Martín Dinatale
Algunos le llaman "la guerra del litio". Otros prefieren hablar de una nueva etapa de reinserción de la Argentina en el mundo. Más allá de los eufemismos, en las últimas semanas se potenciaron las señales de inversores extranjeros para la para el desarrollo de proyectos mineros en Salta, Jujuy o Catamarca enfilados específicamente hacia un producto muy apreciado por la industria mundial: el litio.
Empresarios de Japón, China, Corea del Sur, Australia y Francia, entre otros, libran esta guerra silenciosa que se desató por un producto que se usa como materia prima escencial para la elaboración de baterias de celulares, automoviles a electricidad y aparatos electrónicos. Esta batalla creció con la llegada del nuevo gobierno por dos razones visibles: los gestos de Mauricio Macri tendientes a dar mayor apertura al mundo en materia comercial y por la eliminación de las retenciones a la industria minera.
Según pudo saber LA NACIÓN, el Presidente recibió el lunes pasado a empresarios de la gigante surcoreana Posco que prometieron una millonaria inversión en Salta para los próximos 10 años con la intención de extraer 40.000 toneladas de litio. "Vemos una muy buena predisposición del gobierno de Macri y un enorme interés de empresas de Corea del Sur por la Argentina", dijo el embajador surcoreano Jong-youn Choo.
Pero el de Corea del Sur, no fue el único gesto que recibió el Gobierno del sector minero mundial: también hubo contactos recientes de la Casa Rosada con empresarios japoneses y australianos de la empresa Orocobre Limited que desarrolla proyectos de producción de litio para Toyota Tsusho y Jemse en Jujuy. Además, un grupo de empresarios jujeños se reunió hace 10 días con el embajador de China, Yang Wanming, con la idea de desarrollar un proyecto minero conjunto. "Jujuy tiene una abundante reserva reconocida a nivel mundial en litio y en ese aspecto hay empresas chinas que están dedicadas a la fabricación de baterías", dijo Yang y prometió inversiones.
La visita del presidente de Francia Francoise Hollande que llegará pasado mañana y se reunirá con Macri también trae novedades en materia minera. En la comitiva francesa hay empresarios del grupo minero francés Eramet, que en sociedad con la empresa pública argentina Remsa de Salta prevé invertir 260 millones de dólares en un yacimiento de litio.
Según estimaciones de la Secretaría de Minería, en la Argentina habría más de 128 millones de toneladas de carbonato de litio para la producción de baterías de litio. basta un ejemplo para graficar la dimensión de este negocio: con la producción de litio en la Argentina en los próximos cuatro años la industria japonesa abastecería casi toda su demanda para la producción de baterías para celulares y autos eléctricos en todo el mundo.
Hay otras razones de peso que exceden a Macri en esta suerte de guerra por el litio que acapara hoy a la Argentina y que va más allá de las medidas concretas que tomó el Gobierno en favor de la industria minera. Una de ellas tiene que ver con que la explotación del litio a privados no está autorizada en Bolivia por el rechazo que hubo de las poblaciones del Salar de Uyuni y por la política nacionalista de Evo Morales.
Y Chile no entrega más concesiones de litio al momento. Así, la Argentina quedó como el país más apetecible de atraer inversiones en el denominado "triangulo del litio" del mundo. Sólo la Argentina, cuenta con la cuarta reserva mundial de este mineral preciado por grandes companías como Panasonic, Toshiba, Samsung o Motorola, entre otras.
La puja de las empresas extranjeras por establecer bases de extracción de litio en el norte argentino no es la única. También las provincias norteñas bregan por dar mayores facilidades.
El secretario de minería de Salta, Ricardo Salas, expresó a LA NACIÓN que "más allá de las leyes nacionales que se deben cumplir, Salta cuenta con un programa de acompañamiento a las empresas que buscan invertir en litio". Así, Salas destacó que en Salta la empresa pública Remsa aporta concesiones mineras que posee y acordará la oportunidad de completar los trabajos exploratorios y pasar a la etapa de producción con una participación en la rentabilidad del negocio.
Desde jujuy, el gobernador Gerardo Morales dijo a LA NACIÓN que su provincia ofrece beneficios impositivos en los primeros años y el Estado comparte negocio con algunas empresas. A la vez, Morales dijo que en los próximos años se van a liberar más zonas de extracción de litio en Jujuy.
