Edwards Gajardo
La nueva política minera nacional espera dar un gran paso en las próximas semanas, cuando se realice en Canadá la feria minera más importante del mundo, la Annual International Convention & Trade Show Prospectors & Developers Association of Canadá, conocida como la PDAC, que en su versión 2016 (entre el 6 y el 9 de marzo) tendrá a una Argentina que por primera vez pone en categoría ministerial a la actividad y que llega con el reciente anuncio del fin de las retenciones.
Aún así tendrá muchas cuestiones pendientes, como la cantidad de provincias que se oponen al desarrollo minero, entre las que se cuenta Mendoza. Pero la provincia está más relacionada de lo que se podría pensar a la PDAC, ya que la historia reciente de la minería llegó de la mano de ese encuentro, tanto la que se cuestiona, como la que se consideraba una bendición y un fuerte impulso para el empleo y la recaudación provincial.
Fue en 2005 cuando la actual vicegobernadora, Laura Montero, en su carácter de ministra de Economía de Julio Cobos, envió la primera y única misión mendocina a la PDAC, la cual tenía por objetivo invitar a los inversionistas a ver en la provincia una buena alternativa para desarrollar proyectos mineros. En ese momento, el subsecretario de Promoción e Inversiones, Alejandro Rodríguez, y el director de Minería, Carlos Monjo, fueron los encargados de hacer la gestiones, las cuales fueron exitosas.
Producto de esa gestión llegaron en 2006 -por ejemplo- la Coro Minning, firma canadiense que dio el primer impulso al proyecto San Jorge (hoy en manos de inversionistas rusos) y Depromin SA, empresa que mantiene en suspenso sus operaciones en Paramillos Sur. Además, fue en ese año que se avanzó con la promoción del proyecto de extracción de potasio Río Colorado.
Sin embargo, con el paso de los meses, fue la miasma administración que buscó inversiones -la de Cobos- la que limitó las operaciones de la minería metalífera en la provincia con la Ley 7.722. Por eso, en el ambiente consideran que el Gobierno que hizo más por la minería fue el de Cobos y el que más la perjudicó, también fue el de Cobos.
Ante una nueva edición de esa convención minera y la postura del Ejecutivo nacional de apostar fuerte a la actividad, recuerdan este caso como uno de los más llamativos, ya que la denominada "ley antiminera" es conocida en la feria y siempre es motivo de comentario.
Raúl Rodríguez, abogado especialista en minería, estuvo en las últimas nueve ediciones de la convención PDAC y, desde el punto de vista legal, dijo que uno de los principales problemas que enfrenta Argentina a la hora de ofrecer inversiones es la "inseguridad jurídica".
En ese sentido, el profesional dijo -para ejemplificar- que "mientras en San Juan tenés una legislación que favorece la minería, a 160 kilómetros (en Mendoza) no la apoyan, en Neuquén la ven bien, siguiendo hacia abajo en Chubut está prohibida y en Santa Cruz permitida. De acuerdo a su experiencia, la falta de un criterio uniforme hace que los inversionistas duden y muchos no entienden como en un mismo país hay siete provincias con la minería prohibida" y otras a favor, si se trata del mismo ecosistema.
Respecto a la presencia argentina en la PDAC, dijo: "Ha pasado por varias etapas, siempre ha sido muy numerosa en gente, la presencia se nota, pero a mi juicio no ha sido demasiado efectiva en el sentido de que no ha logrado traer demasiadas inversiones".
Rodríguez confía en que la nueva política minera impulsada desde el Ejecutivo nacional, con la eliminación de las retenciones y una presencia estatal más importante, con la minería en rango ministerial. Además, destacó que el equipo de Daniel Meilán, secretario de Minería, se muestre recién asumido en la feria porque "se trata de una persona con experiencia que creó las bases para las atracciones de inversión en el pasado".
En ese contexto, es importante recordar que el equipo de la Secretaría de Minería de la Nación sumó hace algunas semanas al ex presidente de Minera San Jorge, Fabián Gregorio. El paso de la actividad privada a la pública es otra señal del impulso que se quiere dar a la minería en Argentina.
Por el corto de período de tiempo que tienen en funciones, no se espera que haya un plan minero argentino definido, pero si se considera marcar presencia y mostrar que está la decisión de las autoridades nacionales de apoyar la actividad.
Otro hecho importante que se da en la convención canadiense, es que allí se realiza la encuesta anual que luego se transforma en el informe Fraser, el cual establece que zonas del mundo son "amigables" o "desaconsejables" para las inversiones mineras.
Mendoza en el último informe, difundido en la previa de la convención del 2015, aparecía entre los 30 lugares más "desaconsejables" para invertir, especialmente por la presencia de la Ley 7.722. Este año el lugar no debería mejorar, mucho menos luego de la decisión de la Suprema Corte de Mendoza que ratificó la constitucionalidad de la norma.
