La minuta del acuerdo extrajudicial entre la Samarco, Vale y BHP Billiton, los Ministerios Públicos Federal y Estadual y entidades gubernamentales sobre el desastre de Mariana [Estado de Minas Gerais], obtenida en exclusividad por la Agencia Pública, revela que las empresas tendrán el poder de decidir quién será indemnizado y cuánto recibirá cada persona o familia. Si es firmado por todos los involucrados, el acuerdo clausura la acción civil pública que tramita en la 12ª Jurisdicción Federal de la Sección Judicial de Minas Gerais.

Se creará una Fundación, comandada por las empresas mineras, para analizar cada uno de los casos. La marcha del trabajo será supervisada por el Comité Interfederativo, entidad que reunirá a representantes de los gobiernos federal, estadual y municipal, pero no tendrá ningún integrante de los movimientos sociales que defienden a las víctimas de la ruptura de la represa del Fundão, el mayor desastre ambiental de la historia del país.

Actualizada el 11 de febrero, la minuta del documento estipula cómo los responsables deberán actuar para reparar y compensar los daños socioambientales y socioeconómicos. Órganos técnicos federales y estaduales estimaron que el costo va a sobrepasar los R$ 20 mil millones. El texto, que tiene 98 páginas, puede ser leído abajo, en forma completa. A pesar de haber una serie de puntos polémicos y de no haber incluido a representantes de los damnificados en la elaboración de los términos, el gobierno pretende cerrar el acuerdo extrajudicial antes del viernes 26 de febrero. La fecha ya fue estampada, inclusive, al final del texto.

De acuerdo con la cláusula 34ª del documento, la Fundación comandada por Samarco, Vale y BHP Billiton va a crear una Cámara de Negociación para concertar el valor de las indemnizaciones con cada uno de los damnificados. Para ello, contará con negociadores con experiencia en el área jurídica y tendrá en cuenta informaciones sobre los interesados en reparaciones y pruebas recogidas. Quien no concuerde con los términos ofrecidos deberá presentarse en la Justicia. Aquellos que no pudieran pagar un abogado van a tener la asistencia jurídica gratuita patrocinada por la propia Fundación. O sea, tendrán que aceptar la ayuda ofrecida por las empresas, que van a pagar las indemnizaciones, para negociar o impugnar a las propias empresas mineras.

El fiscal de Justicia de la Jurisdicción de Mariana, Guilherme de Sá Meneghin, afirma que no participó en ninguna de las reuniones que produjeron el acuerdo. "Nunca hubo ningún tipo de diálogo conmigo y tampoco nunca hubo ningún tipo de diálogo con los damnificados”, dice. "Nada de eso que está ahí contempla lo que, de hecho, necesitan las personas para tener su reasentamiento efectivizado. Ellos no están en condiciones de saber cómo los damnificados quieren la comunidad, ellos no me consultaron y no consultaron a los damnificados. Ellos no conocen Bento Rodrigues”.

La cláusula 10ª de la minuta establece las modalidades de reparación socioeconómica. Para el fiscal, el texto no tiene validez. "Esa cláusula, al no contemplar la participación de las víctimas, no puede ser viable. Viola no sólo la responsabilidad civil de la empresa, que tiene que estar de acuerdo con el daño causado, sino que también viola diversos tratados internacionales del área de derechos humanos”, afirma Meneghin. "La mayoría de las casas de Bento Rodrigues estaba compuesta por casas coloniales, construidas en el siglo 18. Cualquier proyecto que no tenga en consideración características como ésas no está en condiciones de ser viable. Ésta es nuestra respuesta”.

El fiscal impugna también el modo como la Fundación va a decidir sobre las indemnizaciones, usando la Cámara de Negociación para tratar, individualmente, cada caso. "La indemnización no puede ser llevada a cabo por esa Fundación. Tiene que ser realizada en la Cámara de Indemnización aquí en la Jurisdicción, con la participación del gobierno dentro del proceso de la acción civil pública, en la que ya fijamos la primera parte de la indemnización. Cada comunidad tiene un perfil muy diferente”, afirma.

De acuerdo con Meneghin, tampoco tiene sentido que la Fundación proporcione abogados a quienes no pudieran pagarlos. "Una empresa no puede pagar al abogado de una persona que va a entrar en un proceso judicial en su contra. El estatuto de la OAB [Orden de los Abogados de Brasil] prohíbe esa actividad. Esto es ilegal”.

Sin garantías

La Fundación también deberá registrar a todos los afectados, de acuerdo con la cláusula 8ª. Esto, sin embargo, no garantiza la recepción de las indemnizaciones, ya que cada caso será decidido después de un acuerdo en la Cámara de Negociación. El poder público, según la minuta, podrá hacer un seguimiento de esas negociaciones. Por lo tanto, no existe la obligación de que eso sea fiscalizado de cerca por el gobierno. El trabajo de registro de todas las personas y empresas afectadas por el desastre deberá ser concluido como máximo en el plazo de seis meses después de la firma del documento, y será verificado por el Comité Interfederativo.

