El 13 de julio de 2015, el abogado Andrés Jana Linetzky, asesor de Minera Los Pelambres, declaró de forma voluntaria en el Sumario que concluyó con sanciones al exjefe de gabinete del ministerio de Minería, Adolfo Galindo, por trato preferente con la compañía del grupo Luksic, que se encuentra en conflicto con Glencore por el botadero Cerro Amarillo.

En su intervención en la indagatoria de este caso, Jana aseveró que la ministra de la cartera, Aurora Williams, estaba al tanto de que, en el marco de la disputa judicial con Glencore en los tribunales trasandinos -por la escombrera que se ubica en el límite de la frontera entre Chile y Argentina-, se realizaría la solicitud a Galindo de los documentos cuya entrega por parte del asesor ministerial fue cuestionada: una “carta de buena fe” sobre el proceder de la compañía minera y un estudio de aguas, pagado por Los Pelambres, del laboratorio SGS, que el funcionario público timbró y del cual consignó que había sido revisado y avalado por Sernageomín, lo que no es efectivo.

El envío de ambos papeles el 22 y 30 de abril del año 2015, por una petición de Jana del 8 de abril de ese año, derivó en la sanción de Galindo con una “multa de un 10% de la remuneración mensual, dejándose constancia en la hoja de vida del funcionario de la multa impuesta, mediante una anotación de demérito de 2 puntos en el factor de calificación correspondiente”.

Sin embargo, según Jana, Williams estuvo en el origen de todo el entuerto. Cabe consignar que Williams, antes de asumir como secretaria de Estado se desempeñó como gerente de Administración y Finanzas de Antofagasta Terminal Internacional, empresa controlada en 65% por el grupo Luksic a través de las sociedades SAAM Puertos S.A e Inversiones Punta de Rieles Ltda.

Según la versión de Jana, que además es integrante del equipo jurídico de Chile ante La Haya, la decisión sobre de los papeles se realizó el día 24 de marzo de 2015, tras la convocatoria de Williams a una reunión en el Ministerio, cita que por meses no figuró en el subsitio de lobby de la cartera y que hoy está anotada en las audiencias de Williams con una fecha errada -27 de marzo- y sin que se mencione a todos los asistentes.

“La señora Soledad Alvear, integrante del equipo jurídico BMAJ que asesora a MLP en estas materias y el que habla fuimos citados a una reunión en el ministerio de minería. La citación fue realizada a través de Soledad Alvear por medio de la ministra. En dicha reunión se encontraban presentes la señora ministra de Minería, el señor subsecretario de Minería, el director del Sernageomín, el jefe de gabinete de la ministra de Minería, funcionarios de Relaciones Exteriores, ambos de apellido Pozo, y funcionarios de Interior de apellido Candia y un segundo cuyo nombre no recuerdo”, asegura en su testimonio, al que tuvo acceso The Clinic Online, Jana. Fuentes de Los Pelambres precisan que efectivamente Alvear fue contactada por Williams.

El encuentro con Williams se produjo cuatro días después de que la empresa Glencore interpusiera en Argentina, a través de su filial Pachón, una querella criminal contra los ejecutivos de Pelambres por supuesta contaminación, que se sumaba a la solicitud en 2013 de que los Luksic sacaran sus escombros del terreno de Glenecore, y una demanda civil de 2014  ante el juez federal de la Provincia de San Juan con el mismo objetivo.

En diversas ocasiones, Williams y Cancillería han asegurado que el gobierno chileno había tomado la decisión de no intervenir en el proceso, pero sí favorecer una mediación. Por ello el 30 de enero se realizó una visita binacional al botadero en disputa, ocasión en que acudió personal de Sernageomín que, sin embargo, no tomó muestras.

En marzo pasado, y pese a la supuesta neutralidad, sólo fue convocada una de las partes al salón Teplizky, en el noveno piso de Teatinos 120: Alvear y Jana en representación de la Minera Los Pelambres. Según información recabada por este medio las otras autoridades citadas por Williams no estuvieron al tanto de que asistirían los asesores de Los Pelambres a la reunión.

Jana aseveró en su declaración que en el encuentro el subsecretario Ignacio Moreno realizó exposición en power point informando de los resultados de una visita del Grupo de Trabajo Binacional Temporal que se había creado en agosto del año 2014 para que Glencore y Los Pelambres acercaran posiciones. La visita se realizó el 30 de enero de 2015 y, en su intervención, Moreno habría asegurado que ésta había arrojado “resultados positivos, es decir, que no existía contaminación en las aguas argentinas por drenaje ácido”.

En esa misma reunión, prosigue Jana, “se discutieron dos cosas”.

La primera se enfocó en “la importancia de contar con los resultados del muestreo o monitoreo de la visita ya que la cuestión de una posible contaminación que se había demostrado inexistente estaba generando preocupación en las autoridades argentinas así como en presentaciones hechas al tribunal civil (…) Se señaló que dado que los resultados de la visita existían en poder de las autoridades chilenas se solicitarían para poder ser presentados ante los tribunales y autoridades argentinas”.

