Con la firma en disidencia parcial del Frente Renovador de Sergio Massa y del Bloque Justicialista de Diego Bossio, el Gobierno nacional emitió ayer dictamen de mayoría para votar el martes próximo en la Cámara de Diputados la emisión de deuda para pagarle a los holdouts y comenzar a cerrar el default después de 15 años. La sesión se pospuso a pedido de los aliados peronistas de Cambiemos de cara a la cumbre entre gobernadores del PJ y Rogelio Frigerio, que se realizará mañana, para no superponerla con el debate en la Cámara baja.

Los diputados de Massa y Bossio estamparon su firma en el dictamen del oficialismo. Pero firmaron con disidencias parciales: fijar el tope de deuda en 12 mil millones de dólares. El martes, a la hora de la sesión, Cambiemos está dispuesto a acompañar la disidencia que plantearán Massa y Bossio en el recinto para ponerle un límite al endeudamiento. Sin los votos de ese sector del peronismo el proyecto no podría sancionarse en Diputados.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional que ayer obtuvo despacho de mayoría en el plenario de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas no contempla un techo de deuda a emitiro. El exintendente de Tigre, que el lunes por la noche recibió a Frigerio y a Emilio Monzó en su casa de Tigre para pulir los detalles del proyecto, había reclamado explícitamente la fijación de un tope a la emisión de deuda para salir del default. Como el oficialismo no accedió a esa petición, los diputados de Massa y Bossio firmaron ayer el dictamen de Cambiemos pero con disidencias parciales, entre ellas, limitar la emisión de deuda a 12 mil millones de dólares, el monto aproximado que el país debe cancelar ante los denominados fondos buitre que no adhirieron a los canjes de deuda. 

El próximo martes, cuando se realice la sesión en Diputados, el peronismo disidente aliado a Cambiemos planteará su disidencia en el recinto. El Gobierno nacional de Mauricio Macri ya acordó con Massa y Bossio que acompañará esa disidencia en la sesión, es decir que el proyecto sufrirá ese día una nueva modificación que será votada también por los diputados de Cambiemos: poner tope a la emisión de deuda. El colectivo oficialista (PRO + UCR + Coalición Cívica) cuenta con 90 votos.

El FR de Massa alcanza otros 40. Y el Bloque Justicialista, donde también aparecen los legisladores de Juan Manuel Urtubey y sindicalistas como Alberto Roberti, aporta 17 humanidades. La sumatoria, cercana a los 160 diputados, un margen superior a los 129 necesarios para alcanzar el quórum. Ese acuerdo le alcanza a Macri para superar el bloqueo del Frente para la Victoria que anticipó vía Héctor Recalde que no darán quórum. Sin embargo, la bancada kirchnerista presentó ayer su propio dictamen de minoría, a cargo de Axel Kicillof, con una propuesta de pago alternativa.

La fecha de la sesión fue otro tema de conversación, no sólo entre los diputados, sino también en la cena entre Massa y Frigerio, el ministro del Interior y Obras Públicas. El Gobierno nacional aspiraba a sesionar mañana para superponer el debate con la cumbre de gobernadores en Casa Rosada donde volverán a reclamar la restitución del 15 por ciento de los fondos de la coparticipación que Nación retiene a las provincias a través de la ANSES. Pero el massismo logró estirar la sesión hasta el próximo martes, a pesar de que el dictamen ya está listo, para darles a los gobernadores peronistas la posibilidad de negociar los votos para salir del default a cambio de la restitución del 15 por ciento de la coparticipación. Massa pivoteó esa estrategia favorable a los gobernadores a través del chubutense Mario Das Neves y del entrerriano Gustavo Bordet.

La iniciativa, que se votará el próximo martes en el recinto de sesiones, contempla derogar las leyes cerrojo y de pago soberano, y autoriza la emisión de tres títulos de deuda a cinco, diez y quince años de plazo, con tasas promedio del 7 por ciento anual, que se colocarán en el mercado internacional para obtener el efectivo con el que se abonará a los holdouts.

Las reformas al proyecto están vinculadas al límite al endeudamiento que será de 12.000 millones de dólares y no de 15.000 millones, y sobre las comisiones que cobrarán los bancos por la colocación, que no deberán superar el 0,20 por ciento, las que serán explicitadas durante la discusión del próximo martes.

La discusión en el plenario de comisiones -conducido por los titulares de Presupuesto, Luciano Laspina, y de Finanzas, Eduardo Amadeo, se extendió hoy por espacio de más de cuatro horas, y se inició con una exposición del radical Luis Pastori en favor del proyecto impulsado por el Gobierno nacional.

Pastori dijo que de esta forma "estamos cumpliendo lo que prometimos en la campaña y fue ampliamente plebiscitado que es solucionar el problema de la deuda".

En tanto, el diputado del Frente Renovador, Marcos Lavagna, propuso modificaciones, en un caso para que el Poder Ejecutivo informe cada tres meses sobre la deuda y en otro acápite para limitar el monto del endeudamiento.

Otra de las reformas, en este caso referida a la limitación al cobro de comisiones de los bancos colocadores, fue realizada por el secretario parlamentario del bloque radical, Miguel Ángel Bazze, quien señaló que ya estaba consensuado con el presidente de la Comisión de Presupuesto, el macrista Laspina.

Desde el Frente para la Victoria, el exministro y actual diputado Axel Kicillof pidió suspender la emisión de los dictámenes, hasta que no haya un pronunciamiento "de un abogado del Estado que nos dé certeza de que no habrá nuevas demandas contra la Argentina por 400.000 millones dólares", más allá de reconocer que en la actualidad ya no corre "la cláusula Ruffo" que contemplaba un resarcimiento a los tenedores reestructurados si se mejoraba la oferta.

Ante las palabras de Kicillof, el macrista Laspina dijo que "me alegra que el exministro haya aceptado que la cláusula Ruffo no existe más", y dijo que "el Congreso es soberano para derogar la ley cerrojo de la misma manera que la aprobó.

En caso de avanzar el próximo martes en Diputados, el proyecto comenzará a ser analizado por el Senado. El juez Thomas Griesa impuso un dead-line el próximo 14 de abril para cancelar la deuda con los holdouts con una quita aproximada del 25 por ciento.