La Fiscalía de San Pablo pidió la prisión preventiva del expresidente de Brasil Luiz Inacio Lula da Silva, cuyos problemas legales oscurecen el horizonte de su sucesora Dilma Rousseff, sumida en una grave crisis política.
"Se requiere el decreto de prisión preventiva del denunciado Luiz Inacio Lula da Silva", solicitaron los fiscales en el marco de una denuncia contra del ícono de la izquierda brasileña por ocultamiento de patrimonio, una modalidad de lavado de dinero.
"Su detención es necesaria para el buen desarrollo de la investigación, ya que está demostrado que debido a su condición de expresidente puede ubicarse por encima de la ley", según un documento oficial al que tuvo acceso la AFP este jueves.
Un juez deberá decidir ahora si acepta la denuncia del Ministerio Público y ordena la detención del exmandatario, en un plazo que no fue precisado.
La Fiscalía "da una prueba más de su parcialidad al pedir la prisión preventiva de Lula", reaccionó el Instituto que lleva su nombre y maneja los asuntos del expresidente, al tiempo que denunció "un triste intento de usar su cargo para fines políticos" por parte del procurador.
La prisión de Lula "sería una gran ignominia", dijo Rui Falcao, presidente del Partido de los Trabajadores (PT), fundado por el hombre que gobernó Brasil entre 2003 y 2010.
El vicepresidente del opositor partido socialdemócrata PSDB, Carlos Sampaio, calificó de su lado la medida como "inusual".
"Que Lula sea procesado es correcto (...), pero no porque tengamos divergencias políticas voy a querer algo diferente a lo que quiero para cualquier ciudadano", lanzó.
La acusación contra el carismático Lula, el líder izquierdista que hace menos de una década conquistaba al mundo, cae como una bomba sobre el PT y Rousseff. La heredera política del expresidente se enfrenta a la posibilidad de un impeachment, mientras no cesan las informaciones que vinculan a su gobierno con el esquema de corrupción que desangró a Petrobras, justo en momentos en que Brasil atraviesa una severa recesión económica.
"El Ministerio Público no trabaja con calendario político, sino judicial. Está pautado en plazos legales o judiciales, sin importar si éste u otro procedimiento tienen alguna repercusión política y social", aclaró el fiscal José Carlos Blat.
La denuncia ocurre también a días de una manifestación convocada para este domingo por diversos grupos y partidos opositores al gobierno y que, según autoridades locales, puede reunir hasta un millón de personas en Sao Paulo.
Lula fue denunciado el miércoles de noche por ocultación de patrimonio, una modalidad de lavado de dinero, y falsedad ideológica (mentir en documentos oficiales) por la Fiscalía de Sao Paulo, cinco días después de que su casa fuera allanada y él llevado a la fuerza por la policía para declarar en el marco de la operación Lava Jato por supuestamente haberse beneficiado de favores pagados por empresas vinculadas en la trama.
La Fiscalía sospecha que Lula es dueño de un elegante apartamento tríplex en el cercano balneario de Guarujá, algo que el exmandatario niega tajantemente.
El apartamento oficialmente es propiedad de la constructora OAS, involucrada en el esquema de fraude, y autoridades sospechan que la empresa utilizó estos emprendimientos como pago de favores a cambio de contratos con la estatal
"La investigación se basó en pruebas documentales y de testigos. Dos decenas de personas relataron que el tríplex de Guarujá estaba destinado al expresidente Lula y su familia", afirmó el fiscal Cassio Conserino en una rueda de prensa.
Junto a él, también fue denunciada por lavado de dinero su esposa, Marisa Leticia, y su hijo mayor, Fabio Luis Lula da Silva, además de otras 13 personas.
El propio Lula y sus partidarios alegan que todos estos procesos constituyen un complot de la "élite" y la prensa para evitar su probable candidatura a la elección presidencial de 2018, a la que quiere llegar como el líder que sacó de la pobreza a 40 millones de brasileños la década pasada.
Los fiscales consideran que el exmandatario "ha violado el orden público" llamando el pasado viernes a sus seguidores a salir a las calles para denunciar la "persecución judicial" de la que es objeto.
"Lula jamás se colocó en contra de las investigaciones o contra la autoridad de las instituciones, pero tiene el derecho, como cualquier ciudadano, a rebelarse contra las ilegalidades y arbitrariedades", dijo el abogado del expresidente, Cristiano Zanin Martins.
Estos días, entre pasillos de la política y la prensa local se comenta que Lula podría ser nombrado ministro por la presidenta. El diario Folha de Sao Paulo publicó que Rousseff había aceptado darle un cargo en su gabinete, pero que Lula rechazó esa posibilidad.
"No tiene ningún sentido, sería visto como una medida de protección personal a Lula", afirmó a la AFP el cientista político Sergio Praça, profesor de la Fundación Getulio Vargas.
Las esquirlas del escándalo de corrupción que sacude a la clase política y empresarial de Brasil comienzan a impactar en la Argentina. Uno de los nombres salpicados por el “Petrolao” es José Manuel de la Sota, golpeado por la detención de su publicista Jõao Santana y por un pedido para investigar las posibles conexiones con el entramado, al tiempo que complican una mega obra de gasoductos lanzada por Juan Schiaretti.
