El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, y el ministro de Minrería de la provincia, Alberto Hensel, anunciaron esta mañana la multa impuesta a Barrick Gold por el derrame de soluciòn cianurada de la mina Veladero en uno de los afluentes del Río Jàchal, en septiempre pasado
El monto de la sanción fue fijado en 145.696.000 pesos, lo que equivale al cambio de hoy en US$ 9.340.000, aproximadamente.
Con el anuncio, formulado pocas horas después de que los dos funcionarios regresaran de su misiòn a Toronto, donde promovieron la minerìa en la exposiciòn mundial PDAC 2016, la provincia cuyana procura cerrar la instancia administrativa reglada por la legislaciòn ambiental minera de la Argentina y sus correlativas disposiciones provinciales.
La demora en aplicar puniciones a la minera fue criticada no sólo en ámbitos hostiles a la actividad minera, tambièn en la propia industria, por tratarse de una cuestiòn que quita credibilidad a los control al rol de contralor del Estado sobre el sector.
La tardanza de seis meses tambièn fue bordada por la puja de jurisdicciones judiciales, entre la Naciòn y la provincia, tal como viene informando Mining Press. Por el caso del derrame hay 9 empleados de la empresa procesados.
En paralelo, en rueda de prensa, el juez Pablo Oritja, dijo a la prensa sanjuanina que "no hay un solo caso de daño a la salud" como consecuencia del derrame de Veladero
.El juez de la Segunda Circunscripción de Jáchal, dio más precisiones de la causa que tramita, este viernes en conferencia de prensa, tras procesar a 9 empleados de Barrick:.
La Nación
La resolución del sumario administrativo iniciado por el Ministerio de Minería a Barrick es inminente. En un plazo no mayor a 72 horas la resolución estará firmada y se prevén sanciones económicas muy importantes para la empresa.
Según pudo establecer LA NACION, en el sumario administrativo quedaron firmes cinco o seis cargos. Las multas por las violaciones a las normas a las cuales debía ajustarse la minera están previstas en el Código de Minería de la Nación. Según una serie de consultas realizadas por este medio, por la gravedad del incidente ambiental lo más probable es que se apliquen las máximas escalas previstas en el Código
El sumario demandó solo seis meses, cuando en la administración local un sumario administrativo puede llegar a durar dos años y, excepcionalmente, un año. Fuentes del gobierno remarcaron que se hizo todo para que la investigación administrativa no fuera objetada. Básicamente se puso mucho énfasis en el tema de no violentar el derecho a la defensa. Por esa razón es que un equipo de abogados especialistas en materia administrativa se encargó de la constitución de la prueba, de formular los cargos y recibir los descargos, escuchar alegatos y correr traslado.
Según confirmaron desde la empresa Barrick, los nueve procesados tienen relación con la compañía. Del total, ocho siguen en sus puestos, los mismos que ocupaban al momento del incidente ambiental. El único que fue removido de su cargo, pero sigue ligado a la compañía, es quien ocupaba la Gerencia de Proceso de Veladero, Antonio Adames. Sin embargo, está en comisión de servicio, viajando periódicamente a Canadá y Estados Unidos
La Nación
La causa por la posible contaminación del ambiente que habría generado el derrame de un millón de litros de agua con cianuro en septiembre pasado en el río Potrerillos, en San Juan, aguas abajo de la mina Veladero, generó una contienda entre la justicia local de Jáchal y la justicia federal de la Capital. Los jueces Pablo Oritja, de Jáchal, y Sebastián Casanello, juez federal en lo Criminal y Correccional N° 7 de la Capital Federal reclaman la competencia en el caso que se originó por la rotura de una válvula luego del proceso de lixiviación con cianuro de la roca.
La decisión sobre quién atenderá la cuestión debe tomarla la Corte, previo dictamen de la Procuración, conducida por Alejandra Gils Carbó, quien ya estaría analizando el expediente.
En las últimas semanas fue Casanello el que dictó varias medidas, con peritajes incluidos, que causaron gran revuelo en San Juan. Incluso se conoció un peritaje de la Policía Federal realizado después del derrame del 12 y el 13 de septiembre, que detectó sustancias tóxicas en ríos sanjuaninos. "Estamos ante una clara infracción de la ley 24.051 (de residuos peligrosos), por encontrarse acreditada la contaminación en los ríos Potrerillos, Jachal, Blanco, Palca y Las Taguas, en virtud de hallarse sustancias tóxicas fuera de la reglamentación", sostiene el informe, que fue elaborado por la División Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA).
