La Nación
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) buscará embargar activos del empresario Cristóbal López para evitar que pueda declararse insolvente y dejar impaga la deuda fiscal por $ 8000 millones que acumuló durante los últimos años del kirchnerismo.
El presidente Mauricio Macri anunció esa decisión al afirmar que el reemplazante de Ricardo Echegaray al frente de la AFIP, Alberto Abad, está "buscando trabar embargos sobre todo lo que se pueda para quese paguen los 8000 millones", según precisó durante una entrevista que concedió al programa La cornisa, de Luis Majul.
"Este tipo de abusos no van a suceder más, es lo que no vamos a tolerar", señaló el Presidente. "Acá todo el mundo tiene que respetar las mismas reglas. Acá no hay amigos y no amigos del Gobierno. La ley es la misma para todos", sostuvo.
Macri aludió así a una investigación que publicó ayer LA NACION, en la que expuso que López retuvo $ 8000 millones en impuestos a la transferencia de los combustibles (ITC) que debió girar a la AFIP, pero que utilizó para solventar la expansión de su Grupo Indalo, comprar empresas y financiar proyectos que daban pérdidas. Es decir que se financió con dinero que cobró a sus clientes como agente recaudador de un impuesto que nunca transfirió al Estado.
En las últimas semanas, Abad y sus colaboradores ya dieron sus primeros pasos sobre López, su socio Fabián de Sousa y su grupo de empresas, según reconstruyó LA NACION.
El primer paso fue trasladar su petrolera Oil Combustibles de una pequeña agencia de Palermo a Grandes Contribuyentes Nacionales para reforzar los controles. Y, luego, iniciaron una serie de investigaciones administrativas e intimaciones (de lo que se informa por separado).
Tanto López como De Sousa optaron ayer por el silencio. Pero un vocero reafirmó que "no hay nada ilegal" en la actuación del Grupo Indalo, según un cable de la agencia de noticias NA. "La deuda está reconocida. Que esos fondos [tributarios) sean usados para otras inversiones es porque hubo una crisis petrolera y la compañía tuvo que subsistir a ella."
Horas antes de la publicación de la investigación, el socio del "zar del juego" defendió el proceder del Grupo Indalo. Sostuvo que López se limitó a "utilizar todos los recursos que uno tiene para siempre estar invirtiendo", según indicó al diario Perfil. "Tendría que tener el culo muy sucio para escapar si alguien investiga. Nosotros no tenemos nada que esconder", afirmó al ser consultado respecto de si el divorcio de su socio era una medida preventiva por la inminente publicación de investigación de LA NACION.
De Souza también sostuvo que hicieron "las cosas como corresponde" y que, en cualquier caso, hizo lo que cualquier otra empresa pudo haber hecho, como acogerse a planes de pago de la AFIP por esa deuda multimillonaria. "¿Por qué yo no puedo acceder a los beneficios que acceden todos?", desafió.
En rigor, uno de los planes de pago que obtuvo Oil Combustibles es conocido en el ámbito tributario como "del artículo 32", es decir, un plan que depende de la exclusiva y discrecional decisión del titular de la AFIP, que en ese momento era Echegaray.
Más relevante, Oil Combustibles fue la única petrolera grande que opera en el país que se quedó con dinero del ITC, ya que ni YPF -incluso después del ingreso del Estado nacional-, ni Shell, ni Petrobras, ni Axion adeudan dinero por ese impuesto ni adoptaron una operatoria similar, según documentos que cotejó LA NACION.
Por su parte, la diputada nacional y referente de Cambiemos Elisa Carrió anticipó ayer que se presentará hoy ante la Justicia para que impulse la investigación por presunta asociación ilícita contra los Kirchner, López, Lázaro Báez y otros. "Siento asco moral al ver que la impunidad continúa", planteó.
"La complicidad de Echegaray y los Kirchner con Cristóbal López para llevar a cabo esta maniobra de evasión es escandalosa", dijo, para luego sostener que también le reclamará a la actual conducción de la AFIP que "determine las complicidades que permitieron este fraude".
