De verde a marrón, de bosque a desierto. Esa ha sido la transformación que ha sufrido en los últimos años parte de la Amazonía debido al avance de la minería ilegal. Los nueve decretos legislativos emitidos por el Gobierno en el 2012 que priorizan la lucha contra este delito y establecen las interdicciones (destrucción de maquinaria y de insumos químicos en campamentos ilegales) no han logrado erradicar los campamentos mineros en su totalidad.
Madre de Dios es la región con mayor presencia de minería ilegal, según el alto comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Este delito ha llegado a invadir 498.295 hectáreas de bosques. De hecho, entre el 2001 y el 2014 la fiebre por el oro ilegal ha deforestado 40.977 hectáreas de esta zona.
Los cálculos del Ministerio del Ambiente (Minam) refieren que desde el 2010 la deforestación se ha duplicado en esta zona considerada como el corredor minero. Antes del 2009 la deforestación estaba en un promedio de 2.000 a 3.000 hectáreas anuales en esta zona exclusivamente, pero del 2011 hasta el 2014 el promedio está sobre las 5.000 hectáreas anuales.
Asimismo, en Puno han sido depredadas unas 50.000 hectáreas de cultivo. Ambos panoramas evidencian el aumento de la minería ilegal en los últimos años.
¿Qué está haciendo el Estado para cambiar esta situación? El alto comisionado en Formalización Minera, Antonio Fernández, asegura que la lucha contra la minería ilegal es una política de Estado que se ve reflejada en las interdicciones, la formalización de los mineros, la remediación ambiental y la fiscalización y control de lo recuperado.
En cada una de las medianas y grandes operaciones de interdicción participan más de dos helicópteros de las Fuerzas Armadas y miles de agentes de la policía y el Ejército. Estas operaciones le cuestan al Estado, en promedio, un millón de soles.
Solo en el 2015 se realizaron 62 de estas interdicciones, y en lo que va del año ya se han ejecutado cuatro. La última se realizó en Madre de Dios, en donde se movilizó a más de 300 policías, fiscales y procuradores, aunque no hubo ningún detenido. En ella se destruyó maquinaria valorizada en S/10 millones y se invirtió S/955.752 millones.
No obstante, las autoridades reconocen que pese a estas operaciones los campamentos mineros siguen expandiéndose por la Amazonía.
El problema es que las interdicciones no acaban realmente con los campamentos mineros; en muchos casos estos se desplazan hacia otras zonas. Incluso ya han llegado a amenazar 15 áreas naturales protegidas.
“Deberíamos venir cada quincena, lamentablemente el tiempo, la extensión y la cantidad de mineros ilegales en el Perú no lo permite”, indica el coronel César Sierra, asesor en Operaciones de Interdicción del alto comisionado en Asuntos de Minería Ilegal de la PCM.
Fernández asegura que esta estrategia sí está logrando buenos resultados solo que “a largo plazo”.
Para reforzarla, indican, se instalará una base policial a la altura del kilómetro 105 de la Carretera Interoceánica, en la zona conocida como La Pampa.
Para algunos expertos consultados, el gasto en el que incurre el Estado en estas megaoperaciones es excesivo e innecesario. César Ipenza, abogado ambientalista, refiere que esta política solo es mediática y que el Estado debe incidir en la formalización minera que, como se ha llevado, asegura, ha sido un fracaso.
Pese a que las normas establecen que toda maquinaria utilizada para la minería ilegal debe ser destruida por la policía en las interdicciones, Ipenza cree que estas herramientas deberían ser reutilizadas para otras actividades.
Según el Ministerio de Energía y Minas, más de 70 mil mineros informales se han acogido al proceso de formalización. No obstante, solo el 40% ha pasado al segundo de los cinco pasos para adecuarse a este sistema. El registro y saneamiento de los mineros debería cerrarse este año. “Que no digan que no les damos alternativas para dejar ese mundo de la minería ilegal. Pueden formalizarse, pero no lo están aprovechando”, sentencia Fernández.
