La Policía Federal de Brasil detuvo al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva para interrogarlo el viernes en una operación contra la corrupción y lavado de dinero, y dijo que ganancias ilegales habían financiado campañas y gastos del gobernante Partido de los Trabajadores.
La policía reveló en un comunicado que tenía pruebas de que Lula recibió beneficios ilícitos de un esquema de soborno de la petrolera estatal Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) en la forma de pagos y bienes raíces de lujo.
“El ex presidente Lula, además de ser el líder del partido, fue el responsable final de la decisión sobre quiénes serían los directores de Petrobras y fue uno de los principales beneficiarios de estos delitos”, dijo la policía en el comunicado.
“Hay evidencia de que los delitos lo enriquecieron y financió campañas electorales y al tesoro de su grupo político”, agregó.
Un portavoz de Lula no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios el viernes.
La Policía dijo que, en la última fase de la investigación sobre la operación conocida como “Lavado de Autos”, ejecutó 33 órdenes de allanamiento y 11 de detención en distintas ciudades, entre la que se incluyeron dos en Sao Bernardo do Campo, donde vive Lula. Unos 200 policías y 30 auditores de la oficina de impuestos federales participaron en la operación del viernes.
La fundación de Lula dijo en un comunicado el jueves que el ex presidente nunca había cometido algún acto ilegal antes, durante o después de su período presidencial.
Su detención podría ser el mayor evento hasta ahora en una investigación sobre presunta corrupción en Petrobras, que ha involucrado a legisladores y a algunos de los más poderosos ejecutivos de negocios de Brasil.
Lula gobernó Brasil desde el 2003 hasta el 2010, cuando los fiscales alegan que ocurrieron la mayoría de los chanchullos. Su detención podría afectar la reputación del líder más querido en la historia moderna de Brasil y amenaza al Gobierno de su protegida y sucesora, Dilma Rousseff.
La mandataria también ha negado reiteradamente las acusaciones.
La prensa brasileña reportó el jueves que el senador del partido gobernante Delcidio Amaral, un importante aliado legislativo de Rousseff antes de ser arrestado en noviembre, supuestamente vinculó a la presidenta y a Lula en el escándalo que envuelve a Petrobras.
Ambito
Los mercados en Brasil fueron impulsados este jueves por la presunta implicación que el senador del oficialismo Delcidio do Amaral, hizo ante fiscales sobre la presidente Dilma Rousseff y el exmandatario Lula da Silva con el caso Petrobras. Esa versión provocó que el Bovespa subiera 5,1% y en el mercado de divisas, y el real se apreciara un 2% frente al dólar, moneda que era negociada a 3,811 reales para la venta en el tipo de cambio comercial.
La información surge de una nota publicada en la revista IstoE en donde se asegura que el senador en una declaración a la justicia había vinculado a la presidente empleó su influencia para mantener en sus cargos a gerentes de Petrobras acusados de corrupción y que Lula intentó sobornar al exdirector de Petrobras Nestor Cerveró, también implicado, a cambio de que no colaborara con la justicia.
Sin embargo, posteriormente, el propio senador negó haber realizado la declaración a la revista Istoé. "En principio, ni el senador Delcidio ni su defensa confirman el contenido del reportaje", puede leerse en la prensa brasileña.
"Desconocemos el origen y tampoco reconocemos la autenticidad de los documentos anexados al texto" publicado por Istóe, indica la nota, firmada por Amaral, quien se encuentra en régimen de prisión domiciliaria, y por su abogado, Antonio Augusto Figueiredo.
La revista Istoé dijo haber tenido acceso a una supuesta declaración que Amaral hizo a la Justicia después de que fue detenido, en noviembre pasado, por haber intentado sobornar a un implicado en la corrupción petrolera a cambio de que se negara a colaborar con la Justicia.
En esa nota se publican copias de algunos de esos documentos, indica que Amaral reveló que Rousseff intervino directamente en el nombramiento de miembros del Supremo Tribunal de Justicia a fin de favorecer "la liberación" de algunos empresarios detenidos por el caso.
Amaral, según Istoé, confesó que trató ese asunto "personalmente" con Rousseff en la residencia oficial de la mandataria y también con uno de los jueces que se habría "comprometido" a colaborar con la liberación de los presos.
