Pablo Fernández Blanco
En los últimos 10 días, el Gobierno empezó a acelerar los pasos que llevarán a un aumento en las tarifas de gas. Si se cumplen los requisitos tecnológicos y burocráticos asociados al cambio en la modalidad de las boletas, las subas regirán desde el 1° de marzo. De lo contrario, la llegada de los aumentos se demorará hasta el primer día de abril. Así lo confirmaron a LA NACIÓN fuentes públicas y privadas al tanto de las negociaciones.
El actual esquema tarifario incluye muchos modos de calcular el precio del gas para el usuario, lo que determinaría que las alzas tuvieran muy diferente impacto. La gama de aumentos empezaría en 40% y podría alcanzar el 300%, siempre según el tipo de tarifa, la carga actual de subsidios que serán eventualmente quitados y los beneficios sociales que decidan mantener para sectores más desfavorecidos.
La semana pasada, funcionarios del Enargas, el ente que regula el sector, se comunicaron con las principales distribuidoras del país, entre ellas, Metrogas, Gas Natural Fenosa y Camuzzi, para ordenarles que les imprimieran mayor velocidad a los procedimientos técnicos e informáticos necesarios para aplicar el nuevo mecanismo de facturación. Las nuevas facturas serán bimensuales, con un talón de pago mensual. Para las empresas, implica un cambio importante en las liquidaciones.
Además, el Gobierno les pidió a las distribuidoras y a las transportadoras de gas TGS y TGN que firmen documentos que habían acordado con el kirchnerismo, pero cuyo trámite nunca avanzó. La aprobación final, de todos modos, dependerá del clima social y de los tiempos políticos.
También están definidos los grandes números del aumento. Los consumidores residenciales pagarán en promedio $ 70,50 por millón de BTU (la unidad de medida) por el gas mayorista (que en el lenguaje petrolero se denomina "boca de pozo"), 124% por encima del precio actual. En dólares, pasará de poco más de US$ 2 a US$ 4,70.
El impacto de ese aumento en la factura puede ser muy variable y recién se verá cuando el Enargas publique los nuevos cuadros tarifarios. Sucede que en el país hay alrededor de 1300 tarifas distintas de gas para usuarios residenciales que registrarán un ajuste distinto según diversas variables, entre ellas, si reciben subsidios o no. En algunos casos los aumentos superarán el 300%, pero en otros rondarán el 40%. Algunos especulan incluso que las boletas más altas podrían bajar o no sufrir aumentos. Y habría premios al ahorro.
Junto con las subas a hogares y comercios habrá ajustes en el precio del gas que pagan las industrias, las estaciones de GNC y las generadoras de electricidad. Las bocas de expendio, por caso, pagarán poco más de $ 52,50, que representa un incremento del 41 por ciento. Mientras que el valor para usinas casi se duplicará, hasta los $ 78. Ese ítem lleva un asterisco: hay versiones según las cuales la generación eléctrica no pagará el aumento ahora, dado que eso volvería a presionar sobre los costos de un sector que acaba de recibir un ajuste en sus ingresos. Una de las alternativas es que Cammesa, la compañía que administra al sector, se haga cargo del incremento por unos meses. Esa versión no fue confirmada por fuentes oficiales.
La discusión por los nuevos precios del gas despertó posiciones encontradas en las empresas. Los bandos se repartieron entre la estatal YPF y la francesa Total, los dos mayores productores del recurso en el país. La primera quería que se mantuviera, como hasta ahora, un mejor precio para el producto proveniente de Neuquén, donde está el grueso de su oferta. La explicación: esa provincia está más cerca de los centros de consumo y sus recursos pagan menos por el transporte en gasoductos.
Total, en tanto, buscó mejorar el valor de la producción de Tierra del Fuego en detrimento de la anterior.
LA NACIÓN vio dos tablas con los nuevos valores. En una de ellas, el precio del gas neuquino es de US$ 5,13 el millón de BTU y el de Tierra del Fuego, US$ 3,53. En la otra, el primero es de US$ 4,87 y el segundo, de US$ 4,09. En ambos casos los valores promedio que pagarán los consumidores son idénticos.
Según la información que manejan las empresas, se impondrá un valor más cercano a la primera alternativa. A los precios del gas en boca de pozo se sumarán ajustes en el transporte y la distribución. Las subas superarán el 300% en algunos casos, pero su impacto en la factura será menor porque ambos ítems tienen menos incidencia que el precio mayorista del gas.
La intención del Gobierno es que después de los aumentos las compañías estén en equilibrio, algo que hoy no ocurre. En ese momento comenzarán a exigirles inversiones en el mantenimiento, la mejora del servicio y la ampliación de las redes.
Según la información que manejan las empresas, se impondrá un valor más cercano a la primera alternativa. A los precios del gas en boca de pozo se sumarán ajustes en el transporte y la distribución. Las subas superarán el 300% en algunos casos, pero su impacto en la factura será menor porque ambos ítems tienen menos incidencia que el precio mayorista del gas.
La intención del Gobierno es que después de los aumentos las compañías estén en equilibrio, algo que hoy no ocurre. En ese momento comenzarán a exigirles inversiones en el mantenimiento, la mejora del servicio y la ampliación de las redes.
El ministro de Energía, Juan José Aranguren, dio un paso administrativo importante la semana pasada con vistas a aplicar el nuevo cuadro tarifario. A través del decreto 367 disolvió la Unidad de Renegociación de Contratos, más conocida como Uniren, toda una institución en el sector. Había sido creada en julio de 2003 para renegociar los contratos de obras y servicios públicos, pero su tarea quedó deslucida cuando el ex presidente Néstor Kirchner no implementó las alzas acordadas con las empresas.
La nueva norma, que lleva las firmas del presidente Mauricio Macri, su jefe de Gabinete, Marcos Peña, y los ministros Alfonso Prat-Gay (Hacienda) y Aranguren, le allana el camino a cada ministerio para "suscribir acuerdos parciales de renegociación contractual y adecuaciones transitorias de precios y tarifas que resulten necesarios para garantizar la continuidad de la normal prestación de los servicios".
La publicación de las nuevas tarifas quedará a cargo del Enargas, un organismo a cargo de David Tezanos, cuyo número dos es Daniel Perrone. Ambos son viejos conocedores del sector gasífero. El primero trabajó para YPF hasta fines del año pasado, mientras que el segundo era directivo de TGS, la transportadora del sur del país.
Como en el caso eléctrico, el estudio de las nuevas tarifas está en manos de Andrés Chambouleyron, quien reporta directamente a Aranguren, aunque otros funcionarios tienen voz en ese proceso.
Según un estudio privado, el costo total del gas que usó el país el año pasado fue de US$ 7800 millones, un número sensiblemente menor que el del año anterior debido a la caída en el precio del producto que se importa. De ese total, los consumidores pagaron US$ 4600 millones, por lo que el Estado subsidió un 45% del gasto total. La intención del Gobierno es que el aumento le permita disminuir esos aportes y colaborar con la reducción del déficit fiscal. Pero también, recomponer la ecuación económica de las empresas