Claro que no todo brilla en medio del mundo del litio. Además de los reclamos ambientalistas que elevaron varias ONGs, existen problemas sociales con las comunidades indígenas que se encuentran cerca de los salares donde las empresas extranjeras ya están asentadas o tienen proyectos por desarrollar (ver aparte). Este tema puede tornarse un dolor de cabeza tanto para el Gobierno como para los empresarios ávidos de ganancias. Es que una de las demandas ya llegó a la Corte.
El Tribuno
A fin de constatar el cumplimiento de los monitoreos ambientales trimestrales que debe realizar laempresa Sales de Jujuy, la Secretaría de Minería e Hidrocarburos participó y observó el procedimiento siguiendo los lineamientos establecidos por el Ejecutivo Provincial.
El requerimiento esencial planteado al momento de la aprobación del proyecto de explotación de litio en el Salar de Olaroz - Cauchari establece que Sales de Jujuy tiene la obligación de realizar trimestralmente monitores ambientales participativos. Siguiendo esta premisa, la Secretaría dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción efectuó un estricto control del cumplimiento de la norma con vistas al seguimiento de las características de los distintos componentes del ambiente (agua, aire, suelo, costra salina, salmuera, vegetación, fauna, ruido).
Al respecto, el director de Minería, Waldo Chayle, sostuvo que "se realizaron ciertas observaciones que la empresa deberá dar respuesta en el plazo de los tres meses, que corresponde al período de inspecciones que se debe concretar en la zona y que desde esta gestión se inició y se va a controlar que se cumpla a rajatabla", siguiendo el acuerdo firmado en su momento. "Es un eje fundamental para el Ministerio que se cumpla con todas las normas para garantizar el cuidado del ambiente, ese es el pedido del Gobernador y nosotros vamos a garantizar que se cumpla", sentenció el funcionario.
En la oportunidad se desarrollaron trabajos dirigidos a detectar la presencia de gases en siete puntos a través de tubos colorimétricos y medición de material articulado en siete sectores; se extrajeron seis muestras de suelo, diez muestras de agua, incluyendo efluentes cloacales, cuatro muestras de salmuera y ocho de costra salina. Se contó con la participación de miembros de las comunidades de Coranzulí, Catua, Huancar, Pastos Chicos y Susques, junto a la ingeniera Paula Názaro en representación de la Secretaría de Minería e Hidrocarburos.
La extracción de litio en los grandes salares del norte argentino generó en los últimos años dos graves problemas que están unificados y podrían crecer al rítmo de la industria mundial asentada en el lugar: el impacto ambiental por el uso excesivo del agua y las quejas de las comunidades indígenas por los cambios que afectan a sus vidas.
El elevado consumo de agua para la obtención de litio vía evaporación es el impacto ambiental más significativo que denuncian los activistas ecológicos. No sólo ello: el impacto ambiental por este tema llegó a la Corte Suprema de Justicia en 2010 de la mano de una mesa de 33 comunidades originarias para la Defensa y Gestión del Territorio (Salta y Jujuy) que presentó una acción de amparo exigiendo la consulta previa sobre los proyectos extractivos en Laguna Guayatayoc y Salinas Grandes. Hubo una audiencia pública convocada por la misma Corte, pero el tema no prosperó. Ahora los abogados de las comunidades indígenas del Norte irán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para hacer sentir allí sus protestas.
"En general no se hacen las consultas previas y reglamentarias a cada comunidad indígena, y luego el impacto ambiental se sufre mucho en el modo de vida por lo que hacen las empresas", explicó a LA NACIÓN Pía Marchegiani, directora de Participación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. A la vez, la especialista dijo que no hay estudios confiables en Salta, Jujuy o Catamarca sobre el uso real del agua de las empresas que explotan los salares.
Según un informe de esta fundación, "las comunidades indígenas que habitan las zonas no necesariamente se oponen a la explotación del mineral, sino que quieren que se garanticen sus derechos y la posibilidad de poder decidir su modelo de desarrollo". Para la fundación que integra Marchegiani hay "escasos controles provinciales y falta información sobre los elementos químicos que agregan las empresas para la extracción del litio". Este es uno de los factores determinantes en toda la industria minera.