Horas después, Echegaray emitió un comunicado de prensa para defender su actuación, que calificó como "absolutamente legal", y reiteró que, tal como publicó LA NACION en su edición de ayer, la Justicia lo sobreseyó en 2014, cuando se investigó el primer plan de pagos que le otorgó a Oil Combustibles. Echegaray indicó que evalúa presentarse ante la Justicia para "denunciar civilmente por daños a aquellos legisladores" que, como Carrió, actúan como "denunciantes crónicos y seriales para mantenerse con visibilidad en los medios".
Mientras las maniobras de López, De Sousa y Echegaray quedaron a un paso de Tribunales, en tanto, las nuevas autoridades de la AFIP también evalúan ahora cómo garantizarse el recupero de los $ 8000 millones que adeuda Oil Combustibles.
La separación del Grupo Indalo, tal como se anunció el viernes, alimenta esos temores. En particular porque López se quedaría con las empresas con más activos y rentables -en particular, Inversora M&S, que acumuló $ 3400 millones mediante préstamos con fondos retenidos del ITC-, en tanto que De Sousa se quedaría con Oil Combustibles y otras compañías muy endeudadas o deficitarias.
La auditora externa de los balances de Oil Combustibles, Deloitte, expuso algunos de los riesgos latentes al analizar los números de la petrolera ahora cuestionada en el último balance, que cerró a mediados de 2015 y cuya copia obtuvo LA NACION.
Deloitte indicó que al 30 de junio de ese año los pasivos corrientes de la empresa ya superaban sus activos corrientes, "lo que originó un capital de trabajo negativo de 646 millones" de pesos, lo que se sumaba al pasivo acumulado con la AFIP por $ 6010 millones, cifra que los expertos de Deloitte aclararon que a su vez continuó en ascenso porque López siguió sin pagar durante varios meses más.
La práctica de Oil Combustibles de cobrar pero no girar el ITC registró un giro con la salida de Cristina Fernández de Kirchner de la Casa Rosada y el arribo de Mauricio Macri. "La empresa ha comenzado a regularizar -precisó Deloitte-, generando pagos parciales a partir del mes de diciembre", cuando también Echegaray se marchó de la AFIP.
Incluso si los dueños de Oil Combustibles optaran por aportarle fondos frescos a la petrolera, López debería recurrir a la cartera que hasta ahora mantuvo por separado, el juego, aunque implicará otros desafíos, según indicaron colaboradores directos del empresario a LA NACION.
¿Por qué? Porque López controla el 30% de Casino Club, que en 2012 facturó $ 5570 millones, según los datos que recabaron los periodistas Ramón Indart y Federico Poore para su libro El poder del juego. Pero ésa es la facturación, no su ganancia neta, y en una sociedad que opera con distintos socios que en el Grupo Indalo.
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Durante sus últimos cuatro años en el poder, el kirchnerismo permitió que el empresario patagónico Cristóbal López acumulara una deuda por más de $ 8000 millones con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Y ese pasivo fiscal amenaza con tornarse impagable en el transcurso de los próximos meses, según surge de los balances contables de Oil Combustibles y otras empresas del Grupo Indalo, cuyas copias obtuvo y analizó LA NACION con la ayuda de expertos contables y tributarios.
El dinero que cobró López corresponde al impuesto a la transferencia de los Combustibles (ITC), pero no lo envió a la AFIP, según surge de los balances. ¿Cómo funciona? Cada vez que alguien carga nafta en sus estaciones de servicio, de cada $ 14 por litro que cobra, debe girar $ 4 a la AFIP (es decir, el 26% del precio por litro), que se suman a otros impuestos y tasas. Pero no lo hizo.