En segundo lugar, relata el abogado, se habló respecto de que “dada la grave situación generada por la presentanción de la denuncia criminal, hice presente la necesidad de contar con una comunicación del ministerio que confirmara lo que se nos había señalado en diversas oportunidad por autoridades de dicha institución, es decir, que MLP había actuado en la construcción y operación del botadero Cerro Amarillo con los debidos permisos entregados por las autoridades chilenas y que, por lo tanto, su conducta siempre había sido de buena fe”.

Jana argumenta que “esta consideración que he señalado fue unanimemente aceptada en dicha reunión y era consistente con lo que había afirmado en más de una oportunidad el propio subsecretario Moreno al señalar que nadie discutía que la empresa estaba en este tema de buena fe. En este contexto, quedó entendido que se enviaría una carta solicitando la confirmación que he indicado, junto a una solicitud que bajo ley de transparencia permitiera acceder a los resultados tomados en la visita del GTBT”.

Sobre cómo llegó Galindo a entregarle los documentos que, según el sumario, excedieron sus funciones, Jana detalla que “en esa misma reunión se me indicó que para estos efectos u otros me comunicara con el jefe de gabinete, señor Galindo. Esa fue la primera vez que conocí a Galindo”.

Al respecto, la ministra Aurora Williams accedió a contestar por escrito las interrogantes de este medio y argumentó que “no se dio dicha instrucción. Sin embargo, es preciso señalar que el contacto directo entre el mundo público-privado y la ministra Williams, se gestiona a través de su jefe de gabinete”.

Sobre por qué llamó a Alvear para gestionar la cita, sostuvo que “en el entendido que esta Secretaría de Estado no comenta procedimientos sumarios, y enfatizando que la situación expuesta es un asunto netamente entre privados; en mérito de esclarecer las consultas de este medio de comunicación, se señala que el Ministerio de Minería no ‘citó’ a la reunión del 24 de marzo, sostenida con la ex senadora Soledad Alvear, sin embargo sí fue coordinada desde el Ministerio”.

En cuanto a por qué se reunió, si había un compromiso de mantener neutralidad en la disputa, con solo una de las compañías involucradas, adujo que “el Ministerio de Minería enfatiza que si bien es un tema netamente entre privados, ha escuchado a ambas partes con el fin de invitarlos a la búsqueda de soluciones y entendimientos”.

En cuanto a la aseveración de Jana de que todas las autoridades presentes estaban al tanto de que se pedirían los documentos, incluida Williams, manifestó que “el Ministerio de Minería informa que sus autoridades no comparten dicha apreciación, a la vez que en la reunión del 24 de marzo se dejó claro a los asistentes, que cualquier información requerida por la empresa, debía ser solicitada a través de los mecanismos establecidos por la Ley de Transparencia”.

Respecto de la información que maneja este medio de que hubo otros contactos con Alvear que no fueron registrados en la ley de lobby, argumentó que “el Ministerio no se manifiesta frente a supuestos o trascendidos”.

EL LOBBY ESTÁ

Williams, pese a que fue mencionada por Jana como partícipe de todo el proceso que derivó en la entrega de los documentos cuestianados, no fue citada a declarar en el sumario. Sí entregó su versión Moreno quien aseveró que él no entendió lo mismo que Jana respecto de los pasos a seguir tras la reunión en que ambos estaban presentes.

También reveló que la cumbre en Minería con representantes de Los Pelambres, que por meses no fue hecha pública, no es la única acción de lobby en esta caso que no fue conocido oportunamente.

Moreno en su declaración da cuenta de que Verónica Baraona, quien trabaja en Glencore y es parte del directorio de Enami, le habló respecto de las preocupaciones de su actividad privada tras una cita de la institución pública y que así se enteró de la situación a mediados de mayo.

“Recuerdo que en una reunión del comité de Enami me crucé con Verónica Baraona, quien es directora de Enami y que trabaja para el grupo Glencore. Ella me mencionó que Minera Los Pelambres había presentado una carta emanada del gabinete de la ministra en los tribunales de San Juan, Argentina, en la causa entre ambas empresas. Luego tomé conocimiento del contenido de las cartas por publicaciones en la prensa, especificamente en The Clinic Online”, argumenta.

El personero además aclaró que una semana antes de que Galindo le enviara el 22 de abril a Jana la carta de buena fe y el informe de aguas pagado por Los Pelambres -que la misma minera había derivado al Sernageomín y luego solicitado a través de Jana-, el documento de SGS le fue remitido por el director de Sernageomín, Rodrigo Álvarez y reenviado a Alvear, desde su correo personal, ya que, recalca, “no era información institucional”.

Sobre la propuesta de respuesta a Jana que Galindo le mandó por email, y que no respondió, precisa que “lo conozco y lo reconozco, pero fue un correo que no entendí para nada en ese momento”, ya que el procedimiento formal para contestar una consulta está regulado y el texto del exjefe de gabinete no se ajustaba al proceso.

También argumenta que “hasta la fecha no entiendo por qué la empresa solicitó un informe que era de ellos y ya estaba en su poder”.