Esa causa está radicada en el juzgado de Sebastián Casanello, que delegó la investigación en el fiscal Ramiro González. Además de ser el fiscal de este caso, González es el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (Ufima), la única fiscalía especializada en la materia. En este expediente también se aceptó como querellantes a los vecinos reunidos en la asamblea Jáchal no se toca y se exhortó a las autoridades provinciales y nacionales a que repartieran agua segura y alimentos a la población afectada de Jáchal y el departamento de Iglesia.
Hoy se conoció un fallo de Oritja, también tomando la misma ley como base para su acusación. Él entendió que los nueve imputados actuaron de manera negligente, además de transgredir el artículo 56 de la ley Nacional de residuos peligrosos, la 24.051, por eso los procesó.
Ese artículo le impone una pena de 1 mes a 2 años de prisión en suspenso (no es de cumplimiento efectivo) a quienes causen una adulteración peligrosa para la salud del agua, el aire o el suelo "por imprudencia o negligencia... o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas". Además, a cada uno de los procesados les trabó un embargo de 100.000 pesos. Entre ellos no figura el imputado en la causa de Casanello, Guillermo Caló, ex director ejecutivo de la Barrick.
El reclamo por parte de la justicia federal obedece al carácter interjurisdiccional que podría tener la posible contaminación de la cuenca que incluye a las provincias de La Rioja, San Luis, Mendoza y hasta llegar a La Pampa.
Desde hace 8 años la Corte tiene bajo su análisis un expediente por incumplimiento de la ley de presupuestos mínimos de protección de glaciares por el proyecto binacional Pascua Lama.
Diario de Cuyo
Tras conocerse los procesamientos contra los 9 empleados de Barrick investigados por el derrame en Veladero, este diario accedió ayer el texto completo de esa resolución dictada por el juez de la causa, Pablo Oritja. De la misma se desprende que tres afluentes de Iglesia fueron contaminados con cianuro y mercurio que provenían de la fuga en la mima y que esos compuestos no alcanzaron a afectar al río Jáchal, varios kilómetros aguas abajo. El magistrado comprobó el perjuicio en el primer departamento a través de las pericias que aportó la misma empresa minera; en tanto que las de la Policía Federal revelaron que no hay cambios significativos en los ríos respecto al estado que presentaban antes de la explotación del emprendimiento.
Como lo adelantó DIARIO DE CUYO, la parte resolutoria del fallo da cuenta de los procesamientos de Leandro Poblete (jefe de Procesos), Segundo Álvarez (el segundo en esa área), Carlos Cabanillas (gerente de Minas), Ángel Escudero (gerente de Prevención de Riesgos), Osvaldo Brocca (supervisor de Servicios Técnicos), David Sánchez (supervisor de la Gerencia de Mantenimiento), Ricardo Cortéz (supervisor de Medio Ambiente), Walter Pizarro (gerente de Procesos) y Antonio Adames (gerente General). Los puestos que ocupaban al momento del derrame son los de mayor relevancia en Veladero y Oritja los acusa de actuar con negligencia en su trabajo (es una conducta culposa, es decir sin intención) y de esta forma, ser los responsables de la fuga de solución cianurada que terminó causando la contaminación de ríos.
Lo que no se sabía hasta ayer era cuál era a ciencia el alcance de la contaminación y los ríos afectados. En su resolución, que tiene más de 40 hojas y fue firmada el 3 de marzo, Oritja afirma que esos afluentes son Potrerillos, Las Taguas y La Palca, los tres ubicados en el departamento Iglesia, en una zona cercana a Veladero, y se valió de los análisis que hizo Barrick apenas sucedió el derrame.
Los monitoreos de la minera fueron en los ríos Potrerillos, Las Taguas, La Palca y Blanco. De acuerdo a los resultados que el juez cita en la resolución, en los tres primeros se registraron concentraciones suficientes de cianuro y mercurio como para afirmar que se contaminaron. En tanto que no menciona como afectado al cuarto, que es el que está más aguas abajo.
De las pericias que se hicieron en el río Jáchal, que está todavía más abajo que el Blanco, el juez evalúo las que realizó la División de Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal para la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Medioambientales y llegó a la conclusión que no revelan contaminación o envenenamiento de las aguas.
Para llegar a una conclusión en cuanto a las pericias, el juez advierte que hace falta compararlos con la línea de base. Esta última está constituida por los valores de un metal o un químico que se encontraron en el río antes de que empezara la actividad extractiva en Veladero y permite determinar si las condiciones ambientales se modificaron o sufrieron algún impacto. Si los índices subieron respecto a aquella época y están por encima de los límites permitidos por ley, como surge del informe de Barrick, se puede concluir que hubo contaminación.
