Por medio de un reciente decreto, el gobierno nacional eliminó los derechos de exportación sobre los productos mineros, incluyendo oro, cobre, plata, potasio, molibdeno y litio. Estos productos estaban sujetos a retenciones de entre el 5 y el 10%. El decreto justifica la medida en la necesidad de mejorar la posición competitiva de la minería argentina frente a sus pares de la región.
Tal decisión fue adoptada como una excelente noticia por las provincias que tienen yacimientos en exploración y, obviamente, por el sector minero. Sin embargo, distintas organizaciones no gubernamentales y sectores de la sociedad elevaron sus críticas por entender que se trata de una acción que favorece a una actividad altamente contaminante que, a juicio de esos sectores, no debería ser incentivada.
La minería está, desde 1993, sujeta a un régimen de estabilidad fiscal instituido por la ley de inversiones mineras, que consiste en el compromiso del Estado de no incrementar la carga tributaria de los emprendimientos por 30 años, con el propósito de promover las inversiones en ese sector. Sin embargo, en 2002, el Ministerio de Economía fijó, en forma transitoria, derechos de exportación con fines eminentemente recaudatorios que sólo alcanzaban, inicialmente, a los nuevos proyectos de inversión minera.
Con posterioridad, en evidente violación del régimen de estabilidad fiscal, hacia fines de 2007, los entonces secretarios de Comercio Interior y de Minería de la Nación instruyeron a la Dirección Nacional de Aduanas a que cobrase las mencionadas retenciones a la exportación incluso a las compañías que se encontraban amparadas por el régimen de estabilidad.
Frente a esa situación -que ya había originado varios reclamos que llegaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación-, el reciente decreto elimina las retenciones por entender que provocaron "una situación de pérdida de competitividad frente a las restantes naciones con actividad minera".
Desde el punto de vista meramente fiscal no existe ninguna evidencia comprobable de que la alta presión tributaria haya logrado, de modo indirecto, proteger el medio ambiente, sino que, por el contrario, ha generado una disminución en el nivel de inversiones que aumenta considerablemente ese riesgo. Sin embargo, en la Argentina, cualquier debate que involucre al sector minero genera una discusión de fondo que pone en duda el concepto de minería sustentable o responsable. Probablemente, debido a la falta de controles específicos y eficientes sobre la actividad y los vaivenes políticos.
Es así que, de modo inexorable, se asocia a ese sector productivo con el riesgo latente de un desastre ambiental, no porque sea imposible desarrollar la actividad de un modo técnicamente seguro, sino debido a la dificultad de garantizar los controles que la actividad requiere.
Rápidamente, se relaciona esta medida con el derrame de cianuro producido en octubre del año último en la mina Veladero, de la empresa Barrick Gold. Aún más luego de la reciente noticia de que un nuevo peritaje oficial realizado en San Juan sostuvo que se contaminaron cinco ríos de la región. Viene a la memoria el accidente: la rotura de una cañería en la mina Veladero, explotada por la mencionada minera, y el posterior derrame de aguas cianuradas se difundieron por las redes sociales antes de cualquier anuncio de la empresa o de la autoridad local.
El entonces gobernador José Luis Gioja y la empresa minimizaron los hechos. Incluso, el presidente de la cámara minera provincial afirmó: "Como el cianuro está muy diluido en agua, te podés tomar hasta medio vaso que no te hace nada". Luego, se conoció que el derrame superaría el millón de litros de solución cianurada a la cuenca de los ríos Potrerillos, Jachal, Las Taguas y Blanco debido a una falla de mantenimiento de una válvula.
Viene también a la memoria la ley de protección de glaciares sancionada en 2008, con la unanimidad de ambas cámaras del Congreso, pero vetada inmediatamente por la entonces presidenta Cristina Kirchner, suceso recordado como el "veto Barrick", por la presión de la empresa responsable del Proyecto Binacional Pascua Lama, que ya explotaba el yacimiento de oro en Veladero, en San Juan, y cuyo presidente se había reunido con Néstor Kirchner y el ministro Julio De Vido días antes del veto en Nueva York.
Es evidente que quienes apelan al argumento ambientalista para rechazar la eliminación de las retenciones sobre los productos mineros ven en ella un premio a las empresas mineras que contaminaron de cianuro los ríos de San Juan, aun cuando la mayor presión tributaria no generara un mayor contralor ambiental, ya que las retenciones a las exportaciones mineras eran un impuesto no coparticipable, por lo que financiaban rentas generales del Estado nacional sin afectación específica a políticas ambientales y sin reportar beneficio alguno para las provincias donde se produce la extracción de los metales y demás productos minerales.
