Economistas criticaron el preacuerdo firmado entre Corfo y la minera estadounidense Rockwood para la explotación del litio por los próximos 27 años. “Este modelo está dentro del convenio de desnacionalizar la explotación de los recursos naturales y favorece el comportamiento extractivista”, aseguran.
Cuestionamientos desde el mundo político y económico ha generado el convenio previo firmado por Corfo y la minera de capitales estadounidense Rockwood –a principios de febrero- para extraer el litio por un período de 27 años, que hará de la transnacional la empresa más importante de este rubro por sobre SQM.
Si bien desde el organismo estatal destacan las condiciones supuestamente ventajosas que dicho vínculo estipula en favor del Estado, como el pago de 100 millones de dólares al año por concepto de royalty, y que implica además la inversión entre 400 y 600 millones de dólares en los próximos cuatro años por parte de la empresa para alcanzar la media de 70 mil toneladas de producción de carbonato de litio, expertos plantearon sus dudas respecto de los reales beneficios para el país.
El economista Andrés Solimano planteó que el contrato que se pretende concretar no representa una modificación en la forma de plantear la forma de extraer los minerales en nuestro país, en donde no se les otorga valor agregado ni se desarrolla una industria nacional que sea la que saque provecho del litio.
“Se enmarca en la política de los últimos 30 años en Chile de darle máxima facilidad a la inversión extranjera y multinacionales para la explotación de recursos naturales, y no exigirle criterios de valor agregado, de industrialización nacional. Claro, se corrige lo del royalty, pero tampoco es muy elevado (…) Este modelo está dentro del convenio de desnacionalizar la explotación de los recursos naturales y favorece el comportamiento extractivista”.
Julián Alcayaga, economista de la ONG Chile Cobre, considera “ilegal e inconstitucional” este proyecto de contrato, por lo que en el momento que se oficialice este convenio, anunció que desde la ONG Chile Cobre iniciarán una acción constitucional de nulidad de derecho público en contra de este vínculo, ya que este no estaría configurado al amparo del Nuevo Código de Minería y no se establece una joint venture entre una empresa estatal y una extranjera, sino que se le entrega por 27 años la pertenencia del litio a Rockwood.
“Lo que se quiere hacer con esta inversión es exportar materia prima, exportar carbonato de litio. Si el contrato previera la industrialización del litio en Chie, que Rockwood junto con Corfo produjeran en Chile litio metálico, o litio para la industria del aceite, de cerámica, etc., ahí uno podría decir que efectivamente va a haber desarrollo de la tecnología, pero para producir materia prima no se necesita gran desarrollo de la tecnología”.
El diputado independiente Gaspar Rivas, integrante de la Comisión de Minería, sostuvo que este convenio va en contra de lo que cree y ha manifestado, especialmente respecto del cobre, que el Estado debe nacionalizar dichas riquezas, por lo que califica como “un despropósito gigantesco” este convenio entre Corfo y Rockwood
“Aquí lo único que cambia es el nombre y el rostro del organismo que saquean nuestras riquezas minerales. Primero lo hacía Soquimich, que es una empresa nacional, pero privada, y que iba a bolsillos de determinadas personas, e indirectamente a financiar campañas políticas, hoy día ese rostro se cambia a uno más lejano de una empresa minera transnacional norteamericana, pero el destino del dinero del litio, que es de todos los chilenos es el mismo”.
El senador independiente pro partido Radical Alejandro Guillier, por el contrario valoró este nuevo convenio en la medida que es “un modelo diferente que promete ser el embrión de la nueva manera o del nuevo trato que el Estado chileno le va a dar a las empresas extranjeras”, por lo que le parece “interesante” lo que pueda ocurrir en el futuro con este tipo de vínculos entre el Estado y las empresas privadas del rubro.
El parlamentario por Antofagasta e integrante de la Comisión de Minería del Senado hizo énfasis que “por primera vez” el Estado genera un contrato con una empresa extranjera en la que se le obliga al pago de un royalty, “cosa que no hace el resto de la minería”, luego establece la obligación de realizar emprendimientos en conjunto con el Estado para generar cadenas de valor, y por último, que en caso que las utilidades superen determinados límites, deberá pagar más de lo que está comprometido.
“Lo que quiero destacar es que tenemos un prototipo de tratado de convenio firmado entre el Estado y una empresa extranjera único, no hay ningún otro que lo supere en las condiciones de otros que se han firmado, en donde prácticamente se han entregado a tiempo indefinido concesiones sin ninguna condición para efectos de la extracción, y aquí hay tres componentes nuevos que hay que valorar. Si el Estado chileno se pone firme, y exige que haya actividades conjuntas para poner valor agregado, y es proactivo, esto le va a dar un ritmo distinto a esta empresa”.
