La Argentina cuenta con una ley reciente que fomenta el uso de fuentes renovables de energía destinadas a la producción de electricidad. Así, actualiza un régimen vigente desde principios de 2007 mediante el cual el Estado se comprometió a incrementar, en diez años, hasta en un 8% el aporte de energías renovables a la matriz energética nacional.
Casi cumplido ese plazo, nada de ello ha ocurrido. Según la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), nuestra matriz eléctrica está constituida, en términos de potencia instalada, por energía térmica en el 60,7%; energía hidráulica, 35,4%; energía nuclear, 3,2%; energía eólica, 0,5%; biomasa, 0,005%, y energía solar, 0,025%. El resultado no es sino consecuencia de la pésima gestión energética y ambiental del gobierno kirchnerista.
El nuevo sistema pretende alcanzar una contribución de las fuentes de energías renovables de un 8% del consumo de energía eléctrica nacional al 31 de diciembre de 2017 y del 20% para 2025. Para ello, los grandes usuarios deberán contratar los volúmenes de energía directamente en el mercado, ya sea con generadores de fuentes renovables independientes, a través de comercializadores o por medio de la ejecución de proyectos propios. De modo complementario, la norma introduce exenciones a los impuestos de importación a los bienes de capital y equipos para los proyectos de energías renovables y beneficios fiscales, como la devolución anticipada del impuesto al valor agregado (IVA).
Para poder cumplir con la nueva ley son imprescindibles cambios significativos que hagan de las energías limpias una alternativa que no esté basada en combustibles fósiles y que tampoco genere emisiones.
La reciente cumbre climática de París alcanzó el primer compromiso global voluntario (pero vinculante) de las naciones con el objetivo de limitar el aumento de la temperatura del planeta. Este acuerdo constituye una nueva oportunidad para que los gobiernos de todo el mundo pongan fin a las subvenciones al carbón, al petróleo y al gas -principales responsables del cambio climático- y aceleren el cambio hacia un modelo energético basado en energías renovables. Por eso se requieren estas reformas legislativas, y nuestro gobierno debe acompañar el acuerdo mediante iniciativas concretas en varias direcciones: promover las energías renovables, hacer más eficientes sectores como el transporte o la construcción e implementar de un modo adecuado la maltratada ley de bosques. En otras palabras, la política necesariamente debe integrarse con otras áreas, tales como energía, industria, transporte y minería. Y se requiere de inteligencia para involucrar y comprometer al sector privado, a través de la difusión de buenas prácticas y de brindar señales claras para que invierta en actividades que resulten bajas en niveles de carbono.
Estamos ante una nueva coyuntura: teniendo en cuenta que cerca del 50% de la electricidad mundial se relaciona con el consumo del sector privado, para lograr la ambiciosa transformación hacia una economía baja en carbono el acuerdo de París debe cristalizarse en una transformación de las empresas, y es justamente el sector privado el que debe aprovechar las ventajas de utilizar energías renovables y ser más eficiente en el uso de energías en general para que el país pueda cumplir con sus compromisos internacionales.
Cabe mencionar la campaña internacional RE 100, dirigida por The Climate Group, que compromete a influyentes empresas como BMW, Coca-Cola, Google, H&M, Nestlé y Unilever a migrar a esquemas de abastecimiento eléctrico ciento por ciento renovable. Se trata de una ambiciosa iniciativa mundial para implicar, apoyar y destacar a las grandes compañías que se han comprometido a utilizar un ciento por ciento de energía renovable, dando ejemplo de liderazgo en la lucha contra el cambio climático y en el desarrollo de una economía baja en carbono. Para ello, las empresas miembros son alentadas a hacer público su compromiso de abastecerse con fuentes renovables para un año determinado.
Tras la cumbre de París, Paul Polman, CEO Global de Unilever, anunció que para 2030 el total de la energía en todas sus operaciones provendrá de fuentes renovables y que, a través de sus socios, la compañía brindará apoyo directo a generar más energía renovable que la que necesitan para operar, con el objetivo de que el excedente esté a disposición de los mercados y de las comunidades locales en las que la compañía opera.
En la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, que también se llevó a cabo en 2015, los Estados miembros de la ONU aprobaron 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático. Entre estos objetivos se encuentra el acceso a energía sostenible para todos. Y, para garantizar ese acceso universal a electricidad asequible en 2030, es necesario invertir en energías limpias, como la solar, la eólica y la termal. Por eso, un objetivo crucial que puede estimular el crecimiento y al mismo tiempo conservar la calidad de vida en el planeta consiste en contar con energía limpia en todos los países.
La Argentina necesita una estrategia de país para establecer qué tipo de energía queremos promover y dónde resulta más adecuado generarla, con menores impactos y mayor eficiencia. Tenemos inmensas posibilidades en el desarrollo de energía eólica, en particular en la Patagonia, donde la dirección, constancia y velocidad del viento hacen de la región uno de los sitios del planeta con mayor potencial y capacidad para producir la electricidad que necesita. Por eso resultaría también discutible la instalación de las represas en el río Santa Cruz, que no sólo constituyen un monumento a la corrupción del gobierno anterior, sino que son un ejemplo de ceguera. La enorme capacidad de la Argentina para hacer uso de la energía del viento y la existencia de una tecnología de aerogeneradores competitiva y eficiente en el mercado hacen que sólo sean necesarias decisiones políticas para desplegar el enorme potencial eólico existente. Un "ecotratado" con China puede modificar el enfoque y permitir que la Argentina genere puestos de trabajo en la producción de energía limpia, que evite convalidar la aprobación de las represas por parte del gobierno anterior.
De modo complementario, nuestro país debe promover la implementación de políticas de eficiencia energética. En la publicación "Escenarios energéticos para la Argentina (2013-2030) con políticas de eficiencia", de la Fundación Vida Silvestre Argentina, se asegura que si en nuestro país se implementaran políticas de eficiencia energética, se evitaría generar 6000 MW, una cifra equivalente a la mitad de lo que se pretende producir con las mencionadas represas.
El éxito de la nueva norma dependerá de si hay o no involucramiento empresarial y ciudadano. Su texto es una señal al mercado que proporciona previsibilidad e impulsa la innovación y las prácticas empresariales responsables con el objetivo de reducir las emisiones y promover la creación de negocios verdes. Se requiere adoptar la energía renovable a una escala y a un ritmo a los que jamás hemos asistido. Uruguay invirtió en 2012 el mayor porcentaje de PBI de la región (55,7%) en energía renovable y cubre el 80% de sus necesidades con energía verde, aunque no ha sabido valorizar adecuadamente el impacto visual en el paisaje en lugares sensibles. Brasil, por su parte, es el tercer país latinoamericano en generar con éxito electricidad no convencional, como la eólica, la biomasa o a través de minihidroeléctricas.
El cumplimiento de la nueva norma requiere de la inteligencia del actual gobierno para poder cumplir con sus objetivos. Se debe inspirar a las empresas a transformar sus modelos de negocios, a reasignar su capital para invertir en tecnologías que reduzcan las emisiones de carbono y a ser transparentes acerca de sus esfuerzos, para garantizar que se cumplan los compromisos.
Ir hacia un nuevo modelo energético es irreversible. Estamos ante una oportunidad histórica para que la Argentina tome un liderazgo en la lucha contra el cambio climático, en la transparencia y en el desarrollo de energías renovables que no sólo permitan cumplir con los compromisos internacionales, sino que promuevan una economía baja en carbono que genere puestos de trabajo duraderos y sustentables.