Con ese dinero que retuvo, el empresario expandió su conglomerado de empresas al que bautizó Grupo Indalo. En otras palabras, López no impulsó el crecimiento de su imperio con las ganancias del juego -divisas que mandó en parte al exterior para, por ejemplo, comprar un casino en Florida, Estados Unidos-, sino que lo hizo con fondos que debió girar al Tesoro nacional.
LA NACION consultó el miércoles a un vocero de López y a su socio, Fabián De Sousa. Les informó que quería conocer su versión sobre el material a publicar. El vocero quedó en transmitir la inquietud. Al día siguiente, pidió demorar la publicación unos días.
Y anteayer anunciaron la separación de los socios y el fin del Grupo Indalo como se lo conocía hasta ahora, pero tanto López como De Sousa se negaron a responder preguntas específicas sobre esta investigación. Ante la prensa, De Sousa sólo sostuvo que la deuda impositiva acumulada "no es tan grande" y que cuentan con "ingreso de caja suficiente" para afrontarla, aunque reconoció que no pudo pagarla durante 2013, 2014 y 2015 por diversos problemas de la macroeconomía. Afirmó además que sólo se limitó a utilizar "todos los mecanismos legales disponibles para financiarse".
Según reconstruyó LA NACION con la ayuda de contadores, tributaristas y auditores, los ejes centrales de la operatoria que montaron López y De Sousa se reducen a unos pocos pasos. Primero, fondearon Oil Combustibles con el ITC por $ 6065 millones a junio de 2015, en tanto que el resto de la deuda corresponde al ITC que tampoco pagaron desde entonces y a los intereses acumulados sobre esa deuda, hasta orillar los $ 7400 millones, más otros $ 600 millones en impuestos que también retuvieron otras empresas del grupo. Total: $ 8000 millones.
El segundo paso llegó después. Con ese dinero, López comenzó a fondear otras firmas de su grupo, entre las que descolló Inversora M&S SA, que recibió $ 3300 millones, según surge de los balances analizados. Y el tercer paso resultó inmediato. Inversora M&S SA comenzó a comprar activos o financiar sus operaciones, lo que explicó la compra de medios de comunicación, el banco Finansur y fábricas como Paraná Metal, o la supervivencia durante años de compañías que no eran redituables.
Toda esta operatoria, a su vez, ocurrió durante un período clave. Porque al mismo tiempo que López se fondeó con el ITC, el precio de las naftas comenzó a subir. Y le alquiló al menos dos departamentos, una oficina y cinco cocheras a la entonces familia presidencial Kirchner durante años a cambio de varios millones de pesos, según reveló LA NACION en marzo de 2015. No sólo eso. También le giró fondos desde su hotel El Retorno, en Bariloche, al Alto Calafate, el principal hotel de los Kirchner en Santa Cruz.
Allí no se acaban los lazos cruzados. Porque la sobrina de la ex presidenta -e hija de la gobernadora Alicia Kirchner-, Romina Mercado, trabaja desde febrero de 2012 y hasta hoy en Inversora M&S SA, al mismo tiempo que tomó las riendas como presidenta del directorio de Hotesur, la sociedad controlante del Alto Calafate, según los registros laborales y societarios.
Durante ese mismo período, además, distintas áreas del Estado nacional mostraron indicios inusuales a favor de Cristóbal López. Desde el Ministerio de Economía y la Aduana, por Álcalis de la Patagonia, hasta la unidad antilavado (UIF) y el Banco Central (BCRA), por el banco Finansur, o la Afsca para su ingreso en el sector de los medios.
Lo mismo ocurrió en la AFIP, que toleró la retención de esos $ 8000 millones de pesos en impuestos atrasados por parte de López y De Sousa. El organismo les permitió acumular esa deuda, luego convalidó que la colocaran en múltiples regímenes de asistencia financiera (RAF) -planes de pago de hasta seis cuotas que ofrecía el organismo tributario- y, por último, cuando el volumen de esa deuda se tornó sustancial, les permitió consolidarla en sucesivos planes de pago.
