Edu Gajardo

Hay una situación curiosa con los mendocinos y es que al parecer no les gusta discutir ninguna situación que los saque de la cotidianidad o que intente cambiar lo que está establecido por décadas o un siglo. Basta con mirar las continuas resistencias a discutir la reforma a la Constitución, nadie dice que hay que aprobarlas, pero sí debatir sobre el tema. También viene al caso mencionar las reacciones que genera, por ejemplo, la presencia de la comunidad gay en las celebraciones tradicionales o que se haya incluido la Vendimia Para Todos, lo que se califica como un cambio inaceptable y, hasta, inmoral.

Con esos antecedentes no debería extrañar la resistencia a debatir el desarrollo de la minería metalífera en la provincia, pero un debate serio y técnico, donde se pongan sobre la mesa antecedentes reales con la finalidad de decidir y donde no existan presiones, ni piquetes y se dejen de lado los oportunismos políticos para conversar sobre lo que más le conviene a la provincia.

Acaso en este momento de profunda crisis, donde el Estado provincial está viviendo "de lo que le prestan", no sería bueno comenzar a delinear un debate real, no como los que aprovechó políticamente Francisco Pérez durante su campaña (San Jorge en 2011) o los que el mismo ex gobernador impulsó y apuró en la Legislatura (Hierro Indio y Cerro Amarillo) cuando se veía con la soga al cuello.

El informe Fraser publicado esta semana es un mensaje claro, porque el lugar 101 que ocupa Mendoza no es porque no sea una zona atractiva, sino porque insiste en la ambiguedad y la falta de definiciones que dejaron como herencia las administraciones provinciales. Esas mismas que evitan el tema y "patean para adelante" discusiones que son necesarias y que no terminan de cerrarse.

La Ley 7.722 ratificada por la Suprema Corte, y que se defiende como una forma de evitar el desarrollo de los proyectos metalíferos, no termina de ser una definición clara, porque igualmente se puede avanzar con algunas iniciativas metalíferas, tanto así que el proyecto de San Jorge para producir concentrado de cobre en la provincia está archivado por una cuestión política, no por razones técnicas.

El debate es necesario para sacar muchas caretas, porque mientras en el discurso público actores políticos y sociales dicen que es "una industria válida", cuando las luces de las cámaras se apagan apuntan a bloquear todo emprendimiento, pero no por convicción, sino por réditos políticos.

¿Por qué Mendoza no quiere debatir? porque sería necesario hablar de frente y decidir si la provincia quiere o no minería, pero con una ley clara, mejor que la 7.722 que deja muchos cabos sueltos y los deja porque se hizo "a las apuradas" durante el mismo gobierno que envió una misión a Canadá a buscar inversionistas mineros.

No se puede obligar a los mendocinos a que se haga minería, pero la discusión pasional (que se transforma casi en un Boca-River) se va a mantener mientras las reglas no sean claras y alguien se decida a discutir en serio.

¿No es mejor sentarse a la mesa, discutir técnicamente y ahí definir qué se quiere hacer? claramente para los que toman las decisiones no es así y se aplica la práctica de esconder la basura bajo la alfombra, sin considerar que un día se va acumular en gran cantidad y la casa se va a llenar de polvo.

Mendoza necesita definiciones, para su gente y para su futuro, sin medias tintas, porque el desarrollo de la provincia y su matriz productiva desgastadanecesitan alternativas. Para muchas personas la minería es una opción, pero no puede ni siquiera considerarse si se mantiene en el limbo donde está hoy.

Sí o No, algo que parece tan simple puede convertirse en el debate más difícil, pero no por su resultado, sino por la negativa a conversar y discutir. Un ejemplo claro de definición fue lo que hizo Córdoba, con una ley hija de la 7.722 pero que tiene una gran diferencia en su artículo 1, donde directamente prohíbe la minería metalífera.

En Mendoza la legislación es ambigua y apunta a la prohibición de sustancias para bloquear una actividad, pero sin decírselo de manera concreta. Lo mismo pasó en los peritajes que se hicieron para la Suprema Corte, donde el dictamen dice que no se prohíbe la minería metalífera, pero si el uso de sustancias. Lo curioso es que los mismos especialistas consultados por el máximo tribunal dejaron muy claro que sin sustancias es imposible desarrollarla.

Saquémonos las caretas, debatamos y que se llegue a una definición que hasta hoy la política ha evitado. Eso sí, no vale enojarse, a favor o en contra, porque el resultado -cualquier que sea- va a salir de una discusión necesaria que Mendoza se debe hace mucho tiempo.