Los diputados opositores Marita Colombo y Miguel Vázquez Sastre lanzaron diversos cuestionamientos contra la política minera del Gobierno provincial y marcaron las implicancias del fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó sin informe de impacto ambiental al proyecto Agua Rica.
Colombo recordó que el "beneficio del contrato entre Yamana Gold y CAMYEN SE, según lo planteado por el Gobierno, eran las utilidades de Agua Rica. Pero con este fallo de la Corte, ahora se debe lograr una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) con participación comunitaria”.
Según el contrato, a CAMYEN le correspondería el 3% de las utilidades de Agua Rica, pero la concreción del emprendimiento es cada vez más remota.
Colombo advirtió que el fallo es "lapidario” y obliga a hacer todo de nuevo, además de las incidencias negativas sobre el contrato firmado por CAMYEN SE-Yamana Gold.
"El señor Ángel Mercado (integrante del directorio de YMAD por la Provincia) inventó el distrito minero conformado por Agua Rica y Cerro Atajo, y resulta que los dos yacimientos están con problemas. Esto es lo que sucede cuando ponemos a gente improvisada a improvisar sobre minería. Porque lo de Agua Rica es la consecuencia directa de la actual política minera”, disparó la presidenta del bloque de diputados del Frente Cívico.
Indicó que Agua Rica está sin la aprobación del Informe de Impacto Ambiental (IIA) y que Cerro Atajo se encuentra con la propiedad del yacimiento en litigio a partir de que Yamana Gold no desistió de sus reclamos al respecto, como había prometido el Gobierno. (Ver aparte).
"Digo que este contrato, en estas condiciones y con estos actores, no tiene posibilidad de prosperar”, enfatizó Colombo.
Vázquez Sastre
Por su parte, Vázquez Sastre se refirió al retroceso de Catamarca con la minería y apuntó sus críticas hacia el presunto tráfico de rodocrosita de Minas Capillitas, actualmente bajo la administración de CAMYEN SE.
"No tengo dudas de que retrocedimos en materia minera en estos últimos años. Cualquier inversor busca seguridad jurídica, y si eso no está, no habrá ninguna inversión. La minería debería ser el eje central de nuestro desarrollo y los manejos dudosos de este Gobierno nos alejan de esa posibilidad”, analizó.
El legislador consideró oportuno solicitar explicaciones por el negocio de la rodocrosita y las dudas que surgen sobre su sistema de comercialización.
"Estamos estudiando y siguiendo de cerca lo que sería el tráfico de la rodocrosita. Ya pedimos informes, pero no es lo único que estamos haciendo porque la situación es de extrema gravedad", concluyó el legislador.
Cerro Atajo
En septiembre de 2015 se informó que la Secretaría Minería había aprobado el Informe de Impacto Ambiental (IIA) de Cerro Atajo que había presentado la empresa estatal minera CAMYEN SE. Desde el Gobierno sostuvieron que el trámite era independiente de la presentación judicial y que CAMYEN SE no presentó "ningún incumplimiento que impida la aprobación". El informe presentado por la empresa estatal era por la exploración y mejoramiento de los accesos a las 17 minas del distrito.
Los diputados del FCS solicitaron al secretario de Minería, Rodolfo Micone, que revoque la resolución SEM Nº 733/15 por considerarla "nula de nulidad absoluta”. Dado el conflicto judicial que tiene la empresa estatal con Agua Rica por la propiedad de las 17 minas de Cerro Atajo, dijeron, no están claras las responsabilidades por eventuales daños ambientales.
Plantearon que, si bien entre CAMYEN y Agua Rica existe un "acuerdo transaccional” para aunar esfuerzos en actividades de prospección y exploración en el Área del Cerro Atajo, Yamana Gold no desistió de su planteo judicial por la propiedad de las 17 minas en litigio, como se había anunciado.
El Ancasti
Un grupo de legisladores, abocados al análisis del contrato firmando entre CAMYEN SE-Yamana Gold por Cerro Atajo, detectó lo que a su criterio serían irregularidades que generarían un perjuicio a la Provincia.
El estudio realizado por diputados del Frente Cívico y Social (FCS) sobre el accionar de Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado será presentado esta semana ante la totalidad de los integrantes del bloque opositor. Luego se invitará a las autoridades de CAMYEN SE para que expliquen varios puntos del contrato que generan dudas o que presentarían irregularidades de tipo legal en su confección.
"Nos llama poderosamente la atención el renunciamiento a normas del Código Civil, cosa que es absolutamente ilegal”, subrayó el diputado Luis Lobo Vergara a El Ancasti.
