MARCELO BONELLI

YPF utilizó cuentas off-shore, creadas en paraísos fiscales para canalizar la inversión de Chevron, llevando adelante acciones cuanto menos irregulares en la administración de la compañía.

Habrían sido creadas a nombres de directores y ejecutivos de la petrolera estatal y por sus manos pasaron miles de millones de dólares. El contrato inicial era de 1.240 millones.

Según trascendió, las cuentas serían seis y el dinero circuló sin ningún tipo de control por parte de los organismos fiscalizadores. Los fondos estuvieron manejados discrecionalmente por los ejecutivos de YPF y no por la compañía petrolera. La modalidad de esta millonaria transacción financiera no habría sido informada correctamente –como corresponde– a la Bolsa de Comercio, a la Comisión de Valores y a la SEC de los Estados Unidos. 

Miguel Galuccio quiere evitar que esta polémica  anomalía se conozca oficialmente y por eso se opone tenazmente a  cumplir con el fallo de la Corte Suprema que obliga a difundir los detalles y anexos del convenio que firmó con Chevron.

El armado financiero era un secreto que Galuccio solo compartió con la ex presidenta Cristina Kirchner y con Carlos Zannini. También, con los funcionarios de YPF que se prestaron a la maniobra.

La delicada cuestión sería uno de los motivos centrales por los que Galuccio abandonó su intento de permanecer en YPF y presentó esta semana la renuncia a su cargo. Ahora el petrolero intenta buscar apoyo político para que YPF no trasparente cómo se ingreso el dinero a la Argentina, dado que esas irregularidades podrían generar múltiples denuncias, como la que ya lleva adelante el dirigente socialista Rubén Giustiniani.

Mauricio Macri ya le había bajado el pulgar, cuando su gobierno se enteró de estos y otros manejos financieros poco trasparentes. El Presidente tenía la intención inicial de que hubiese continuidad en YPF, pero ahora en la Casa Rosada se lo consideró inviable. En plena campaña, Galuccio había compartido una cena con Macri y su esposa para hablar del futuro de YPF.

Además, estas maniobras desencadenaron fuertes cuestionamientos a toda la gestión de Galuccio. Primero a sus escasos resultados productivos y, en especial, a la forma cómo endeudó a YPF: las obligaciones crecieron 3,5 veces, hasta  7.000 millones de dólares.

Clarín confirmó la existencia de esa operación financiera en dos fuentes clave: la Casa Rosada y máximos dirigentes de Cambiemos. Esta semana Elisa Carrio pidió que no se oculte el contrato y, en privado y antes de la renuncia de Galuccio, el Frente Renovador advirtió que daría a conocer detalles del escándalo. Fue en conversaciones con el jefe de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó.

También existen documentos que confirman la creación de llamativas sociedades off-shore. Dos en el Estado de Delaware, en EE. UU., conocido como un paraíso fiscal. Ocurrió 15 días antes de se firmara el acuerdo con Chevron y se  utilizó el mismo estudio que trabaja con Chevron. La firma del propio convenio petrolero, el 16 de julio del 2013, no la hizo YPF SA. Galuccio también creó una sociedad off-shore para rubricar el “Acuerdo de Proyecto de Inversión.” Así consta en sede judicial y en las escrituras de la compañía. La firmante lleva el nombre YPF Shale Oil Investment, también creada en Delaware.

Galuccio advirtió dentro del Gobierno la necesidad de que estos detalles no trascendieran, porque tendrían un impacto negativo futuro en la propia YPF. También  pidió protección política  para todo su equipo íntimo en YPF. Ayer volvió a estar en la Casa Rosada.

El petrolero igual ya contrató operadores judiciales, con la intención de cubrir legalmente su salida de la compañía. Su situación podría comprometerse.

Clarín intentó ayer comunicarse con el titular de YPF. Pero Galuccio eludió dar respuesta y hablar sobre la rara operación financiera, aún tratándose de una empresa con mayoría del Estado.

Buscó explicar la situación a los máximos referentes del Gobierno, como justificar que armó la irregular estrategia financiera para facilitar la inversión y eludir embargos. Galuccio sostiene en privado que utilizó cuentas off-shore y a nombre de funcionarios de YPF para eludir eventuales embargos de los fondos buitre y de la Justicia de Ecuador, que le impuso una sanción multimillonaria a Chevron por daño ambiental.

Ese fue el argumento que expusieron ejecutivos de YPF en la Oficina Anticorrupción. La explicación evitó hablar de algo concreto: por qué se usaron mecanismos que pueden ser sospechados de lavado de dinero y de operaciones ilegales. Tampoco aclara por qué se utilizaron cuentas a nombre solo de funcionarios de YPF y no  intervino nadie de Chevron. Y, además, por qué no había control del dinero que entraba y salía de las cuentas a disposición de funcionarios. Hasta ahora –a pesar de los ataques de los fondos buitre– en ninguna otra repartición del Estado tienen información de que se hubiese hecho una operación financiera de semejante audacia.

Por eso Galuccio fue muy cuestionado en una reunión secreta de senadores con el ministro de Energía. Juan Aranguren no entró en estos detalles, pero trató de ineficiente la gestión de YPF. El encuentro lo organizó Federico Pinedo hace una semana y participaron legisladores de Cambiemos. Aranguren calificó de desprolija la gestión en YPF y, como ejemplo, hablaron del super- sueldo que se fijó el propio  Galuccio. El dato confidencial generó malestar en la reunión, porque lo que Galuccio gana duplica el salario que cobra un Ceo en una compañía similar a YPF: ahí se confirmó que saca 4,5 millones de dólares anuales.