Una vocera de Ricardo Echegaray llamó el viernes a LA NACION. Sin que mediara una pregunta específica, aclaró que el actual titular de la Auditoría General de la Nación (AGN) ya fue investigado y sobreseído por la Justicia por la entrega de los planes de pagos a López tras una denuncia de Elisa Carrió. Lo sobreseyó el juez Sebastián Ramos, en marzo de 2014. Es decir, seis meses después de que LA NACION revelara el primer paso de la operatoria que López y De Sousa utilizaron para comprar activos de Petrobras en la Argentina.
La benevolencia de la AFIP frente a Oil Combustibles durante los últimos años contrasta, sin embargo, con la rigidez que el mismo organismo mostró frente a las otras petroleras, que no pudieron cobrar y retener el ITC sin correr el riesgo de afrontar las intimaciones y embargos del organismo tributario. De hecho, ninguna de las otras grandes compañías que operan en el país -YPF, Shell, Petrobras, Axion- mantiene deudas con la AFIP por el ITC. "La operatoria habría terminado con una denuncia penal", indicó un ex alto ejecutivo del sector petrolero que mantuvo varios cortocircuitos con el kirchnerismo.
Ahora, además, las nuevas autoridades de la AFIP comenzaron a intimar a Oil Combustibles, lo sometieron a controles más exhaustivos y le comunicaron que no le permitirán que retenga nuevos fondos por el ITC.
Según surge de los balances de diversas empresas del Grupo Indalo, López y De Sousa concentraron esta maniobra fiscal en Oil Combustibles, que acumuló más del 90% de toda la deuda tributaria. Y que, según anunciaron el viernes, quedará a partir de ahora en manos de De Sousa.
Oil Combustibles es, a la vez, la firma con que adquirieron algunos activos en la Argentina -pero no todos- de la petrolera brasileña Petrobras, operación que quedó bajo la lupa judicial en Brasil por el presunto pago de sobornos.
Los balances de Oil Combustibles reflejaron esa paulatina acumulación del ITC que montaron López y De Sousa. Así, a mediados de 2010, la petrolera informó una deuda con la AFIP por apenas $ 78.285; pero un año después -y ya con la adquisición de activos de Petrobras en el país- subió a $ 179,9 millones, y para junio de 2012 llegó a $ 1262,9 millones.
Pero la operatoria no sólo continuó, sino que se potenció y expandió, hasta ahora correr el riesgo de resultar impagable. Así, en 2013, a $ 1591,7 millones; en junio de 2014, a $ 3145,7 millones, y para mediados de 2015, a más de $ 6065 millones (entre deuda corriente y no corriente). Desde entonces, además, continuó en ascenso hasta diciembre pasado ya que Oil siguió sin girar a la AFIP cientos de millones de pesos correspondientes al ITC, a los cuales se aplicaron los intereses.
Ahora, sin embargo, con más de $ 7400 millones de deuda fiscal acumulados en Oil Combustibles, López y De Sousa afrontan serios desafíos contables, financieros y tributarios para mantener a flote el Grupo Indalo, coincidieron los analistas consultados por LA NACION. Los motivos son múltiples:
-Según sus balances, Oil Combustibles sólo cuenta con un patrimonio neto de $ 447 millones, mientras que su crecimiento respondió al "apalancamiento" de la AFIP, y con un notable descalce de liquidez;
-Para obtener los planes de pago de la AFIP, López y De Sousa promovieron la revaluación contable (no basada en una inversión real) de los "bienes de uso" de Oil Combustibles por más de $ 1669,8 millones. Es decir que los mismos bienes de la compañía que en junio de 2013 valían $ 226,4 millones, un año después pasaron a valer 8,2 veces más: $ 1876,2 millones;
-Ese revalúo quedó a cargo de una pequeña firma sin mayores antecedentes en el mercado, y aunque el revalúo se fijó en junio de 2014, según la propia auditoría el informe se terminó seis meses después, el 15 de diciembre de ese año;
-Transcurridos 21 meses desde que se computó ese revalúo, el recálculo todavía se encuentra pendiente de la aprobación final de la Inspección General de Justicia (IGJ), que durante el último año del gobierno kirchnerista no resolvió si aprobaba o rechazaba esa operación contable;
-Como auditora externa, Deloitte también consignó la revaluación como un riesgo latente para Oil Combustibles. "De no resultar aprobada la revaluación -indicó-, el patrimonio neto disminuiría en 1.059.251.141 [pesos], el activo en 1.629.617.142 [pesos] y el pasivo no corriente (impuesto diferido) lo haría en 570.366.001 [pesos]". Es decir que pondría en serio riesgo a la compañía.