Para muestra de los efectos de la feria y las complicaciones que puede tener Argentina para posicionarse como un destino "serio", en la industria recuerdan la presentación del presidente de Hierro Indio SA, Guillermo Re Kühl, quien mostró su proyecto en busca de inversionistas en una edición de PDAC. Meses después, su iniciativa no pasó de la Legislatura provincial por la resistencia de los grupos ambientalistas y terminó con el bloque radical en Diputados votando en bloque contra el avance del proyecto de exploración.
Ahora la industria espera por los resultados de la cita mundial minera y el futuro de la actividad en el país, con la nueva impronta que quiere darle la administración de Mauricio Macri.
Sitio Andino
En las últimas horas, concejales de Malargüe y Alvear debatieron temas en común y que hacen al desarrollo de ambos departamentos. Los temas centrales estuvieron circunscriptos a las Rutas 188 y Paso Pehuenche, aunque algunos concejales solicitaron hablar de minería y otros de planes estratégicos.
Este martes en el Concejo Deliberante de Malargüe, ediles locales recibieron a sus pares alvearenses, con la intención de unificar criterios en proyectos en común que tienen ambos departamentos y que están vinculados al desarrollo regional.
El encuentro fue organizado por el concejal del Frente Cambia Malargüe, el radical Fernando Glatigny y el Presidente del Concejo Deliberante de Alvear, Ramiro Zaragoza.
A Sitio Andino, Glatigny afirmó que este encuentro nació con la intención de sumar esfuerzos para lograr objetivos en común, como la Ruta Nacional 188, y la necesidad de obras en la Aduana argentina de Paso Pehuenche.
Diario Uno
Carina Luz Pérez
La quita de retenciones a las exportaciones mineras dejó más cerca a la empresa brasileña Vale de reactivar el proyecto Potasio Río Colorado, ya sea descongelando las obras en el departamento de Malargüe o bien interesando a inversores para que compren los activos que tiene en el Sur mendocino. Esta última opción es la que ha tomado más fuerza esta semana, luego de la medida económica decretada por el presidente Mauricio Macri hace 10 días.
Además, durante la reunión de enero pasado entre el Gobierno local y el CEO de Vale, Edoardo Santana, ya había trascendido que era casi un hecho la venta del proyecto.
En ese momento los brasileños estaban en la tarea de interesar a capitales chinos, rusos y árabes. Estos últimos serían los más dispuestos a continuar con la explotación sureña.
Si bien en el Ministerio de Infraestructura manejan con mucha cautela los detalles del acercamiento, reconocen que luego del anuncio del presidente Mauricio Macri el panorama cambió sustancialmente.
"La quita de las retenciones es buena para Mendoza, porque le da más competitividad al proyecto que hoy tenemos trabado en la provincia. Con mayor competitividad se puede producir más y eso se traduce en más empleo", indicó Emilio Guiñazú, subsecretario de Minería y Energía de la provincia.
En el caso particular, de las negociaciones de Vale para desprenderse del proyecto, el funcionario sólo indicó que "vamos a acompañar todo el proceso de decisión de la empresa para realizar el proyecto, ya sea con ellos desarrollándolo o si lo venden. Es cierto que en las actuales condiciones en la que está Vale difícilmente se queden con el emprendimiento. Por supuesto, esto es mi opinión personal".
La concesión de Vale sobre Potasio Río Colorado vence en 2050 pero al estar paradas las obras desde 2013, el mismo pliego de concesión le impone un plazo de tres años para rereanudar los trabajos, lo que significa que tiene tiempo hasta marzo de 2017 para decidir.
Luego de esa fecha, la concesión cae y la Provincia está en libertad de volver a llamar a licitación para explotar sales de potasio, útiles para fertilizar el campo.
Vale había calculado extraer alrededor de 4,3 toneladas anuales de sales de potasio y hacer una inversión progresiva de U$S6.400 millones, poniendo en funcionamiento la mina en un plazo de seis a siete años.
Sin embargo, las condiciones del mercado internacional del producto, el efecto del proceso inflacionario y el tipo de cambio que regía en Argentina hicieron que la empresa frenara el proyecto en 2013, dejando a más de 4.000 personas desempleadas.
Con el cambio de gobierno, las medidas económicas implementadas, como la liberación del dólar y la quita de las retenciones a las exportaciones, allanaron un poco el camino para tentar a nuevos capitales.
Por supuesto que las críticas de la oposición y de los ambientalistas no se hicieron esperar, ya que con la quita de las retenciones el Gobierno nacional deja de recaudar alrededor de U$S220 millones por año.
Pero así como sucede con otros productos exportables, estas retenciones quedaban sólo en la Nación ya que no eran coparticipables para las provincias, por lo que Mendoza no deja de percibir ningún recurso, según lo explicitado desde Infraestructura.
Guiñazú señaló también que en lo inmediato, un grupo importante de mineras locales que exportan se verán beneficiadas.
"Mendoza exporta minerales de segunda categoría, como bentonita, talco y calcita, cuyas retenciones se llevaba la Nación, sin dejar nada en la provincia", expresó.
Y aclaró que no deben ser confundidos criterios económicos con ambientalistas. "Si un proyecto fuera contaminante, aunque se cobrara 50% de retenciones no tendría autorización".