Es cierto que al anunciar la eliminación de las retenciones a las exportaciones en el sector minero Mauricio Macri instó a "desarrollar" la producción "en absoluto respeto por el medio ambiente". Sin embargo, el anuncio realizado en San Juan sin exigir una mayor transparencia, escasa en el sector, y un plan de inversión serio que disminuya el riesgo ambiental que toda actividad minera implica parece una medida que hace preponderar la producción sobre la salud y bienestar de las poblaciones y el manejo sustentable de nuestros recursos.
Nadie niega que resulta prudente revisar el sistema impositivo minero ni la necesidad de preservar la competitividad del sector, pero debería repararse en que determinadas medidas sin contrapartida pueden ser confundidas y afectar la imprescindible credibilidad de un gobierno que llegó al poder con la promesa de dejar atrás un relato mentiroso para enarbolar nuevos valores.
El Gobierno justificó la medida a partir de considerar que las retenciones desincentivaban las inversiones. Dos investigadores cuestionan esa concepción y plantean otras consecuencias.
Por Roberto Adaro *
Mediante el Decreto 349/2016, el presidente Mauricio Macri eliminó las retenciones a las exportaciones mineras, que representaban para el Estado algo más de US$ 200 millones. Desde diciembre de 2007 se aplicaba un porcentaje de retención a las ventas externas del sector a través de una disposición de Aduana, que extendía el marco general de retenciones implementadas desde 2002, en virtud de las ganancias extraordinarias que obtenían las mineras por el elevado precio de los metales.
El gobierno nacional justifica la nueva medida a partir de considerar que las retenciones han desincentivado inversiones; pretende una comparación tributaria con Chile, Perú, Colombia y Brasil; se justifica en la pérdida de competitividad de las pymes, y en la potencial pérdida depuestos de trabajo. Afirma también “que la incidencia negativa de los derechos de exportación sobre las operaciones mineras en marcha excede considerablemente los beneficios que se generan para el erario”. Luego alude al federalismo, a la reactivación de la economía y a la prosperidad del país.
Nuestra historia económica ha comprobado que reducir tributos no redunda en mayores inversiones y más puestos de trabajo, sino en mayores ganancias en manos privadas; más aún tratándose de empresas trasnacionales. Si bien las Pymes mineras son mayoría en el sector, su participación es menor en el valor bruto de la producción y menos aún en las exportaciones. Si los derechos de exportación percibidos por el Estado Nacional ocasionaban un “problema federal”, quizás la alternativa era coparticiparlos, tal como en su momento se hizo con el Fondo Federal de la Soja. No se brindan argumentos que puedan contrastar la “incidencia negativa” de las retenciones, versus los perjuicios directos para el Estado de una menor recaudación, en un contexto en el que el propio gobierno justifica despidos y políticas de ajuste en base a un supuesto déficit fiscal exagerado.
Se refuerza la matriz impositiva regresiva –dejando más en manos de quienes ya tienen mucho– y se desfinancia el Estado a cambio de promesas y expectativas de inversión: el gobierno concede estos beneficios sin asegurarse a cambio nada de lo que promete, ya sean inversiones, aumento de producción o más puestos de trabajo.
Al respecto, Barrick Gold en su informe anual de resultados y proyecciones para 2016, menciona una reducción de sus costos por onza de oro de US$ 946 en 2015, a US$ 900/830 para 2016, con precios que superan los US$ 1200 por onza. La empresa destaca que la devaluación del peso influye en la baja de sus costos, y asimismo, espera beneficiarse del levantamiento de las restricciones a la importación. Nada dice de nuevas inversiones.
El marco legal e institucional que sustenta la actividad minera fue “perfeccionado” en los años noventa, de igual modo que durante esa década se perfeccionaron las políticas económicas, sociales y culturales de corte neoliberal, iniciadas por la dictadura. Con la liberación y el fomento por parte del estado, del acceso a los capitales trasnacionales en un sector estratégico como la minería, se complementaba el llamado enfoque monetario de la balanza de pagos (EMBP). Se promueve que los déficits del sector externo podían solucionarse por vía de la cuenta de capitales; o sea endeudándonos cuando importábamos más de lo que exportábamos. Así creció nuestra deuda externa. Cuando esto no fue suficiente, se malvendieron las empresas públicas por vía de las privatizaciones. Como tampoco alcanzó, se ofreció al capital trasnacional lo poco que quedaba: nuestros recursos naturales, y los minerales con ellos.
Uno de los principales impulsores de la reformas en la regulación minera durante el gobierno de Menem y funcionario de aquel fue Daniel Meilán, actual secretario de Minería del gobierno de Macri.