Sin embargo, la revaluación pendiente no es el único factor de riesgo para Oil. Declaró entre sus activos los préstamos por más de $ 4300 millones que le otorgó a otras empresas del grupo (los $ 3300 millones que giró a Inversora M&S SA-que ahora controlará sólo López-, más otros $ 350 millones a South Media Investments y $ 592,2 millones a "otras partes relacionadas", entre otros). Pero según Deloitte, el recupero de ese dinero es una pregunta abierta: "La realización y la cancelación a futuro de los activos y pasivos entre empresas del grupo económico se encuentran condicionadas al cumplimiento de los planes de negocios de cada unidad de negocios en el corto y mediano plazo".
Así, según surge de los propios balances de Oil Combustibles, si la IGJ no aprueba el revalúo contable de sus bienes o si las otras empresas del Grupo Indalo no pueden devolverle el dinero prestado, la petrolera mostrará un patrimonio neto negativo y quedará en condiciones de disolución. Salvo, claro, que sus accionistas le inyecten fondos frescos por montos multimillonarios. Más relevante aún, esos balances exponen las serias dificultades que afrontan López y De Sousa para devolver los $ 8000 millones en impuestos que adeudan a la AFIP. El viernes anunciaron el fin del Grupo Indalo como era hasta ahora.
Cristóbal López articuló un mecanismo para eludir pagos a la AFIP que fue cuestionada por una evaluadora
El Grupo Indalo quedará dividido desde este domingo tras la firma de un memorando de entendimiento en el que los empresarios Cristóbal López y Fabian De Sousa acordaron la separación de los negocios que tenían en medios de comunicación, petroleras y juegos, entre otros, tras 20 años de sociedad.
López posee más de un 70% de Indalo y le transfiere las áreas de Petróleo y Medios a De Sousa, accionista de algo menos de 30% de la compañía, en tanto, si corresponden compensaciones entre las partes, se irán realizando con revisiones en los próximos dos años.
“Es una separación amistosa, cada uno emprende nuevos caminos, después de más de 20 años que trabajamos juntos”, explicó De Sousa en declaraciones al diario Clarín publicadas hoy.
En el marco del acuerdo, López cede Indalo Medios -que abarca a C5N, las radios Vale, Pop, One (ex TKM), más los matutinos Ambito Financiero, Buenos Aires Herald, El Patagónico (Chubut) y El Ciudadano (Rosario) y Radio 10- a De Sousa, y también la petrolera Oil.
“Me quedo con empresas que a lo mejor facturan más de ese 30% (de la propiedad), cerca de 40% o más”, especificó De Sousa, que parte de una base de ventas de alrededor de $ 15.000 millones.
López posee el Casino Club, hoteles, un shopping y hasta otra empresa petrolera (Clear), que conservará entre sus activos.
Acerca de la reestructuración, De Sousa detalló que se toma en cuenta la rentabilidad de las compañías, y petróleo es más rentable que medios, pese a que arrastra deudas: “En Oil (petrolera) hice uso de un crédito fiscal, por el que pago intereses mensuales de 3% y una tasa anual del 40%”, aclara.
“Indalo es muy grande y con tantas empresas no me podía ocupar como quería de medios y petróleo. Ahora voy a disponer del tiempo para hacer foco en esos dos negocios, que pueden generar mucho crecimiento", concluye.
