El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, anticipó hoy que a mediados de año habrá "una revisión tarifaria integral" del suministro energético, que será "un paso adicional" a la suba anunciada este mes, y precisó que en ese momento discutirá "la calidad del servicio" con las empresas distribuidoras de energía eléctrica.

"Vamos a controlar las inversiones que hacen. Si en algún momento las distribuidoras no cumplen el servicio, vamos a hacer lo que debamos hacer. En un país normal se cumplen contratos y leyes", afirmó Aranguren a radio La Red, y recordó que "siempre existe la posibilidad de interrumpir la relación si no se cumple".

Asimismo, aseguró que en los próximos días el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) "emitirá una resolución donde se hará un resarcimiento a los usuarios", y puntualizó que "la sanción del Estado es que no se cobre al consumidor" afectado por cortes de luz.

El ministro afirmó que "la caída del servicio se resuelve en dos años", y estimó que "a medida que se hagan las inversiones se verán las mejoras".

Además, consideró que la corrección tarifaria permitirá a las empresas dar un mejor servicio, y explicó que "como era bajo en precio creció la demanda y no tenemos suficiente generación, por eso importamos de los países vecinos".

En ese sentido, indicó que "la corrección tarifaria dará la capacidad a las empresas para hacer las mejoras", aunque advirtió que "otro de los problemas que tenemos es en generación".
Tenemos una situación critica en todo el sector energético", amplió Aranguren, quien estimó que revertir esa crisis "serán dos años".

Precisó que "hacia junio, julio, agosto vamos a tener una revisión tarifaria integral, que es un paso adicional a lo que hemos hecho desde el punto de vista de la reestructuración del sistema tarifario y discutiremos la calidad de servicio".

"Estos meses de acá a la revisión tarifaria integral van a servir para evaluar adecuadamente no sólo lo que ocurre hoy sino lo que van a ofrecer en el futuro para evaluar si cumplen con el contrato", sostuvo Aranguren.

El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, anticipó que "en julio o agosto habrá una revisión tarifaria integral de la electricidad" que será "un paso adicional" a la suba de este mes, que llegó al 700 por ciento. Además, dijo que "no se evalúa sacarle la concesión" a las concesionarias y aseguró que habrá "calidad en el servicio", pero recién dentro de "dos años".

Representantes de ONG's de consumidores alertaron sobre la ilegalidad de los aumentos en las tarifas de luz, al señalar que no fueron convocadas audiencias públicas, y expresaron su preocupación por cómo afectarán esos incrementos en los bolsillos de los usuarios. 

Las advertencias se dieron durante un encuentro que mantuvieron con vecinos de la localidad bonaerense de Ramos Mejía, en medio de la fuerte preocupación de los usuarios de servicios públicos tras la llegada de las primeras facturas con incrementos de hasta el 600 por ciento. 

En la reunión, que tuvo lugar en la Casa de Auxilio, los disertantes reclamaron que los aumentos sean progresivo y no en shock como impone el Gobierno, para que se tenga en cuenta la capacidad de consumo de los usuarios y las posibilidades financieras de las pymes. 

Además, pidieron al Gobierno de Mauricio Macri que obligue a las distribuidoras Edenor y Edesur a rendir cuentas sobre qué hicieron con los más de 340 millones de pesos que recibieron en subsidios del Estado en los últimos ocho años. 

Pedro Busetti, representante de la asociación Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), explicó que además del aumento a los hogares, aumentaron las facturas de los comercios y las industrias. 

"Eso afectará principalmente a las pymes y será un costo que seguramente se trasladará a precios más altos; y al tener la gente menos capacidad de consumo, se trasladará a la baja de ventas", dijo Busetti. 

El secretario general de la provincia de Buenos Aires por Libres del Sur, Jorge Ceballos, se refirió al amparo que presentó en Capital Federal y criticó el criterio de la tarifa social: "Plantea un consumo irreal de sólo 300kw, pero con los compañeros estuvimos averiguando y no hay hogar por debajo de 600kw". 

"Muchos no tienen agua potable o gas, entonces necesitan generadores. Los requisitos planteados para la tarifa social muestran un absoluto desconocimiento", agregó Ceballos al cuestionar la gestión de Juan José Aranguren en el ministerio de Energía y Minería. 

En la misma línea, Hector Polino, representante de Consumidores Libres, se refirió a las consecuencias que sufrirán los que alquilan ya que pagarán expensas más caras por la influencia de la electricidad. 

Sobre las empresas, afirmó que ya sea por aumento de la población, cambio del clima o avance de la tecnología tendrían que haber invertido previsoramente. 

Polino instó al Gobierno a preguntar dónde fueron los subsidios del Estado entre 2007 y 2015, cifras que superan los 340 millones de pesos. 

"Y a pesar de esto hay una pésima calidad de servicio que cada vez es peor. Encima sus trabajadores son tercerizados, precarizando su situación laboral. Es una amoralidad y todos los gobiernos desde el menemato hasta la actualidad son cómplices", dijo. 

Por su parte, Claudio Boada, representante de Unión de Usuarios y Consumidores, destacó que es una problemática que afecta a todo el país y que no hay que olvidar que la energía es un derecho y no una mercancía. 

"Este aumento es el primero de una sucesión de aumentos que se realizarán no solo en electricidad, sino también en el gas y la nafta", detalló. 

Por último, el presidente de la Casa de Auxilio, Arturo Ter Akopian destacó la importancia de la participación vecinal y su preocupación por informarse. 

"Hay un divorcio entre la sociedad y sus representantes, estas empresas abusan sistemáticamente de los usuarios y debemos buscar la manera de hacer valer nuestros derechos".