Las atribuciones de la Fundación están definidas en la cláusula 4ª de la minuta del acuerdo. La entidad, instituida y patrocinada por las responsables de la ruptura de la represa, se ocupará de la ejecución de todos los programas y medidas necesarios para la reparación, mitigación, compensación e indemnización por los daños socioambientales y socioeconómicos causados por el desastre de Mariana. Las obligaciones financieras serán cobradas, primero, a Samarco. Solamente si la empresa no tiene manera de cumplir con los aportes de recursos exigidos por esas iniciativas, Vale y BHP Billiton deberán proveer los valores necesarios.

Para Danilo Chammas, abogado de la organización Justicia en los Rieles, la propuesta defendida por la minuta es perniciosa porque confunde acciones voluntarias de responsabilidad social corporativa con medidas para la reparación de los daños, que serían obligaciones de las empresas, a causa de las violaciones de derechos. "Las empresas tienen miedo de una condena judicial. El acuerdo es bueno para ellas y malo para las víctimas, sean ellas las personas o el medio ambiente”, dice. "Aunque ese acuerdo prevea multas voluminosas por el incumplimiento de sus cláusulas, es bastante probable que éstas no sean suficientes para incentivar a las empresas a cumplir con las obligaciones asumidas. Actúo en procesos en los que Vale ha incumplido sin el menor pudor decisiones judiciales que también imponen multas por incumplimiento”.

Otro punto polémico del documento prevé que la Fundación contrate a una empresa para identificar las áreas que sufrieron un impacto social, cultural y económico por la ruptura de la represa. Ese estudio establecerá la relación entre causa y consecuencia, es decir, la cadena causal, que relacionará el desastre con los daños causados, permitiendo posteriormente la definición de las compensaciones. El problema es que las empresas mineras tendrán influencia directa en ese trabajo, que después deberá ser validado por el poder público a través del Comité Interfederativo.

Todas las decisiones de la Fundación serán analizadas y aprobadas por un Consejo de Administración. De los siete integrantes del órgano, seis serán designados por las empresas mineras: dos por Samarco, dos por Vale y dos por BHP Billiton. Sólo uno de los miembros será designado por el Comité Interfederativo, formado por el poder público. Todos los integrantes del Consejo, sin embargo, deben provenir de la iniciativa privada y tener experiencia en gestión de grandes proyectos. No hay vacantes, por lo tanto, para algún representante de los afectados por el desastre.

Habrá también un Consejo Consultivo con 14 miembros que podrá ser escuchado acerca de los proyectos y planes de la Fundación. Pero en él tampoco hay espacio para las víctimas, para las entidades que las representan o para los movimientos sociales. Habrá siete representantes del Comité de la cuenca Hidrográfica del Río Doce, dos de la Comisión Interministerial para los Recursos del Mar, cinco especialistas de instituciones de enseñanza e investigación o con manifiesto conocimiento; uno de ellos será designado por el Ministerio Público Federal, uno por los Ministerios Públicos Estaduales de Minas Gerais y de Espírito Santo, dos por el Consejo de Administración de la Fundación y uno por el Comité Interfederativo.

En ningún punto del documento se crea algún mecanismo institucionalizado para garantizar la participación efectiva de los damnificados en las decisiones de la Fundación. Ellos o las entidades que los representan podrán sólo ser escuchados por el Consejo Consultivo, según el párrafo único de la cláusula 247a, en asambleas sin derecho a voto. Según la minuta del acuerdo extrajudicial, la Fundación creará una Defensoría del Pueblo para mantener el diálogo con la población afectada. El documento, sin embargo, deja a cargo de la entidad, comandada por las empresas mineras, la designación del Defensor, que deberá resolver eventuales disputas que puedan surgir o investigar denuncias.

Los actos, proyectos y programas de la Fundación serán fiscalizados por el Comité Interfederativo, que reúne a miembros del gobierno y del Ministerio Público. Entre los integrantes, sin embargo, no hay ningún representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, que podría defender los derechos de los damnificados por la ruptura de la represa del Fundão. Las acciones de ese órgano también son siempre reactivas, de acuerdo con la minuta, lo que puede burocratizar los procedimientos y también dificultar su seguimiento.

Indígenas afectados

En la minuta del acuerdo, está previsto un programa de protección y mejora de la calidad de vida de los indígenas. Las poblaciones contempladas son los Krenak, los Tupiniquim y los Guaraní de la región de la desembocadura del río Doce. Para las acciones, el acuerdo prevé mecanismos de consulta y participación de los pueblos en todas las fases del programa, pero no establece directrices para esos mecanismos. La Fundación Nacional del Indio (Funai) y la Secretaría Especial de Salud Indígena del Ministerio de Salud (Sesai) supervisarán y participarán de las acciones, pero no tienen funciones de coordinación.

