Así lo planteó el funcionario al exponer en una jornada sobre Petróleo, Gas, Energías Limpias y Sustentabilidad organizada por el Instituto de las Américas, en Buenos Aires, en un hotel de Puerto Madero, donde por primera vez en público esbozó “los pasos a seguir sobre el esquema regulatorio” en el sector de las energías renovables.

“En esta nueva administración, hemos decidido abordar un plan integral que parte de la ley 27.191 y que avanza a través de procesos competitivos, con transparencia y reglas claras antes de comenzar con el proceso de ofertas”, explicó Kind en la apertura de su exposición en referencia a la legislación aprobada y promulgada en el segundo semestre del año pasado.

Sobre la continuidad de la legislación, de la que el subsecretario destacó que forma parte de “una política de estado y no una política de gobierno ya que la ley fue presentada por el FPV y es el PRO el que sostuvo que será la guía para instalar las energías renovables en el país”, Kind anunció que el decreto reglamentario “será firmado en los próximos días por el presidente Macri” y que ya tiene la rúbrica del ministro de Energía, Juan José Aranguren.

La reglamentación es esperada por el sector energético que considera que esa normativa permitirá destrabar muchos proyectos de inversión al dar precisiones sobre la implementación de ley que establece incentivos fiscales y financieros para que el 31 de diciembre de 2017 un 8 por ciento de la matriz esté compuesto por tecnologías renovables y un 20 por ciento en 2025.

“La ley obliga a toda la demanda –tanto Grandes Usuarios como cada uno en sus domicilios- a adquirir un 8 por ciento de energía renovable en todo el país para el 2018”, explicó el funcionario al señalar que “un agregado que se va a encontrar en la reglamentación es la forma en la que se abordará la compra de energías renovables”.

En ese sentido, Kind explicó que “por default el Estado compra por el 100 por ciento de la demanda, menos aquel porcentaje de grandes usuarios que salgan al mercado a contractualizar energías renovables” a comprar la energía a privados.

Al explicar las razones por las cuales los grandes usuarios podrían salir del esquema de compra conjunta, el subsecretario detalló que “el Estado no está obligado a adquirir solamente lo más barato porque debe diversificar tecnología, diversifica federalmente las fuentes y también asume un riesgo de plazo que no lo asume eventualmente un privado, cuestiones que incrementan los costos que se trasladan a la demanda.

“Para el gran usuario, evidentemente, va a ser más caro comprarle al Estado que salir al mercado y tiene plenas facultades de poder hacerlo” explicitó.

Desde el lado de los proyectos y los generadores, Kind detalló que “aparecen dos mecanismos para contractualizar, el mercado privado-privado -donde los Grandes Usuarios contractualizan energías por los acuerdos que ellos mismos puedan llevar adelante- y las licitaciones que pueda llevar adelante el estado nacional por las compras conjuntas”.

“Hay dos formas de contractualizar: las compras del estado nacional a través de licitaciones; quienes hayan optado los PPA en forma directa entre Grandes Usuarios y generadores, y obviamente aquellos que quieran autogenerar su energía renovable”, enfatizó.

En el encuentro se ratificó, además, la implementación de Acuerdos de Compra de Energía (PPA, por sus siglas en inglés) como utilizan otros países de la región y que las subastas serán divididas por tecnología – eólica, solar, biomasa e hidroeléctrica – y segmentadas por regiones, para que los proyectos no se concentren sólo en las zonas de mayor factor de capacidad.