Cuando ya han pasado casi cinco años de la firma del acuerdo entre Aguas Andinas y AES Gener, que viabilizó el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, la Contraloría General de la República ordenó revisar este convenio, lo que abre un nuevo flanco para esta iniciativa en la que junto a la eléctrica de capitales estadounidenses participa el brazo minero del grupo Luksic.
En 2011 y tras varios años de negociaciones, que no estuvieron exentas de polémica y enfrentamientos, ambas empresas lograron sellar la forma en que ejercerán sus respectivos derechos de aprovechamiento de agua en el contexto del proyecto Alto Maipo, iniciativa que operará a partir de agua proveniente del embalse El Yeso y las lagunas Negra y Lo Encañado, ubicadas en la zona del Cajón del Maipo.
Además de asegurar que la operación del tranque, que es la principal reserva de agua de Santiago, se realizará con criterio sanitario y no eléctrico, el contrato establece una remuneración para Aguas Andinas derivada de la operación del complejo, actualmente en construcción, que considera dos centrales de pasada.
Ahora y en respuesta a una solicitud de un grupo de congresistas encabezados por el senador socialista Alfonso de Urresti, nuevo el contralor Jorge Bermúdez determinó que la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) deberá pronunciarse respecto de dos materias concretas, para lo cual dispone de un plazo de 15 días, el cual según indicaron en el organismo aludido expira el 2 de marzo.
Esto, porque aunque Bermúdez reconoce que el convenio no implica un traspaso de la concesión, razón por la que la SISS no tenía que autorizarlo, sí indica que “la SISS debe ejercer una fiscalización permanente sobre los actos de las concesionarias, debiendo pronunciarse sobre la legalidad de los mismos en caso de ser requerida”, reza el dictamen.
Lo primero que la Contraloría pide determinar es si el convenio representa una amenaza para la cantidad y calidad del agua que la sanitaria utiliza para prestar su servicio. Este punto ha sido planteado con fuerza por los detractores del proyecto eléctrico.
La segunda materia a la que puso atención la Contraloría es la que concita más atención: si el uso dado a las aguas, así como las obras de infraestructura que compromete Aguas Andinas en el convenio, se ajustan o no a su objetivo único como concesionaria de servicios sanitarios.
La regulación dice que cuando una sanitaria obtiene beneficios adicionales con la infraestructura de su concesión, debe traspasarlos a tarifas, lo que usualmente negocia con la SISS.
En este caso, a fines de 2014 y en su proceso tarifario Aguas Andinas acordó con la SISS que cuando Alto Maipo opere y ellos reciban ingresos, aplicarán una rebaja de 1,3% en sus tarifas, descuento que luego revisarán en su siguiente fijación tarifaria, la que tendrá lugar en 2020.
La estimación de la generadora es que el complejo hidroeléctrico estará en operación hacia fines de 2017 o principios de 2018. A mediados de enero la obra presentaba un avance de 27%, con una curva de ejecución en un rango entre “esperado” y “tardío”.
Fuentes de la sanitaria mencionaron este descuento acordado con la SISS e insistieron en que el mencionado contrato no los convierte en una eléctrica ni se dedicarán a esa actividad, por lo que mantienen su objetivo único.
La Contraloría transcribió su dictamen a las empresas aludidas y, al respecto, AES Gener dijo haber tomado conocimiento de éste y destacó que el organismo “declara que el convenio entre Aguas Andinas y AES Gener no corresponde a un acto jurídico en virtud del cual se transfiera el dominio de la concesión o su derecho de explotación, por lo que no se requiere la autorización de la SISS a que se refiere el artículo 32 del DFL 382”.
Para el grupo Bethia, llegó el momento de vender su participación en Aguas Andinas. Cerca de cinco años han pasado desde que en junio de 2011 el holding ligado a la familia Heller-Solari ingresara a la propiedad de la empresa sanitaria, luego de que adquiriera el 5% tras participar en el remate por el 29,98% que estaba en manos de Corfo.
Si en junio de ese año las acciones Aguas-A promediaban los $252,49, en lo que va de febrero la media alcanza los $360, lo que implica una ganancia del 43%. Ayer los títulos cerraron en $363,99 (+0,11%).
El alza de los papeles es la principal razón esgrimida por Bethia para entregar un mandato de venta, por paquetes, de su participación en la empresa, ya que pese a que aseguran no tener un problema de caja, destacan que es un buen momento para liquidar esta inversión.
A comienzos de mes, el holding informó que había vendido el 0,28% de su participación equivalente a 17.707.476 de títulos por un total de US$8,8 millones. En esa ocasión fue LarrainVial el que estuvo a cargo de la operación. Tras esa transacción, Bethia quedó con el 1,29% de la empresa, equivalente a unas 79 millones de acciones.
Ayer, el grupo habría vuelto a desprenderse de papeles, en un contexto en que se negociaron cerca de $6.000 millones en la acción, siendo la segunda más transada de la sesión. Del total, $709 millones correspondieron a una sola operación realizada por LarrainVial, en la que vendió 1.952.753 de acciones a $363,5 cada una.
Otros 20 mil títulos fueron enajenados en la jornada a través de la misma corredora por cerca de $745 millones.
Cabe recordar que en septiembre de 2015 fue LarrainVial el encargado de vender el 14,72% que mantenía el holding en Empresas Navieras.
Con todo, además de Aguas, Bethia por medio de la sociedad Axxion participa en Latam Airlines -al 31 de diciembre de 2015- y según informó la sociedad en sus estados financieros al tercer trimestre del año pasado, por cada 10% de caída de la acción de la aerolínea en ese período, la pérdida para la firma ascendía a $6.173 millones. Entre julio y septiembre los papeles de Latam Airlines retrocedieron 26,67%.