De la Sota está muy preocupado, al punto que el viernes pasado habría suspendido un viaje que tenía previsto hacer a Brasil. Ese mismo día, la Justicia Federal de ese país había llevado a declarar por la fuerza nada menos que a Lula da Silva, tras un espectacular operativo en su casa. El cordobés habría querido evitar cualquier tipo de problemas judiciales. Otras versiones sostienen que en realidad el ex gobernador está en tierras brasileñas desde hace algunas semanas.
La declaración de Moura habría complicado al cordobés, según consta en una presentación realizada esta semana por el legislador del Frente Cívico Juan Pablo Quinteros, quien solicitó al fiscal federal Enrique Senestrari que investigue las posibles conexiones de Córdoba con el “petrolao”.
Moura reconoció que con su marido recibían “los pagos por todos sus trabajos en el exterior en una cuenta en el banco suizo Heritage a nombre de la empresa offshore Shellbill”, es decir en un paraíso fiscal. La mujer explicó que esa cuenta fue abierta “en 1998 a través de un representante en Uruguay, para recibir el pago por el asesoramiento en la campaña del gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota”. Ese pago habría sido de 70 mil dólares, según especificó el abogado de Moura.
Quinteros explicó a LPO que tienen la presunción que esa cuenta siguió activa y Santana continuó recibiendo dinero por sus campañas en el exterior, incluidas las de De la Sota. El legislador cordobés pretende que el fiscal Senestrari pida a la Justicia brasileña que aporte los movimientos de esa cuenta y que se corrobore si hay depósitos que coincidan con las campañas del cordobés.
Otros indicios
Quinteros aportó dos datos extras. Uno es que en la declaración de campaña de De la Sota del año pasado figuraba un aporte anónimo de cinco millones de pesos, algo que está prohibido en la ley electoral. Luego, cuando empezaron los cuestionamientos, se rectificó la declaración y se aclaró que era la suma de “170 aportantes individuales”. Cada uno habría puesto un promedio de 30 mil pesos.
El otro dato que el legislador pide investigar es uno que surge de la declaración jurada de De la Sota en 2011, cuando declaró “un ingreso mensual promedio que oscila los 35.000 reales como consultor y asesor de empresas en San Pablo”, que habría recibido durante los años que no fue funcionario. Quinteros dice que nunca se aclaró cuáles eran esas empresas.
La presentación judicial también aporta información sobre las importantes obras que ganaron algunas de las empresas brasileras que ocupan lugares centrales en el entramado de corrupción (como la autovía 36 o un llamativo intento de De la Sota en 2006 por buscar petróleo asociado a Brasil). El ejemplo más cercano es la mega obra de construcción de los gasoductos troncales, la más importante de la historia de Córdoba, según las actuales autoridades.
Un tercio de esa obra quedó en manos de Odebrecht, cuyo titular Marcelo Odebrecht acaba de ser condenado a 19 años de prisión por el “petrolao”. Otro d elos gasoductos fue adjudicado a Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, que anunció a poco de asumir que respaldará el plan.
Tres ministros de Juan Schiaretti tuvieron que ir ayer a la Legislatura por este tema y fueron sometidos a un duro interrogatorio, pero ratificaron que la obra se realizará. “Se supone que tuvieron que certificar antecedentes, qué antecedentes pidieron no sabemos, evidentemente no fueron los penales o comerciales”, ironizó Quinteros a LPO.
El gobierno de Schiaretti sostiene que los cuestionamientos son “políticos” y que la obra será realizada por la filial argentina de Odebrecht, que está afuera de las acusaciones contra los directivos en Brasil.
Mauricio Macri y Juan Schiaretti.
Quinteros también menciona en su presentación la primera licitación para los gasoductos, en 2008. La ganadora había sido Andrade Gutiérrez, también implicada en el escándalo de corrupción en Brasil, asociada con Britos S.A., empresa siempre relacionada a De la Sota. Aunque la obra luego se cayó porque Cristina no dio los avales para el crédito, la licitación estaría mencionada dentro de una lista que uno de los “arrepentidos” entregó al juez Moro con 750 operaciones donde se pagaron sobornos.
El arrepentido es Alberto Youssef, que actuaba como gestor de las coimas. De acuerdo a un artículo del diario Día a Día, en el caso de esa obra no especificó a los beneficiarios de los sobornos y solo aportó el nombre “Luis Leandro” y el monto “28 millones”. Además de Andrade Gutiérrez, en la compulsa también participó OAS, también involucrada en el entramado de corrupción
Quinteros adelantó que ampliará la denuncia y que podría viajar a Brasil para reunirse con el juez Moro. “No descarto ir a ver al juez Moro, el fiscal argentino no tiene demasiadas facultades, nos tendríamos que colgar de la causa de allá y que empiecen a preguntarle a los involucrados por estos casos. Que le pregunten a Yousseff a quién le pagó o a Santana por los movimientos de la cuenta”, indicó el legislador.
“De la Sota está a una pregunta de Moro a un arrepentido o implicado de quedar absolutamente complicado. Le puede traer un gran dolor de cabeza”, sentenció Quinteros.