El EMBP desembocó en la crisis del 2001, y sus consecuencias económicas, políticas y sociales. La eliminación de las retenciones a la minería se enmarca en un conjunto de medidas económicas del gobierno de Mauricio Macri que dificultan la producción industrial nacional, recortan barreras a la importación, desfinancian al Estado, y promueven el endeudamiento como alternativa de financiamiento. Una especie de déjà vu menemista, que esperemos, tenga un devenir distinto de aquel.
* Centro de Estudios en Políticas de Estado y Sociedad Centro de Investigaciones Geográficas - Unicen.
Por Laura Alvarez Huwiler *
Con la cordillera nevada detrás y frente a varios gobernadores de provincias “mineras”, entre los cuales se encontraban tanto kirchneristas como de Cambiemos, hace tres semanas el actual presidente Macri anunció una medida bastante inesperada: la eliminación de las retenciones a este sector.
¿Qué hay detrás de una medida que, lejos de cambiar, continúa y amplía los beneficios de las corporaciones mineras? Dos cuestiones nos sirven para comprender la medida adoptada por Macri. Los tres tributos a la minería importantes para el Estado nacional y los provinciales son el impuesto a las ganancias, derechos de exportación (retenciones) y las regalías. Los primeros dos los recauda el Estado Nacional, pero el segundo no es coparticipable. El tercero, las provincias.
Según se argumenta en el decreto macrista, la eliminación de las retenciones se debería a que el mencionado esquema tributario “ha posicionado a la República Argentina en una situación de pérdida de competitividad frente a las restantes naciones con actividad minera, encontrándose en desventaja respecto de países como la República del Perú, la República de Chile”. Sin embargo, según un informe de 2011, la propia Olami, representante de los intereses empresarios mineros, afirma que “en el caso de que las retenciones fueran del 5 por ciento implica una carga tributaria similar a las que tienen Chile y Perú”. Por lo tanto, con el fin de las retenciones, la tributación argentina estaría por debajo de la vigente en los países mencionados por Macri.
Hace dos décadas que en nuestro país rige un nuevo Código de Minería, reformado gracias a un conjunto de leyes sancionadas en su mayor parte durante el menemismo que abundan en beneficios para las corporaciones mineras “incluidas entre aquellos que ‘se las llevaron con pala’, según la misma Cristina Kirchner”. Salvo en lo que respecta al porcentaje de las retenciones, el kirchnerismo no modificó estas leyes. Y tampoco Macri, quien más bien pone el moño al regalo de los 90.
El aumento de las retenciones decidido por Cristina Fernández en 2007 “con sus antecedentes en los gobiernos de Duhalde y Kirchner” respondió más a una necesidad de percibir mayores ingresos fiscales que a una política dirigida contra el sector minero. No obstante, las empresas llevaron el caso a la Corte Suprema de la Nación, quien dejó sin efecto aquella disposición para varias empresas.
Pero dicho aumento no sólo fue cuestionado por las empresas, sino también por las provincias que “no recibirían ningún beneficio”. El argumento de algunos funcionarios provinciales se basó, principalmente, en que las retenciones no son coparticipables. En este sentido, la medida que acaba con el impuesto sobre las exportaciones mineras puede verse no sólo como un guiño a las empresas sino también a los gobernadores, en medio de la búsqueda de apoyo político del actual presidente.
Se premia así a un sector que no tiene mayor prurito en arrasar con nuestros bienes naturales. Recordemos que, recientemente Barrick Gold fue denunciada por haber derramado cianuro en los afluentes del río Jáchal, en plena cordillera sanjuanina. Un estudio técnico sobre el agua del río detectó contaminación con metales en dosis de hasta 1400 por ciento por encima de los valores tolerables y este hecho fue reconocido incluso por la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación.
Pero mientras se sigue debatiendo en torno a las retenciones, cientos de asambleas de vecinos autoconvocados que vienen rechazando desde hace 15 años la instalación de los pulpos mineros (bajo consignas como el del “agua vale más que el oro” o “el agua de Mendoza no se negocia”) se reunirán a fines de marzo en el pueblo de Jáchal en el 26 encuentro de la UAC. Y, a diferencia de quienes se limitan a discutir la distribución de la renta, ante el avance de las multinacionales, sus megaproyectos mineros y los graves problemas que ocasionan, las asambleas se convocan no sólo para rechazar las medidas adoptadas por Macri sino, y sobre todo, para defender la autodeterminación de los pueblos y el fin de esa barbarie a la que algunos llaman desarrollo.
¿No es hora de que, además del árbol, se discuta el bosque?
* Magister en Sociología Económica, doctora en Ciencias Sociales, becaria posdoctoral del Conicet, investigadora del Centro Iesac-UNQ y del CCC.
