En relación a una nota periodística publicada hoy en la web del diario LA NACIÓN, Barrick quiere aclarar que:
• El informe mencionado no es un documento reciente ni desconocido. Se refiere a una visita realizada por la Secretaría de Ambiente de la Nación en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia de San Juan, que se realizara entre los días 28 de septiembre al 2 de octubre de 2015, en el marco del proceso de renovación del permiso para la generación y transporte interjurisdiccional de residuos peligrosos.
• En dicha visita, y a los efectos de la obtención de tal permiso, se elaboró un listado de requerimientos, los que fueron respondidos por la empresa en su totalidad, no quedando nada pendiente de respuesta y no habiendo efectuado ninguna de estas dos autoridades pedidos ampliatorios o nuevos requerimientos de información.
• Asimismo en tal oportunidad, Barrick dio a conocer a las autoridades todos los detalles del incidente ocurrido en septiembre 2015 y puso a disposición de ambas entidades, nacional y provincial, toda la información que solicitaron sobre dicho incidente. No habiendo existido solicitudes posteriores, o reclamos o procesos infraccionales de cualquier tipo iniciado por las mismas. Esto implicaría que las respuestas dadas por Barrick resultaron satisfactorias para ambas entidades.
• Desde el primer momento Barrick asumió el compromiso de entregar toda la información requerida desde distintos ámbitos a los fines de contribuir con el esclarecimiento de los hechos relacionados al incidente en Veladero.
Laura Rocha
Un impacto ambiental cuya magnitud no puede determinarse, fallas en el sistema de gestión ambiental y de mantenimiento, y precariedad de la estructura y el diseño del canal por donde pasan los líquidos cargados con contaminantes tras el proceso de lixiviación de la roca. Ésas son algunas de las faltas graves que la ex Secretaría de Ambiente de la Nación detectó en la mina Veladero, en San Juan, después del derrame de cianuro que ocurrió en septiembre pasado.
Las conclusiones surgen de un informe que fue realizado por la Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental de esa dependencia nacional en octubre pasado, pero que estuvo "cajoneado" hasta hace dos semanas, cuando los empleados de esa dependencia, hoy Ministerio de Medio Ambiente, acercaron a las nuevas autoridades el detalle del relevamiento, al que LA NACION tuvo acceso.
Las faltas señaladas por la comisión nacional que inspeccionó la mina que maneja la empresa canadiense Barrick Gold en San Juan se enmarcan dentro de la ley de residuos peligrosos, que establece castigos que van desde un mero apercibimiento hasta la clausura. Todos los detalles del informe fueron enviados por el Ministerio de Medio Ambiente a los dos juzgados que siguen hoy la causa por contaminación de la minera aurífera: en la justicia federal, a cargo de Sebastián Casanello, y en la justicia de Jáchal, que atiende un amparo y una denuncia penal.
El trabajo critica la explicación entregada a la Justicia por la empresa. Uno de los problemas que señala, por ejemplo, es la metodología para determinar la cantidad de material que se derramó ante la falla de una válvula como consecuencia del frío extremo, y menciona que se demoró una hora: "La forma correcta hubiera sido informar valores máximos y mínimos calculados, o bien se debería haber presentado un valor final con un error o una incertidumbre asociada".
El accidente se hizo público luego de la difusión de un mensaje de WhatsApp que un empleado envió a su familia. Luego la compañía habló de 200 m³ de solución cianurada involucrada en el escape, y finalmente de 1000 m³.
El informe también señala con preocupación la demora de más de una hora en detectar la fuga y en realizar el posterior desvío: "A pesar de la cronología presentada por la empresa, donde entre otras cosas detallan que el incidente se detectó mediante aforos manuales, queda en evidencia que este sistema de detección no es eficiente en cuanto al tiempo que demora en encontrar el punto de fuga".
El relevamiento se suma al peritaje que realizó la Policía Federal, contenido en el expediente que atiende el juez federal Casanello, que da cuenta de la contaminación en cinco ríos sanjuaninos, y al peritaje realizado por la agencia de Naciones Unidas (Unops), que también halló vestigios de cianuro en la zona del derrame y que recomendó su remediación.
Voceros de Barrick respondieron a LA NACION que "el informe mencionado no es un documento reciente ni desconocido". En un comunicado dijeron que se trató de una comisión "en el marco del proceso de renovación del permiso para la generación y el transporte interjurisdiccional de residuos peligrosos".
"Se elaboró un listado de requerimientos, que fueron respondidos por la empresa en su totalidad, no quedando nada pendiente de respuesta y no habiendo efectuado ninguna de estas dos autoridades pedidos ampliatorios o nuevos requerimientos de información", concluye la respuesta.
Si bien aseguran que tras el accidente se tomaron las medidas de seguridad necesarias, el episodio golpeó al corazón de la compañía. Tanto que, dos meses después del derrame, en la empresa hubo reemplazos a nivel gerencial y al menos siete empleados deben prestar declaración ante la justicia de Jáchal. La propia compañía habla de una "nueva etapa" de Barrick en el país. E insisten en que en las mediciones de la Unops en las zonas 0 y 1 -las más cercanas a la mina-, y que comprenden el río Potrerillos hasta el río Las Taguas, se detectaron algunas trazas de cianuro, "pero todas por debajo de los niveles guía para consumo humano".
"Un estudio de monitoreo técnicamente adecuado implica contrastar los resultados de muestras tomadas contra los parámetros de ley y los parámetros de línea de base, ya que las características naturales de las aguas no pueden ser desconocidas ni desatendidas", indicó ayer la minera.
Los vecinos de Jáchal creen que esto sólo es una maniobra dilatoria de la Barrick. "Las autoridades de San Juan y la minera hablan de las líneas de base y de la información pública, pero es mentira. La información pública se oculta, nosotros no pudimos nunca acceder a ella", dijo Saúl Zeballos, uno de los vecinos que interpusieron el amparo ante la justicia de Jáchal y que estuvieron con Casanello esta semana. "Seguimos preocupados por localidades de Jáchal y del departamento de Iglesia, por Tambería, Mogna y Bella Vista, porque el agua que allí se consume es subterránea. Queremos que se haga un estudio serio", agregó.
Los vecinos se reunieron anteayer con el ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman. El funcionario viajará a Jáchal en una fecha a confirmar. Hace poco menos de un mes el presidente Mauricio Macri viajó a San Juan y anunció la quita de retenciones a la minería.
