Para los gremios petroleros la principal parte que incumple el acuerdo firmado el 1 de febrero es el Gobierno nacional. Apuntan que hasta ayer –pese a la presencia de Mauricio Macri en la provincia- no estaba presentada la norma con el detalle del subsidio al barril de exportación, que no hubo controles de subida de equipos o de la situación laboral en yacimientos y que la reunión de monitoreo de la crisis –que debió realizarse el 25 de febrero- tendrá lugar recién hoy.
Los sindicatos de Petroleros Privados y Jerárquicos no estuvieron ayer en Rawson en la Legislatura para manifestar así su descontento con Macri. Además de la crisis petrolera, cuestionaron lo insuficiente de los cambios en el Impuesto a las Ganancias, aunque diferenciaron la labor del gobernador Mario Das Neves que al menos cuestionó las responsabilidades de las operadoras del sector.
Así lo graficaron fuentes cercanas al secretario general de Petroleros Privados, Jorge Ávila. El gremialista llegó ayer a Buenos Aires para la audiencia de conciliación por el paro de mediados de febrero ante el retraso de la suba de equipos y amagues de reducir cuadrillas. En tanto, hoy es la primera reunión de monitoreo de la crisis petrolera.
El monitoreo fue fijado para la última semana de todos los meses, aunque el 25 de febrero fue pospuesto porque el Ministerio del Trabajo, conducido por Jorge Triaca (h) abocaba todas sus fuerzas a resolver la paritaria de los cinco sindicatos docentes de alcance nacional. La otra fecha era el martes pasado, pero también cancelaron. Hoy debería ser la definitiva.
DLS EN LA MIRA
A todo este panorama se sumó otro conflicto. DLS notificó que por los diez equipos que quedarán en stand by (de 51 que deben estar en el campo, sólo 41 están programados a subir hasta el 31 de julio) ha decidido no reconocerle los mayores costos a las empresas transportistas de personal.
En el sindicato convencional entienden que DLS viola así el acuerdo firmado, por lo que el planteo deberá estar en la mesa de conciliación de hoy en el Ministerio de Trabajo. En las sillas tienen que presentarse los referentes de las firmas que componen la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH, las operadoras) y de la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (CEOPE, las contratistas).
El sindicato exige "ida y vuelta". Hasta ahora han asistido a todas las citaciones, incluso presentaron una nómina de 420 trabajadores en condiciones de jubilarse con el fin de reducir el personal ocioso en los yacimientos. Sin embargo, Nación no acelera los trámites a través de la ANSeS para esos petroleros.
En el plenario de anteayer, quedó establecido que los jubilados actuales y quienes accedan al beneficio próximamente recibirán un aporte de 4.500 pesos extra. Esos fondos saldrán del 0,25% de las regalías extra que giran las operadoras a los sindicatos en concepto de "paz social" en el marco de las renegociaciones de contratos.
Todos los eslabones del denominado usptream petrolero, el sector dedicado a la exploración y producción de hidrocarburos, están pasando por el peor momento desde la crisis de precios de finales de los años 90.
Trabajadores, empresas, municipios y provincias que reciben regalías sufren el mismo problema: hoy viven de un producto que vale en el mundo 30 dólares por barril, cuando hace algunos años atrás arañó los 146 dólares.
Lejos de haber paz social hasta agosto en los yacimientos de la Cuenca del Golfo San Jorge, tal como quedó firmado el 1 de febrero en Casa Rosada, el sector petrolero muestra signos de atravesar una nueva etapa negociaciones complejas. Esto más allá de las diferencias entre el Sindicato de Petroleros Privados Chubut especialmente con Pan American Energy y Tecpetrol, cada uno de los actores propuso ideas para sostener la actividad sin conflictos por seis meses.
Quienes aportan su parte son los gobiernos de Mauricio Macri y de Mario Das Neves. El Estado reactiva un programa de estímulos a la actividad que en concreto significan un aporte de 10 dólares por barril que vaya a la exportación. Al mismo tiempo, por ese período queda fijado el precio para el mercado interno de 54,90 dólares el barril Escalante, un "barril criollo" diferente al Medanito neuquino de mayor calidad y con un precio valor de 67,50 dólares.
El precio interno del Escalante es el que pagan obligadamente las refinerías argentinas, una propuesta que venía de la gestión anterior del Gobierno nacional para desacoplar los precios internacionales de los nacionales. Las empresas que tienen upstream y downstream pueden sostener ese esquema de precios, pero las refinerías más chicas ya levantaron la voz. Incluso, Fox Petrol de Senillosa, en Neuquén, alertó que podría quebrar.
Entre 2002-2008, Néstor Kirchner reimpulsó las retenciones a las exportaciones que venían del gobierno provisional de Eduardo Duhalde (fijas, del 20%), con un precio de venta interno de 42 dólares. Traducido: con precios internacionales arriba de los 100 dólares, las empresas se quedaban con 42 dólares de esa venta al exterior y el Estado nacional se quedaba con el resto.
