La Corte Suprema de Justicia refrendó el 16 de diciembre la Constitucionalidad de la Ley 7722 que prohíbe el uso de sustancias contaminantes en la explotación minera, fallo que impide a la Comisión Nacional de Energía Atómica reabrir Sierra Pintada, por lo que queda por resolver la remediación de las colas de mineral, material contaminante que encierra un riesgo para los sanrafaelinos.
Al respecto, existe un viejo reclamo local que está pendiente de resolución a partir de que el Gobierno de Mendoza hace más de un año y medio que no resuelve aprobar el estudio de impacto ambiental para la remediación de los pasivos. Esto es más de un millón de metros cúbicos de agua de cantera, y los 5.223 tambores con residuos sólidos que están enterrados en la mina desde que se paralizó esa industria en 1995 por decisión del ex presidente Carlos Menem.
La manifestación de Impacto Ambiental fue elevada al Ministerio de Medio Ambiente de Mendoza hace casi dos años, y está próximo a vencer ese pedido con lo que las tareas de remediación seguirían postergadas.
Por qué no se aprueba el estudio de impacto ambiental se desconoce, pero mientras más se demore el complejo trámite, peor para San Rafael.
Hay que tener en cuenta que al aceptarse esa manifestación general de impacto ambiental corresponde solicitar los dictámenes técnico a Irrigación, universidades, municipalidad, hidráulica y la Autoridad Regulatoria Nuclear, y por último convocar a una audiencia pública.
Con vistas a trabajos de remediación, la CNEA hizo construir los diques 8 y 9 de evaporación para tratar las colas de mineral, y mantiene cerca de un centenar de obreros, técnicos y profesionales dispuestos a realizar el trabajo pendiente, con un elevadísimo costo en sueldos.
Si el monto de los sueldos se multiplica por los 21 años que lleva paralizada la mina, arroja una cifra millonaria. Más el costo diario de trasladado de personal que realiza tareas menores, a lo que se suma la guardia por cualquier contingencia, y hay que agregar a ello el mantenimiento del puesto fijo de Gendarmería Nacional, al menos cuatro efectivos.
El concejal de Cambia Malargüe, Mauricio Martínez, solicitó a sus pares alvearenses que contemplen la posibilidad de apoyar también a la minería como actividad económica para el desarrollo de la región, en particular de Malargüe, ya que el departamento carece de otras que tiene el resto de Mendoza.
Martínez manifestó al equipo periodístico de Noticiero Andino que “pedí el apoyo de Alvear en lo que respecta a minería de segunda y tercera categoría, ya que consumen minería para sus fertilizantes”.
El concejar agregó: “Pedí que se anexara al Acta Acuerdo que ellos nos apoyen en el tema minero, poder difundirlo y buscar los recursos”, aclaró el edil radical.
Martínez sustentó su pedido explicando que los minerales de segunda y tercera categoría son -por ejemplo- el yeso, donde Malargüe posee uno de los de mejor calidad en la Argentina, y que es utilizado para la agricultura, medicina o construcción.
