El Contralor General de la República, Fuad Khoury Zarzar, presentó el estudio “Mejora regulatoria y simplificación de procedimientos administrativos que afectan la inversión”, que destaca la urgente necesidad de simplificar nueve procedimientos administrativos críticos para acelerar las inversiones en sectores claves.
Los nueve procedimientos que deben simplificarse son: las certificaciones ambientales, la consulta previa, las autorizaciones y permisos de uso del recurso hídrico, las servidumbres, las licencias y permisos municipales, las autorizaciones para el uso de combustibles y explosivos, las expropiaciones, las interferencias y la instalación de antenas.
Según el estudio de La Contraloría, a pesar de los esfuerzos del Estado para mejorar la calidad de la regulación e impulsar la simplificación administrativa, la tramitología y el exceso de normas sigue siendo un problema sin resolver, generan un entorno poco amigable para hacer negocios en el país y eleva los niveles informalidad. “Esto definitivamente impacta en la productividad y competitividad de las empresas del país y genera espacios para la comisión de actos de corrupción”, señaló Khoury.
En el Perú existen cerca de 600,000 normas vigentes, incluso existen leyes que no entran en vigencia por no estar reglamentadas. Debido al excesivo número de normas, el Perú se ubica en el puesto 133 de un total de 140 países evaluados, según el Indicador de Sobrecarga Regulatoria del Ranking de Competitividad Global 2015 – 2016 elaborado por el Foro Económico Mundial.
El estudio analizó 22 procedimientos administrativos de los 5 principales sectores productivos del país: minería, hidrocarburos, energía, transporte y telecomunicaciones.
En base a este análisis, la Contraloría recomienda que, en materia de Regulación, se debe formular una política regulatoria de alcance nacional; crear un órgano especializado encargado de promover y supervisar la gestión regulatoria; incorporar el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR), como metodología obligatoria en el diseño de la nueva regulación, para garantizar una evaluación previa del costo - beneficio; y la tala normativa.
En materia de Simplificación Administrativa, el estudio recomienda la actualización periódica y obligatoria de las normas que regulan los procedimientos administrativos; la implementación de ventanillas únicas de información y asesoría; la elaboración de manuales que guíen a los inversionistas en la tramitación de los procedimientos, la creación de Textos Únicos de Procedimiento Administrativo (TUPA) modelo para los procedimientos comunes a nivel de los gobiernos locales; y el establecimiento de periodos de adecuación a las normas antes de su entrada en vigencia.
