Al parecer, el mecanismo no era muy sofisticado: Lázaro Báez arrasaba en las licitaciones de obras públicas en Santa Cruz, luego subcontrataba a distintas empresas proveedoras en las que tercerizaba distintos servicios o partes de las obas comprometidas, y por esos trabajos les pagaba varios de los millones de pesos que le liquidaba la provincia con dinero especialmente remitido desde el gobierno nacional en las administraciones kirchneristas. Pero una de las causas judiciales que hurga en los números del empresario K encontró una fisura importante en ese relato: según denunció la diputada Margarita Stolbizer, varias de las empresas a las que Báez declaró haber subcontratado, ni siquiera tenían empleados registrados ni la inscripción activa ante la AFIP.
La revelación se suma a la investigación por el supuesto uso de “facturas truchas” por parte de Báez, que fue absorbida por el juez Sebastián Casanello en el megaexpediente de la llamada “ruta del dinero K”.
Los primeros datos que involucraban al socio de los Kirchner se conocieron cuando la justicia de Bahía Blanca descubrió una usina de facturas falsas que eran utilizadas masivamente por varias empresas al menos para evadir impuestos. Una de las firmas usuarias de esas facturas falsas era Austral Construcciones, la nave insignia del grupo Báez. Pero como el juez bahiense sólo se orientó hacia las “usinas” de las facturas y no hacia las firmas que las utilizaban, Stolbizer presentó una denuncia específica contra Lázaro, bajo la sospecha de que podría haber utilizado la facturación apócrifa para lavar dinero producto de la corrupción.
Esa denuncia, que absorbió Casanello, fue ampliada por la diputada del GEN, quien descubrió que las firmas Constructora Patagonia SA, Terrafari SA, Calvento SA y Grupo Penta SA –subcontratadas por Austral Construcciones para ejecutar obras que esa empresa había ganado por licitación– “no tenían grandes antecedentes en el rubro de la construcción, algunas no tenían empleados y lo más grave: la AFIP las había dado de baja de oficio por no registrar movimientos al momento de la contratación y facturación por los supuestos servicios prestados a Báez”, explica Silvina Martínez, abogada de Stolbizer. “Estas facturas truchas permitieron a Austral Construcciones evadir millones de pesos en impuestos o camuflar sobornos”.
Además de aportar nuevas pruebas contra Báez, la diputada también señala la supuesta complicidad en la maniobra de la AFIP, entonces dirigida por el actual titular de la Auditoría General de la Nación, Ricardo Echegaray. “El encubrió las maniobras delictivas de las empresas del grupo Báez; no sólo en delitos relacionados con la evasión impositiva, sino de las maniobras de lavado de dinero, sobreprecios en los contratos con el Estado y retornos por obra pública mediante la explotación hotelera y facturación apócrifa”, dice la denuncia.
“En algún punto y en algún momento las causas judiciales en las que se investiga el patrimonio de la ex Presidenta, se deberán relacionar con estas causas donde se van desnudando los negocios de los Baez con el Estado”, advirtió Stolbizer.