El legislador, de profesión abogado, señaló en términos generales las observaciones a las que arribaron, ya que en primera instancia brindarán toda la información al bloque del FCS.
"Sorprende los términos del contrato (CAMYEN SE-Yamana Gold por Cerro Atajo) porque hay repetición de artículos, también artículos que se contradicen”, precisó.
Pero las falencias técnicas del contrato presentarían aún más interrogantes. "Entendemos que, en las condiciones contractuales, una parte tiene todas las prerrogativas y, la otra, todas las obligaciones. Yamana Gold tiene todas las prerrogativas, ya que puede disolver el contrato con la simple notificación –como en cualquier contrato del derecho civil- y, sin embargo, si CAMYEN SE quiere disolver el contrato, tiene que pasar ante autoridad de cosa juzgada, es decir, iniciar un juicio que puede durar 6 meses, 1 año, 2 años ó 10 años”, aseveró Lobo Vergara.
El legislador apuntó tanbién sus dudas hacia las condiciones legales del acuerdo contractual entre CAMYEN SE-Yamana Gold. "¿Por qué renuncian a normas del Código Civil que son irrenunciables?", se preguntó Lobo Vergara.
"La Constitución de la provincia de Catamarca especifica que las funciones de los funcionarios están limitadas, y no al revés. Para los funcionarios públicos, todo lo que no está autorizado por la Constitución, está prohibido. Y renunciar a normas del Código Civil es ilegal. No nos olvidemos que aquí está actuando una sociedad privada con capitales estatales”, advirtió.
Lobo Vergara adelantó que son "graves" las observaciones que harán ante el bloque primero y, después, frente a las autoridades de CAMYEN SE.
Control del TC
Reiteración de la "buena fe"
Del estudio realizado sobre el contrato surgieron muchas dudas sobre el espíritu real del contrato. Porque la firma del mismo terminaría siendo como una "imposición de la empresa Yamana Gold”, según se advierte en el análisis preliminar.
"Cuando dos partes se juntan a acordar los términos es para acordar la relación a partir de la buena fe. En este contrato varias veces se invoca la necesidad de actuar con buena fe, lo que hace presumir lo contrario”, señaló Lobo Vergara.
A casi dos décadas del inicio de la explotación de Bajo la Alumbrera, el sueño de varias generaciones de catamarqueños puede considerarse sepultado.
Los gobiernos radicales y peronistas que se sucedieron en la administración de lo que, con muy benevolente criterio, se denomina política minera, no solo son responsables de una gigantesca malversación económica, social y política. Les corresponde sobre todo el mérito de haber convertido la minería en una maldición para Catamarca, tras el despilfarro de la renta pública proveniente de la actividad en clientelismo, demagogia y corrupción, y gestiones caracterizadas por la falta de claridad y las maniobras impregnadas de sospechas.
Como resultado, la minería que arrojó dividendos multimillonarios a las arcas estatales, carece de arraigo cultural en la provincia y es visualizada por la mayor parte de la sociedad catamarqueña como una amenaza. En términos utilizados por los transeúntes del rubro, carece de licencia social.
Sentencia
La reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordena rehacer el informe de impacto ambiental del emprendimiento Agua Rica vino a confirmar la inercia de inoperancia y venalidad que radicales y peronistas comparten.
El tribunal falló a favor de un grupo de vecinos de Andalgalá que objetaron, hace seis años, la aprobación "condicionada” por parte de la Secretaría de Minería de la Provincia del informe de impacto ambiental presentado para la explotación del yacimiento Agua Rica por la empresa Yamana Gold. Por aquel entonces, gobernaba Eduardo Brizuela del Moral y la repartición minera estaba a cargo de José Sinner.
La Corte avaló el criterio de los vecinos andalgalenses en el sentido de que no existe la figura de aprobación condicionada del informe de impacto ambiental. "La normativa aplicable (arts. 251, 254 y concordantes del Código de Minería y 41 de la Constitución Nacional) no prevé la posibilidad de que se apruebe el Informe de Impacto Ambiental bajo la condición de que, en forma previa a iniciar los trabajos, la empresa minera resuelva las objeciones y observaciones formuladas por la autoridad administrativa”, consigna.
Añade que "de la resolución mencionada, por la cual se aprobó el Informe de Impacto Ambiental presentado para la etapa de explotación del proyecto en carácter de Declaración de Impacto Ambiental, surge que la provincia demandada admitió la existencia de problemas ambientales que la empresa debía solucionar antes del inicio de los trabajos, tanto respecto del área de mina Andalgalá, como del área de proceso Campo Arenal”.
