El candidato Pedro Pablo Kuczynski (PPK) propone crear un banco de fomento para apoyar la formalización de los mineros pequeños e ilegales. El banco sería de capital público y privado, y compraría mineral a los pequeños productores que cumplan con reglas básicas tributarias y ambientales.
Si bien el financiamiento es una traba para que los mineros puedan formalizarse, crear una entidad estatal que los financie no es lo más sensato, más aún considerando los antecedentes de Agrobanco, el Banco de Materiales y del mismo Banco Minero que existió en el pasado.
La actividad minera es una actividad intrínsecamente riesgos. No se puede controlar el precio de venta –los metales son commodities cuya cotización se transa en los mercados internacionales–, salvo se contraten instrumentos derivados a efectos de fijar el precio (coberturas). Esto último es demasiado sofisticado para la mayoría de mineros en proceso de formalización. Además existe un gran riesgo geológico –el mineral económicamente explotable podría acabarse–. Este riesgo podría ser mitigado si se realiza un adecuado programa de exploración en las concesiones mineras, pero son pocos los mineros en proceso de formalización que realizan exploraciones, ya que la mayoría de ellos explotan sólo la parte superficial de las concesiones. En consecuencia, no saben cuánto tiempo más podrán explotar la concesión.
Asimismo, el público objetivo de un posible banco de fomento minero es muy limitado. Sólo 30,000 mineros lograron avanzar hasta la etapa de Saneamiento, la segunda etapa del proceso de formalización. ¿Cuántos de estos mineros cuentan con contrato de explotación, cesión minera o son titulares de la concesión en la cual operan? ¿Cuántos tienen la titularidad del terreno superficial? ¿Cuántos tienen acuerdos con las comunidades campesinas donde operan? Seguramente muy pocos. Es decir, la mayoría de los mineros no tendría la capacidad de garantizar debidamente el financiamiento que se les otorgue, debido a que no son titulares de nada. Incluso en el supuesto negado que sí sean titulares, la mayoría de las propiedades no tendría valor al no haber realizado si quiera una exploración básica de la propiedad minera que determine reservas probables –y por ende su valor potencial–.
Por otro lado, la propuesta de adquirir productos de los mineros tampoco es acorde a las necesidades actuales del mercado. Existe una enorme cantidad de traders locales que aseguran la competencia necesaria para una comercialización favorable para los empresarios mineros. La intervención del Estado distorsionaría el mercado: el banco minero muy probablemente ofrecería términos comerciales más favorables –subsidiados por dinero público–. De hacerlo, competiría de manera desigual con las empresas privadas.
En mi opinión, sí existen otros mecanismos que incentivan la formalización de la pequeña minería y minería artesanal, como beneficios tributarios para quienes se formalicen, con tasas preferentes para el impuesto a la renta tal como tiene en el sector agrícola, e inclusive bonos por concepto de formalización. Para esto es indispensable que las Direcciones y Gerencias Regionales de Energía y Minas –las responsables del ejecutar la formalización de los mineros– sean dotadas de presupuesto y de personal calificado, y que además que sean supervisadas por el Ministerio de Energía y Minas. Hoy en día, la falta de competencias y presupuesto, así como la corrupción en estas entidades es un factor clave detrás del magro avance del proceso de formalización. Es clave repotenciarlas y fiscalizarlas a fin de que un eventual nuevo proceso de formalización sea exitoso y tenga avances reales,
* Gerente general de Saleman Consultores, consultora especializada en formalización minera