Durante más de una década el precio interno fue variando cada vez más alto, con una diferenciación entre el crudo Escalante (mediano, de 24 API, menos maniobrable para las refinerías) y el Medanito (liviano, de algo más de 32 API, bien vendido en las refinerías).
Sin embargo, a partir de 2014 las cosas empezaron a cambiar con la caída del precio mundial y así el precio interno pasó a ser superior al externo, por lo que el Estado pasó a financiar a la industria petrolera. La forma de hacerlo era con el aumento de precios de los combustibles.
Desde ese año en que los valores de referencia WTI y Brent se desplomaron y este mes ha tocado pisos de 28 dólares. Con el cambio de Gobierno nacional a uno más reacio a los subsidios, las negociaciones ya no fueron sobre la cantidad del dinero aportado sino sobre mantener un monto que permita funcionar a la actividad afectada entre el 20% y 30% para la exportación.
El subsidio que va al barril de exportación es compartido: el Gobierno de Chubut pone 2,50 dólares (este año podría demandarle en total un millón de pesos diarios) y el nacional 7,50 dólares. Esos 10 dólares cubrirían los gastos de inversión para producir la cuota exportable del Escalante.
De todos los que están sentados en la mesa, el único que es dueño y es firme en sus afirmaciones es Carlos Bulgheroni. El resto son empleados como los funcionarios del Estado, los sindicalistas o incluso los representantes legales de las otras empresas. Bulgheroni tiene el mayor argumento que es su espalda financiera.
Según los números que aporta esa compañía, este año PAE puede desembolsar 750 millones de dólares. Con el aporte estatal para no bajar la producción, la inversión pasa a 1.250 millones de dólares. Pocas empresas privadas del sector petrolero puedan inyectar tantos dólares.
En sus yacimientos, con fuerte participación de su campo estrella Cerro Dragón, PAE produce 14 mil metros cúbicos por día (más de la mitad de la producción diaria en Chubut) y 8,5 millones de metros cúbicos de gas natural (la mayor producción de este recurso en la provincia, un rubro que crece).
Mientras, YPF prometió acelerar la construcción de una planta de coke, afectada en abril de 2013 por un incendio provocado por alteraciones en la refinería de Ensenada en la inundación de La Plata. El coke es un combustible industrial que es generado con el proceso de refino de crudo mediano a pesado, que significa una oportunidad para absorber el excedente de producción de crudo Escalante
Las otras operadoras suman lo suyo. ENAP Sipetrol mantendrá Pampa Castillo-La Guitarra a pesar de que es un campo maduro y en el que ya hay que pensar en aplicar tecnología novedosa para levantar la producción. Al ser una empresa 100% del Gobierno de Chile, la relación diplomática la lleva a quedarse con las concesiones en las cuencas San Jorge y Austral.
CAPSA tiene un circuito de negocio bien cerrado. A pesar de producir "barro" (más del 90% del fluido extraído es agua), sus 1.700 metros cúbicos de crudo Escalante al ser correctamente procesados e incorporados a "la sopa" con petróleo de otras empresas colabora para las refinerías, en especial la de Shell con quien tiene la mayor parte de sus ventas ya cerradas.
Los sindicatos con influencia en Chubut que participan de las mesas de monitoreo de la crisis -que serán en la semana del día 25 de todos los meses hasta agosto- son el Sindicato de Petroleros Privados que conduce Jorge Avila, en de los Petroleros Jerárquicos -que también tiene injerencia en Santa Cruz- liderado por José Llugdar y la UOCRA timoneada en Comodoro Rivadavia por Raúl Silva.
En líneas generales, los sindicatos comprometen la paz social y la colaboración para hacer más eficiente la producción en los yacimientos. Así, buscarán que en el campo haya el número necesario de trabajadores sin "mano de obra ociosa", aunque sin habilitar despidos o suspensiones que repercutan en el sueldo petrolero.
Con el anterior Gobierno nacional, los sindicatos petroleros de todas las cuencas lograron el beneficio de la jubilación a los 50 años con 25 años de aporte que permitirá retirar a 500 "viejos" en Chubut (ampliable a 500). Luego de la tregua de seis meses, la posibilidad es avanzar con otros 400 a 500 operarios petroleros. A nivel individual, los trabajadores escuchan ofertas de retiros voluntarios con indemnizaciones del 160% (se toma un sueldo por año sobre la base del mejor sueldo del último año).
"Chubut levantó la producción en los últimos dos años y eso hoy es un castigo", había dicho "Loma" Avila acerca de los objetivos del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que ahora significa un excedente de crudo que a valores internacionales factura precios por el piso.
Los gremios son los más desconfiados por estos días. Con la intentona de PAE y Tecpetrol de reducir cuadrillas compulsivamente y retrasar la suba de equipos, que en todos los yacimientos de Chubut suman 51 en stand by con el compromiso de reactivar 40. Qué pasará el día 181 del acuerdo de paz social inquieta a los dirigentes y vuelve a depositar en los trabajadores la incertidumbre por su estabilidad laboral.
