Para el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos Gálvez, luego de casi cinco años de paralización de nuevos proyectos mineros se debe mirar con optimismo para reiniciar la reactivación del sector, pero es indispensable respetar la estabilidad jurídica y tributaria que permita a inversionistas venir con confianza para apostar por el Perú.

Sobre el gobierno de salida, dijo que en sus casi cinco años este ha ninguneado al sector minero, pues lo único grande por entrar en operaciones que está dejando es la ampliación de Toquepala, a cargo de Southern Perú. Otro pedido es una profunda reforma del Poder Judicial para agilizar los procesos.

¿Cómo evaluaría al gobierno del señor Humala?

Mejor me eximo de calificación, pero creo que se ha tenido otros cinco años en que se ha ninguneado al sector minero. Solo queda en camino, más o menos grande, la ampliación de Toquepala; tenemos un vacío de nuevos proyectos a futuro porque no se tiene otros preparados, por tanto, hay que voltear la página y mirar con optimismo el futuro.

¿Se han aprovechado las oportunidades?

Creo que Perú tiene prospectos y proyectos que debe trabajar, pero después de la paralización tendremos que reiniciar la marcha y esto toma tiempo, trabajo y esfuerzo. Felizmente los que lideran las encuestas son conscientes de trabajar para reactivar la economía. Todos piensan que el sector minero energético es una oportunidad. Creo que tenemos mucho por avanzar, costará trabajo, sí, pero hay que hacerlo.

¿Y qué debemos hacer como país?

Creo que hay que apuntar cuatro cosas muy rápidamente. Uno, dar una señala clara y fuerte del respeto absoluto del Perú a sus compromisos legales; desde la mirada de los inversionistas, del absoluto respeto de los convenios de estabilidad jurídica y tributaria que Perú suscribe y evitar que, por ejemplo, a pesar de haber estabilidad, en el pasado se puso el aporte voluntario en el gobierno aprista. En este gobierno se generó el gravamen extraordinario al sector minero, lo que se impuso, se negoció contra la pared.

¿Segundo?

Adecuarnos a los estándares internacionales para ser competitivos en calidad ambiental y en esto tenemos que eliminar copias y plagios, aplicar al país la línea base de lo que se tiene en otros lugares porque Perú tiene una geología importante, es un país mineralizado y no es igual a otro no mineralizado, de realidades distintas. Perú tiene suelo con minerales, por donde discurre el agua, que trae minerales y no se puede asumir que no lo tiene. No se le puede pedir a las empresas que el agua que vierten de sus operaciones sea superior a la que tomaron de la naturaleza.

Luego...

Lo tercero tiene que ver con la consulta previa, lo que debe hacerse dentro del ámbito del Convenio 169 de la OIT, no ser creativo ni ampliar sus alcance. La consulta es para identificar si una comunidad está dispuesta a tener una actividad económica, no de un proyecto. Le corresponderá a las empresas, cuando tenga que hacer talleres y audiencias públicas para tener la aceptación social del proyecto, plantear el tipo de compensaciones económicas, laborales o lo que fuere; se mezclan los momentos, los roles, las oportunidades.

Entonces, no se ha dado un buen manejo...

Qué tal improvisación porque se les ha aparecido más de 2900 comunidades que vienen incluso a Lima para hacerles consulta previa; no sé si son comunidades indígenas. Las normas sobre consulta previa se manejan casi como la de la regionalización. Creo que no es un trabajo completo.

¿Cuál sería el cuarto punto?

Que haya un claro mensaje de institucionalidad y pasa por la propia reforma de todo el sistema legal que se ha manejado en los últimos años. Se ha pasado, entre el 2011 a la fecha, de 1 millón a 1 millón 400 mil trabajadores del Estado. Entonces, hay alguien que está poniendo más sellos y por eso todo se ha trabado. Los trabajadores en los ministerios ligados a la producción nacional casi no han crecido.

Esto implica al Poder Judicial...

Se necesita una profunda reforma del Poder Judicial, no puede ser que un proceso tarde más de un año sin tener clara una acusación y una definición.