulce”, sostuvo el grupo ecologista en su descargo.