La medición de la Federal detectó en los ríos de Iglesia y el jachallero cobalto, plomo, cadmio y cromo. Oritja vuelca en su fallo la línea de base de esos metales y la compara con los valores arrojados por la medición policial, concluyendo que no hay contaminación. “Los resultados obtenidos prácticamente no difieren o en algunos casos, incluso, son inferiores a los detectados en la línea de base”, afirma.
La conclusión judicial esclarece uno de los puntos que más polémica levanta en torno al derrame. Asegurando que el Río Jáchal está envenenado, una asamblea de vecinos de ese departamento se levantó para exigir el cese de la actividad minera y no para de reprocharle a la firma canadiense y a las autoridades de Gobierno. Y cuando el mes pasado trascendió el estudio de la Policía Federal, los manifestantes le dieron todo el crédito y encendieron con más fuerza su reclamo.
En medio del pedido para que Barrick haga las valijas, los jachalleros rechazaron fuertemente sus pericias por creer que no reflejaban la verdad. No se imaginaban que iban a ser una prueba clave para que el juez determinara que hubo contaminación y que los empleados de mayor jerarquía de Veladero son los responsables.
El delito que el juez les imputa a los agentes de la minera está tipificado en el artículo 56 de la ley nacional de residuos peligrosos, que exige la concurrencia de dos factores. Además de la contaminación, la negligencia o impericia.
En los considerandos, el magistrado los culpa por dejar abierta la compuerta que permitió que el líquido derramado llegara al río. Dice que “decidieron en forma inconsulta y negligente la apertura del canal de desvío del Norte, no adoptando los recaudos tendientes a prevenir cualquier tipo de contingencia”. Los empleados declararon en su momento que lo hicieron para no ayudar a que siga subiendo la cota del valle de lixiviación, que estaba alta, y que no podían prever la rotura de la válvula de la tubería que transportaba la solución cianurada.
Ante versiones periodísticas respecto a decisiones tomadas por el Juzgado de Jáchal, provincia de San Juan, en donde se anticiparía el procesamiento de las personas involucradas en la investigación iniciada en esa sede judicial tras el incidente de septiembre pasado en la mina Veladero, Barrick quiere resaltar:
Sin perjuicio de que no es parte en el caso, Barrick continuará cumpliendo su compromiso de asegurar que los involucrados cuenten con el debido soporte legal mientras el proceso judicial siga su curso, ya que entiende que en el caso no se configura un delito. Barrick entiende que esta decisión será apelada ante la Cámara Penal de la provincia de San Juan por los respectivos abogados de las personas afectadas.
Es importante destacar que las circunstancias que produjeron el incidente fueron resueltas inmediatamente. La compañía implementó un plan de acción que corrigió los factores causales del hecho con obras y aumento de controles bajo los cuales las autoridades avalaron la normalización del trabajo en la mina.
También, en forma inmediata, se expandieron e intensificaron las actividades de monitoreo en toda la cuenca. Todas esas mediciones han demostrado que el incidente no supuso ningún riesgo para la salud de las personas o el ambiente.
Estos resultados son consistentes con los estudios encargados por las autoridades nacionales y provinciales y la Justicia provincial, incluyendo aquellos efectuados por el Instituto Nacional del Agua (INA), la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y el Centro de Investigaciones para la Prevención de la Contaminación Minera e Industrial (CIPCAMI).
Asimismo, diversos estudios independientes han ratificado esta conclusión. Un informe independiente que resume estos estudios, y que fue entregado a las autoridades, ha recomendado monitorear la recuperación natural del medio ambiente, luego de identificar algunos efectos limitados y localizados en la zona adyacente a la mina.
Barrick ya ha puesto en marcha un programa con ese propósito. La seguridad de las personas y el medio ambiente es y sigue siendo la principal prioridad para Barrick.
Seguiremos colaborando con las autoridades, aportando todo aquello que contribuya a informar con certeza y responsabilidad sobre un tema relevante para la opinión pública. Lamentamos profundamente este incidente y esperamos, desde este punto, reconstruir un camino de cumplimiento y confianza con la comunidad, la provincia de San Juan y Argentina.
Diario de Cuyo
A casi cinco meses del derrame de solución cianurada en Veladero, el juez Pablo Oritja procesó sin prisión preventiva a los 9 empleados de Barrick que habían quedado en la mira. Al momento del suceso todos ocupaban cargos de jerarquía y de vital importancia para el manejo y el control de la mina ubicada en Iglesia y según confiaron ayer fuentes judiciales calificadas, el magistrado les endilga ser responsables de la contaminación de ríos de la zona por actuar con negligencia e impericia. Además, a cada uno le trabó un embargo de 100 mil pesos.