Todo a Yamana
La Secretaría de Minería de la Provincia de Catamarca, entonces, le proporcionó a la empresa Yamana Gold un instrumento de significativo valor para traficar en el mundo de los negocios, el Informe de Impacto Ambiental, en forma irregular. Como Yamana Gold no podía desconocer el carácter anómalo del trámite, que lo haya aceptado revela lo torcido de sus intenciones, menos vinculadas al ejercicio de la actividad minera que a la especulación.
No obstante el precedente, el Gobierno en curso no tuvo problemas en asociarse con Yamana a través de la empresa estatal CAMYEN para operar en el área Cerro Atajo. Le otorgó de tal modo el tiempo que la firma privada precisaba para las maniobras especulativas.
Los enjuagues tramados entre los funcionarios provinciales de minería y los representantes de la empresa quedaron en evidencia cuando se conoció que Yamana Gold no desistió del litigio judicial que mantiene con CAMYEN sobre el área Cerro Atajo, pese a los anuncios oficiales de que así lo haría propalados cuando se informó sobre el acuerdo con las alharacas habituales.
CAMYEN, a cargo de Daniel Issi, y la Secretaría de Minería, al mando de Rodolfo Miccone, se resistieron durante meses a publicar los detalles del contrato con Yamana -un funcionario de CAMYEN habló sobre "cláusulas secretas”- hasta que la Corte de Justicia local ordenó girárselo al bloque de la oposición en la Cámara de Diputados. El trámite no se ha cumplido aún en términos formales.
El derrumbe
La sentencia de la Suprema Corte corona con un saldo lamentable el proceso plagado de incompetencia y rastros de corruptelas en el que están asociadas, con más solidez que por el contrato por Cerro Atajo, CAMYEN, Yamana Gold, la Secretaría de Minería y los apadrinadores ubicados en la cumbre del poder provincial.
Agua Rica y Cerro Atajo, que conforman un distrito minero, quedan afectados por severas restricciones. Para Agua Rica debe reformularse el informe de impacto ambiental bajo control comunitario de una sociedad decepcionada y recelosa; la propiedad de Cerro Atajo está en litigio entre CAMYEN y Yamana Gold.
Tal el desenlace de la lúcida política minera provincial. En las hipótesis contractuales, el beneficio para Catamarca de asociarse con Yamana Gold provendría de las utilidades de Agua Rica, cuya explotación es más incierta que nunca.
Vale decir que, de su vínculo con Yamana Gold, Catamarca no ha obtenido hasta ahora nada y las probabilidades de ganar algo en el futuro son más remotas que nunca.
En contrapartida, Yamana Gold retiene los derechos sobre Agua Rica, para continuar con su política de especulación sistemática a la espera de la oportunidad más propicia para negociarlos.
Por qué la Provincia de Catamarca renunció a la chance de aguardar el contexto más favorable para ofertar Agua Rica es un interrogante que admite escasas respuestas lógicas. O se está en presencia de una torpeza y una inoperancia inverosímiles por su desmesura, o alguien embucha los beneficios usurpados a la sociedad.
Pocos dudan a esta altura de que el fracaso absoluto que la política minera arroja para Catamarca tiene su contracara en la prosperidad de un puñado de personajes.
Maldita minería
No puede sorprender la reticencia a otorgar la licencia social a la minería. No sólo inciden en esta prudente conducta el despilfarro irresponsable y venal de la renta minera y los evidentes entuertos en que están complicados funcionarios públicos y actores privados.
Andalgalá, Belén, Tinogasta, Santa María -los pueblos mineros- están devastados. No por perjuicios ambientales, sino por el impacto de las lacras que deja el dinero fácil que les cayó en forma de regalías. Sus sistemas productivos fueron arrasados junto a la cultura del trabajo. Las drogas se les enquistaron sobre adicciones en expansión. Las aberraciones sexuales son moneda corriente en paralelo a la prostitución, la timba y el alcoholismo. El vicio en todas sus formas los erosiona moralmente.
Las cuentas para las comunidades son sencillas. Conjugan funcionariato y políticos enriquecidos velozmente, decadencia social y destrucción de los horizontes de progreso ahora que la minería remite.
La bendición de contar con minerales valiosos fue convertida en maldición. El viejo sueño minero degeneró en una pesadilla.
CAJONES
En las hipótesis contractuales, el beneficio para Catamarca de asociarse con Yamana Gold provendría de las utilidades de Agua Rica, cuya explotación es más incierta que nunca.
Las comunidades mineras asisten a una combinación de políticos enriquecidos velozmente, decadencia social y destrucción de los horizontes de progreso ahora que la minería remite.
