Un año exacto ha transcurrido desde que el 9 de marzo de 2015 el juez de Los Vilos ordenara a Minera Los Pelambres la demolición del tranque de relaves mineros El Mauro.
Esto marcó un hito dentro de los más de 10 años de tensión que la compañía ha mantenido con la comunidad de Caimanes y del Valle del Pupío, aledañas al yacimiento, en la IV Región. Sin embargo, a los pocos días la firma controlada por Antofagasta Minerals (grupo Luksic), recurrió a la Corte de Apelaciones de La Serena para tratar de revertir este fallo adverso.
En diciembre, la Corte solicitó que se designara un perito hidráulico para analizar el plan de obras presentado inicialmente por Pelambres. “Esto es relevante, ya que la resolución de la Corte de Apelaciones encauza la discusión hacia donde siempre debió estar, esto es, las obras necesarias para permitir el fin buscado por la Corte Suprema, y no la demolición de un muro del tranque que sólo traería perjuicios”, afirmó el presidente del directorio de Pelambres, Francisco Veloso.
Una visión opuesta tiene el Comité de Defensa de Caimanes, férreo opositor a la minera. Para su presidente, Cristián Flores , “este plan en su momento ya fue rechazado por el Juzgado de Los Vilos y tenemos confianza de que ganaremos este juicio”.
¿Cuándo podría haber un fallo? Por la complejidad del tema, a más tardar el 30 de mayo próximo el perito emitiría su dictamen y tras ello, la Corte; su sentencia.
El fallo del Juez de Los Vilos llevó a la firma a replantear su relación con la comunidad. Empezó a sostener asambleas y actividades de diálogo con los vecinos de Caimanes, relató Veloso.
Para viabilizar sus operaciones, organizó una consulta pública para someter a votación un acuerdo que implica un fondo para la comunidad, obras de mitigación del tranque de relaves y dinero para las familias que lo suscriban. Los beneficios están sujetos a que la comunidad se comprometa a no persistir en los juicios que mantiene contra la firma ni presentar nuevas demandas, lo que permitirá una eventual extensión de la vida útil de la mina más allá de 2036.
La consulta, previo catastro, se realizó en noviembre pasado y el 58% de la comunidad votó a favor. Sin embargo, no se ha firmado, pues la votación tuvo una participación del 64% y el quórum fijado era de 70%.
Este pacto implica una serie de obras de aguas y de seguridad, entre las que destacan las de canalización y conducción que minimicen la evaporación e infiltración del agua que lleva el estero Pupío hacia Caimanes y la construcción de gaviones en el borde del estero Pupío.
“No hemos celebrado un acuerdo aún, pero la comunidad nos ha pedido iniciar un proceso que permita llegar a él. Nos manifestamos dispuestos a ello, en la medida que se cuente con la aprobación de la mayoría absoluta de la comunidad y que esto lleve al término de los juicios de obra nueva y obra ruinosa que se encuentran en distintos grados de avance”, sostuvo Veloso.
Juan Aracena, presidente de la junta de vecinos N° 4 de Caimanes, que antes era un duro opositor de Pelambres, ahora decidió votar a favor. “Llevamos varios años en conflicto, por lo que es mucho tiempo y no vislumbro otra solución. No es todo lo que uno quisiera, pero es la única solución”, expresó.
Aracena precisó que la compañía entregará $ 28 millones a cada familia que firme el pacto. Veloso validó la cifra y dijo que el monto final dependerá de cuántas familias sean las beneficiadas.
Cristián Flores, del Comité de Defensa de Caimanes, cuestionó el acuerdo: “Sólo beneficia a Pelambres y su continuidad operacional y más encima les permitirá la ampliación de la mina, lo que implica aumentar el nivel del tranque de relaves”. Añadió que “a cambio de esto la comunidad renuncia a todo, y los amarra a vivir en armonía con la minera”.
Tras el fallo de Los Vilos, la firma pospuso su plan de extender la vida útil de la mina, lo que implicaba ampliar el nivel del tranque. En este escenario, Veloso explicó que en los próximos meses la firma ingresará a evaluación ambiental un proyecto que les permite mantener su capacidad de producción actual. La ampliación del yacimiento se verá más adelante (ver entrevista).
Sobre el proyecto que permite mantener la capacidad de producción, Aracena indicó que “cualquier persona va a aprobar ese nuevo sistema porque ocuparán agua de mar y el agua dulce la estarían liberando”.
A juicio de Flores es poco serio que la firma presente un proyecto para mantener su actual operación, cuando aún no hay un fallo definitivo. Agregó que agotarán todos los recursos y las instancias legales para impedir que esta iniciativa y la eventual ampliación de la mina se lleven a cabo.
