La energía solar fotovoltaica es hoy la energía renovable mundialmente más aplicada en la industria de la construcción. Esto se debe a la distribución uniforme y abundante del recurso solar, a su facilidad de aplicación y a una reciente gran reducción de sus costos.
En Argentina, en los últimos cinco años, su precio se ha reducido en más del 60%. Estos sistemas se adaptan perfectamente a la arquitectura, y utilizados correctamente integrados a la edificación, pueden disminuir la carga térmica del edificio y agregar valores estéticos y de responsabilidad empresaria ambiental y social. Esta práctica se conoce internacionalmente como Building Integrated Photovoltaics.
Los sistemas fotovoltaicos pueden ser autónomos –típicamente usados en áreas rurales– o conectados a la red eléctrica, ya sea en grandes centrales de potencia o bien en instalaciones de baja potencia, ubicados sobre nuestras cubiertas, fachadas o nuestras medianeras asoleadas. Esta última modalidad se llama Generación Distribuida, y conlleva entre otras ventajas la reducción de los costos de la red de distribución, su descongestión y la mejora de calidad del servicio eléctrico, sobre todo en épocas de mayor demanda. Esto resulta especialmente atractivo para la ciudad de Buenos Aires y otras zonas urbanas, donde actualmente en épocas de mayor consumo se recurre a equipos generadores contaminantes para subsanar problemas de distribución.
En la Argentina, la Generación Distribuida es aún incipiente. Lamentablemente no contamos todavía, ni a nivel nacional ni provincial, con un marco regulatorio legal para conectar las pequeñas instalaciones domiciliarias a la red eléctrica de baja tensión. Las primeras regulaciones con que cuentan algunas provincias pioneras resultan de compleja aplicación y no han obtenido resultados satisfactorios hasta la fecha. Por el contrario, Uruguay y Chile poseen ya reglamentaciones que han permitido un fuerte desarrollo de la generación fotovoltaica en los dos últimos años, superando, solo en el ámbito de la Generación Distribuida, la capacidad total instalada en Argentina.
En países donde esta tecnología y modalidad ha sido históricamente fomentada desde el estado, los datos pueden resultar sorprendentes.
Alemania –cuya latitud y asoleamiento están lejos de ser favorables para este tipo de instalaciones si las comparamos con Argentina– cuenta con un aporte energético fotovoltaico del 5% de su producción total. Con una potencia instalada de 35.000 Megavatios conectados a la red, en ciertos días y horas del año, hasta el 45% de su demanda energética instantánea puede ser abastecida solamente con energía solar fotovoltaica.
Hoy por hoy, una instalación solar en nuestra terraza no nos salvaría totalmente de un corte de luz, al menos que tengamos un gran banco de baterías para almacenar la energía, lo cual resulta prohibitivo desde el punto de vista de los costos, sin embargo los sistemas fotovoltaicos autónomos podrían utilizarse actualmente aún sin regulación ni subsidios en edificios y viviendas, para reducir el consumo eléctrico o como back-up energético de los servicios básicos en momentos de corte de suministro eléctrico, como el bombeo de agua o el funcionamiento de una heladera.
En Buenos Aires, son escasos los edificios que cuentan con paneles solares fotovoltaicos conectados a la red, como la Agencia de Protección Ambiental, la Legislatura porteña (foto) o el Centro Constituyentes de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Un proyecto de desarrollo tecnológico formado por un consorcio público-privado, el Iresud, (http://iresud.com.ar/) provee el marco legal para que esto ocurra, hasta tanto la actividad esté regulada.
El proyecto Iresud comenzó a ejecutarse en el año 2011 con el objetivo de promover la generación eléctrica a partir de energía solar fotovoltaica conectada a la red de 220V. en forma distribuida en áreas urbanas. Esta iniciativa de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Universidad Nacional de San Martín junto con empresas privadas del sector y financiada parcialmente por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, realizó más de 50 instalaciones piloto con la participación de universidades y organismos oficiales de 15 provincias.
Los sistemas ya conectados, algunos a la red interna de los edificios y otros a la red pública, inyectan energía a partir de paneles fotovoltaicos y permiten evaluar eficiencia, conocer y analizar funcionamientos de equipos en nuestra red.
El proyecto abarca las áreas necesarias para que, a futuro, la energía solar distribuida y conectada a red sea una opción contemplada en la matriz energética nacional, enfocándose inicialmente en la especialización de profesionales y en una propuesta de regulación y normativa técnica para poder utilizar estos sistemas en viviendas y edificios de diferentes escalas.
Si la generación distribuida mediante renovables cobra impulso, tendremos un sistema eléctrico menos deficitario y acorde al siglo XXI.
Es una tarea que el próximo gobierno debe encarar: para que esto suceda será necesario, entre otras cosas, que la inversión inicial se pueda amortizar en un plazo de 3 a 5 años.
Existe hoy gran expectativa local respecto de futuras políticas energéticas, más allá de la quita de subsidios a las actuales tarifas. Las renovables ya no necesitan incentivos económicos para resultar competitivas, pero sí requieren políticas a largo plazo que garanticen mercados previsibles.
Resulta imprescindible desarrollar la transición hacia un mayor uso de las fuentes renovables. No hablamos sólo de grandes centros de generación en alta tensión, como los parques eólicos que ya se anuncian, sino de poner el acento en equeñas fuentes de generación que colaboren con su inyección –en el mismo sitio donde la electricidad se consume– contribuyendo a la eficiencia, a la sustentabilidad del sistema y al acceso universal a la energía.
*Arquitecto, Diploma de Estudios Avanzados, Universidad de Jaén, España; Profesor Adjunto de Morfología FADU-UBA, Taller Forma y Proyecto; titular de Solenarq.; consultor en Iresud.