En la cláusula 44a, se estipulan las acciones de responsabilidad de la Fundación en relación con los indígenas. Entre ellas está el mantenimiento de las medidas de apoyo en la emergencia, estipuladas en un acuerdo realizado en noviembre de 2015 con Vale, y el monitoreo de situaciones como el abastecimiento y la calidad del agua y el apoyo financiero mensual a las familias. También consta la actualización de las necesidades de los indígenas, en virtud del diálogo con esa población.

Para que el programa tome forma, sin embargo, la Fundación debe contratar a una consultora independiente que elaborará un estudio para señalar los impactos socioambientales y socioeconómicos ocurridos sobre los indígenas. A partir de ahí, se hará un Plan de Acción Permanente que debe ser pactado con los indígenas. El plazo para que el Plan de Acción Permanente entre en operación es de dos años a partir de la firma del acuerdo, y éste deberá ser mantenido por 10 años como mínimo.

"Esa definición del acuerdo ya debería estar considerando la opinión y la demanda de los indios”, comenta Adriana Ramos, coordinadora del Programa de Política y Derecho Socioambiental del Instituto Socioambiental (ISA). "El gobierno está, en nombre de la sociedad, estableciendo una forma de enfrentar los impactos sin consultar a la sociedad, para saber si esa forma es la que mejor la atiende”.

Ella señala que las acciones previstas en el acuerdo también deberían haber sido objeto de consulta de los indígenas. "Se va a crear una fundación de las empresas para trabajar en un área indígena, y quien debería definir quién va a gestionar los recursos para aplicar en las acciones deberían ser los propios indios. ¿En qué organización confían ellos?”

Ailton Krenak, líder indígena del Valle del Río Doce, afirma que se hacen reuniones periódicas con las empresas y con el Ministerio Público Federal en virtud de las medidas de emergencia adoptadas. Al preguntársele si los términos del acuerdo fueron discutidos con la población Krenak, Ailton afirma que no.

La Agencia Pública entró en contacto con los Gobiernos de Minas Gerais y de Espírito Santo, los Ministerios de Minas y Energía y Medio Ambiente –que nos condujeron respectivamente al Departamento Nacional de Producción Mineral (DNPM) y al Instituto Brasilero de Medio Ambiente y de Recursos Naturales Renovables (Ibama)– y con la Abogacía General de la Unión (AGU).

El DNPM informó que el asunto no es de su jurisdicción y que por eso no lo comentará. Los demás órganos no se posicionaron hasta el cierre de esta nota.

La policía brasileña pidió este martes la prisión de varios ejecutivos de la empresa responsable del mayor desastre minero en la historia del país por el homicidio de 19 personas, informó la prensa local.

Entre ellos está Ricardo Vescovi, que presidía la minera brasileña Samarco en el momento de la tragedia y que se apartó del cargo en enero para dedicarse a su defensa.

Samarco, una joint-venture de la brasileña Vale y la angloaustraliana BHP Billiton, es propietaria del depósito de desechos mineros que colapsó el 5 de noviembre en el estado de Minas Gerais. El torrente de barro y residuos mineros arrasó un pueblo, contaminó uno de los ríos más importantes del país y dejó 17 muertos y dos desaparecidos.

Además de Vescovi, la policía exige también la prisión de otros cinco ejecutivos de Samarco y del ingeniero de la empresa que certificó la estabilidad de la estructura.

La pena por el delito de homicidio calificado es de 12 a 30 años de cárcel, y la policía quiere que cada uno de los siete responda por el crimen 19 veces, una por cada víctima. También los considera responsables de delitos ambientales.

La policía civil no respondió a los llamados de la AFP para confirmar el pedido de prisión y acceder al informe completo de la investigación. Tampoco obtuvo respuesta de Samarco o la fiscalía, la única que puede imputar a estas personas.

La avalancha de desechos mineros se extendió a través del río Doce hasta llegar al océano Atlántico después de recorrer 650 km. A su paso, mató también a miles de animales, devastó amplias zonas de bosques tropicales protegidos y dejó sin agua a unas 280,000 personas.

Para la policía, el colapso del dique que contenía los desechos se generó por exceso de agua en los relaves, además de fallas en la vigilancia.

El gobierno de Brasil negocia un gigantesco acuerdo con Samarco para que financie la recuperación de la cuenca del río Doce mediante la creación de un

La justicia de Minas Gerais ordenó el martes el bloqueo de 124 millones de dólares Samarco, que se suman a 571 millones ya bloqueados en activos y propiedades.