Sobre Lula, Istoé afirma que Amaral declaró a las autoridades judiciales que fue quien le "pidió expresamente" que intentara sobornar al exdirector de Petrobras Nestor Cerveró, implicado en el asunto, a cambio de que no colaborara con la justicia.
La supuesta declaración del senador Amaral causó indignación en el Gobierno, que se manifestó a través del abogado general de la Unión, José Eduardo Cardozo, quien asumió hoy mismo ese cargo tras renunciar al puesto de ministro de Justicia.
"Es una historia inverosímil", afirmó Cardozo en una rueda de prensa en la que negó en forma categórica que el Gobierno haya influido en las investigaciones sobre la corrupción en Petrobras o que haya intentado alterar "el rumbo" de las averiguaciones.
El Instituto Lula también se manifestó sobre el asunto y negó que el expresidente, fundador de esa institución, haya participado en algún tipo de maniobra ilegal.
Según un breve comunicado difundido por el instituto, Lula "jamás participó, directa o indirectamente, de cualquier ilegalidad, bien sea en los hechos investigados por la Operación 'Lava Jato' (como se conoce a la investigación en Petrobras) o en cualquier otro, antes, durante o después de su gobierno".
La oposición, por su parte, anunció que se propone anexar las supuestas denuncias de Amaral a la solicitud para un juicio político contra Rousseff que presentó el año pasado, por maniobras contables que el Gobierno supuestamente hizo en 2014 y 2015 para maquillar sus resultados.
"Sería una omisión imperdonable no permitir que el proceso de 'impeachment' no contemple esas informaciones", declaró el senador y excandidato presidencial Aécio Neves, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), sobre las denuncias que habría hecho el senador Amaral.
El presidente de la Cámara de Diputados y tercero en la sucesión presidencial en Brasil, Eduardo Cunha, será juzgado por la Corte Suprema en una causa que investiga si cobró sobornos por al menos cinco millones de dólares en el fraude a la estatal Petrobras.
Por unanimidad los 10 jueces presentes votaron por iniciar una acción penal contra Cunha, un astuto político considerado el principal rival de la presidenta Dilma Rousseff, que es acusado de los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero.
La denuncia había sido realizada el año pasado por el fiscal general Rodrigo Janot, quien señaló que el diputado solicitó dinero para facilitar un negocio de dos navíos sonda del astillero Samsung Heavy Industries para Petrobras entre junio del 2006 y octubre del 2012.
El valor combinado de ambas operaciones fue de 1.202 millones de dólares, según consta en la acusación de la fiscalía.
"Por unanimidad es acogida (la denuncia)", dijo el presidente del tribunal, Ricardo Lewandowski, durante el plenario que dio inicio al proceso penal y en el que faltó un juez por estar en el exterior.
Cunha se convirtió en el primer político protegido por fueros que deberá sentarse en el banquillo de los acusados de la Corte Suprema en el marco del escándalo del "Petrolao", que drenó ilegalmente más de 2.000 millones de dólares de la estatal.
La investigación es considerada la mayor en la historia de Brasil y tiene a parlamentarios, gobernadores, exfuncionarios y algunos de los principales empresarios del país en la mira de la justicia.
Cunha es una de las figuras más prominentes de la crisis política y económica que conmueve a la potencia latinoamericana. Durante 2015 manejó la agenda legislativa y propinó severas derrotas al gobierno izquierdista de Rousseff.
Sitiado por denuncias en su contra y con un proceso abierto en el Consejo de Ética de la cámara que conduce, aceptó abrir un pedido de impeachment contra la presidenta presentado por un grupo de juristas que la acusan de adulterar las cuentas públicas.
Su maniobra fue vista por el Palacio de Planalto como una venganza personal luego de que el oficialismo respaldara la investigación del Consejo para determinar si ocultó a sus colegas cuentas bancarias en el extranjero.
El legislador anticipó que no renunciará a su cargo y sólo el Congreso tiene la prerrogativa de anticipar el fin de su mandato, una medida que también fue pedida por la fiscalía a la Corte Suprema por considerar que Cunha estaba usando su cargo para obstaculizar la investigación de su caso.