El fallo está firmado desde algo más de una semana, pero aún no ha trascendido de manera oficial. Eso sucedería en estos días ya que, por el interés público que despierta el caso, se espera que el juez jachallero brinde una conferencia de prensa para dar a conocer el texto completo y explicar los argumentos que sostienen su decisión.
Las fuentes señalaron que los alcanzados por la medida son Leandro Poblete (jefe de Procesos), Segundo Álvarez (el segundo en esa área), Carlos Cabanillas (gerente de Minas), Ángel Escudero (gerente de Prevención de Riesgos), Osvaldo Brocca (supervisor de Servicios Técnicos), David Sánchez (supervisor de Mantenimiento), Ricardo Cortéz (supervisor de Medio Ambiente), Walter Pizarro (gerente de Procesos) y Antonio Adames (gerente General). El último fue removido como máxima autoridad de Veladero tras el suceso, mientras que los demás continúan trabajando.
El derrame sucedió el 12 de septiembre de 2015 y fue a raíz de la rotura de una válvula de la tubería que conduce solución cianurada por el valle de lixiviación (allí se separa el mineral de la roca). Además, se detectó que una compuerta que debía estar cerrada quedó abierta y en lugar de que el compuesto fuera al canal de contención, llegó al río.
Las fuentes aseguraron que en función de esos hechos y las pruebas recogidas, Oritja acusa a los imputados del delito contemplado en el artículo 56 de la ley nacional de residuos peligrosos (24.051), que es un apéndice del Código Penal. El mismo le impone una pena de 1 mes a 2 años de prisión en suspenso (no es de cumplimiento efectivo) a quienes causen una adulteración peligrosa para la salud del agua, el aire o el suelo “por imprudencia o negligencia... o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas”.
Con la aplicación de esa figura penal, Oritja entiende que hubo contaminación en el área de influencia de Veladero. Las fuentes contaron que se refiere a cursos de agua y que a juzgar por las comparaciones de pericias que hace en el fallo, se trata de los ríos iglesianos Potrerillos, Las Taguas y La Palca.
La resolución se conoce en medio de un fuerte tironeo con el juez de Capital Federal Sebastián Casannelo. Sin pertenecer a la jurisdicción donde sucedieron los hechos, el porteño lo mismo abrió otra causa que derivó en un conflicto de competencia con Oritja
Distintos especialistas opinan que el competente es el jachallero y si esa condición es ratificada en instancias superiores, a la causa que instruye le queda para rato. Los imputados no irían presos si son condenados por ser una pena menor a 3 años, pero es casi un hecho que apelarán e intentarán dar vuelta el procesamiento en la Cámara Penal.
El juez de la Segunda Circunscripción judicial, Pablo Oritja, procesó a los nueve ejecutivos de la empresa Barrick por el derrame de un millón de litros de solución cianurada. El hecho ocurrió en la mina Veladero en setiembre del año pasado. La resolución tiene fecha de dos semanas atrás pero recién los imputados serán notificados todos juntos hoy por la mañana en Jáchal.
Los procesados son Leandro Poblete, jefe de Procesos, Segundo Álvarez subjefe de Procesos, Carlos Cabanillas, gerente de Minas, Ángel Escudero, gerente de Prevención de Riesgos, Osvaldo Brocca, supervisor de Servicios Técnicos, David Sánchez, supervisor de Mantenimient, Ricardo Cortéz, supervisor de Medio Ambiente, Walter Pizarro, Gerente de Procesos y Antonio Adames, gerente General. Adames fue removido de su cargo por el incidente. Los nueve procesados serán notificados hoy por la mañana en Jáchal.
El hecho disparó dos investigaciones judiciales, una en el fuero Federal a cargo del juez Sebastián Casanello y la otra en la Justicia sanjuanina, a cargo del juez Pablo Oritja. Precisamente Oritja entendió que los nueve imputados actuaron de manera negligente, además de transgredir el artículo 56 de la ley Nacional de residuos peligrosos, la 24.051.
Además del procesamiento de sus principales ejecutivos del área Proceso y Medio Ambiente, ahora Barrick deberá enfrentar las sanciones que aplicará la provincia a través del sumario administrativo. Fuentes gubernamentales aseguraron que el dictamen de dicho sumario instruido en el ministerio de Minería está listo, prevé fuertes sanciones y será firmado por el ministro Alberto Hensel esta semana.
Los hechos se conocen cuando las autoridades locales están regresando de Toronto, tras participar en la feria minera en la cual Barrick tiene un papel fundamental. De dicho evento participaron el gobernador Sergio Uñac, el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni y el ministro de Minería, Alberto Hensel.
