El gobierno argentino se prepara para emitir deuda por alrededor de u$s 15.000 millones con el objetivo de poder pagar el total de los reclamos en default. Si bien, el Gobierno no lo aclaró, se piensa en bonos que tengan jurisdicción en Estados Unidos y que paguen tasas de mercado de un país financieramente normalizado. 
Según los cálculos oficiales, si esto se concreta, el país estaría ahorrando alrededor de u$s 5000 millones ya que la deuda total en default sumando capital e interés alcanza los u$s 20.000 millones.

Sin embargo, nada parece sencillo a pesar del envión positivo que le brindó al país el viernes de la semana pasada el juez de Nueva York, Thomas Griesa, cuando firmó una orden de puño y letra en la que sostuvo que está dispuesto a levantar la restricción que pesa sobre la Argentina para el pago de la deuda reestructurada.

En primer lugar, Griesa puso condiciones para que esto suceda. Una de ellas comenzará a discutirse recién la semana próxima cuando se inicien los debates parlamentarios que posibiliten derogar las leyes 26.017 y 26.984, conocidas como Cerrojo y de Pago Soberano, que impiden hoy al Estado reabrir el proceso de canje de la deuda pública en cesación de pagos realizado en 2005, pero que es una condición impuesta por el juez para levantar la orden judicial. El Gobierno confía en que logrará aprobarlas, aunque es conciente que no tiene mayoría en ninguna de las dos Cámaras. Por eso, en el oficialismo apuestan a contar con el apoyo de los diputados de Sergio Massa, y también de los gobernadores, ya que derogar las leyes Cerrojo y Pago Soberano son el puntapié inicial para que no sólo la Nación vuelva a los mercados internacionales, sino las provincias. Estas últimas, también apremiadas no solo por la crisis de las economías regionales, sino por la delicada situación financiera sumado a que aún no resolvieron las paritarias de los empleados públicos.

"Queremos recordar que gran parte de la deuda se podía evitar, pero la administración anterior no lo hizo", dijo ayer el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, junto al secretario de Finanzas, Luis Caputo, en un encuentro con periodistas en el Ministerio. Y puso como condición para esto que se "se levanten los obstáculos legislativos" y el pago total a los holdouts que acuerden antes del 29 de febrero.
Otros de los inconvenientes que se le puede presentar al Gobierno es que más allá de la predisposición a cerrar un acuerdo con la totalidad de los holdouts, no todos acepten la propuesta local. De hecho, después de dos meses de intensas negociaciones, dos tercios aún siguen sin subirse ‘al tren’ que según Prat-Gay no frenará por ningún motivo. 
Pero más allá de las buenas intenciones del Gobierno, lo cierto es que el camino no está allanado y que una muestra de ello es que tal vez los fondos buitres que no acuerden puedan seguir litigando. Al menos, así se lo hizo saber a este diario una fuente del fondo NML, que comanda Paul Singer. 
"La propuesta es esta", insistió ayer Prat-Gay. "Cualquier cambio debería pasar por el Congreso. Pero creemos que se van a sumar. Griesa vio en este Go bierno una actitud distinta. Nosotros decimos que vamos a pagar el total del Capital y lo que discutimos son los intereses".