Los dirigentes que lideraron el aimarazo cocinan una marcha en rechazo al candidato presidencial de Todos por el Perú, Julio Guzmán. Y es que las declaraciones del asesor en temas energéticos del partido, Pedro Gamio, de que en un eventual gobierno de Guzmán se podría retomar el proyecto minero Santa Ana, encendieron los ánimos de estos dirigentes. Este yacimiento minero se asienta en el distrito de Huacullani, provincia de Chucuito-Juli, al sur de Puno.
Patricio Illacutipa, presidente del Frente de Defensa de la Zona Sur de Puno, advirtió que las declaraciones de Gamio vuelven a provocar a la población aimara. “Qué cree el señor. Nosotros dijimos no, y no vamos a permitir el proyecto. Eso nos ha costado días de sufrimiento y lucha”, precisó.
Anunció que si persisten en la idea volverán a las calles porque creen que su mayor interés es la protección del medio ambiente.
Pedro Gamio negó que se haya mostrado a favor del retorno del proyecto, pero consideró que si el pueblo dijo que no, debe respetarse.
Sin embargo, dice que haberle quitado la concesión de manera unilateral le costará al Perú 850 millones de dólares por concepto de indemnización. “Si perdemos cientos de obras se dejarán de hacer, sobre todo para los sectores más pobres del país”, precisó Gamio.
Añadió que la empresa, por voluntad propia, debió retirarse ante el rechazo de la población.
Pedro Gamio consideró que el aimarazo es un mal ejemplo para otras partes del país. Resaltó que en otras regiones la minería vive en armonía con la población y las comunidades campesinas.
El sociólogo Carlos Flores consideró que el tema no debe politizarse. Recordó que si el proyecto fue retirado unilateralmente ante el rechazo, fue porque se dio en un contexto político en el que los peruanos en el 2010 iban a elegir a un nuevo presidente del Perú.
