El salto inflacionario de enero hizo mucho ruido en el gobierno nacional. En los primeros días del año, el ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat Gay se había comprometido ante el presidente Macri que la suba de precios en enero no iba a sobrepasar el 3%, pero la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires no tuvo piedad con el funcionario y lo ubicó esta semana por encima del 4%.

El éxito de la salida del cepo no fue inocuo. Tuvo consecuencias.

Frente a este escenario, la administración central evalúa postergar los anuncios de aumento de tarifas para el gas para después de abril. "El ministro Aranguren planteó con mucho criterio una corrección en el precio de todas las tarifas de servicios públicos. Está tomada la decisión, pero los ajustes se están estudiando de hacerlos en forma gradual teniendo en cuenta un problema inflacionario heredado tan delicado", confió un importante funcionario del gobierno nacional al ser consultado por el tema.

Es que los nuevos cuadros tarifarios para el consumo de luz ya le sumaron presión a la inflación de este año y le quitaron poder de compra al trabajador, punto este último no menor en medio de las paritarias que se están negociando.

Según detalla un trabajo elaborado por la cartera de Prat Gay, en conjunto, el ajuste sobre la electricidad y la previsión de aumentos para gas y transporte tendrían una incidencia de entre 5 y 8 puntos sobre la inflación de este año. Tomando el techo de esta proyección, el índice de Precios al Consumidor (IPC) para el 2016 terminaría por encima del 30%. Un valor que no estaba entre los pronósticos oficiales de los primeros días de enero.

"Estamos analizando hacer los ajustes en forma escalonada. Sobre el gas se evalúa definir su aplicación para después de abril", manifestó el funcionario. La fuente consultada aseguró que se están realizando reuniones interministeriales (Hacienda, Energía e Interior) para monitorear el posible impacto de las suba de tarifas en distintos momentos del año sobre el IPC dejando en claro que "nada está todavía definido. El presidente Macri será el que tenga la última palabra sobre el tema".

Los datos que maneja el gobierno nacional para la segunda semana de febrero serán claves para definir cualquier nuevo anuncio sobre las tarifas de gas y transporte. Estos números mostrarán qué inercia lleva el IPC para cerrar el mes.

Si los precios de febrero caen por debajo del 3% el ministro de Energía, Juan José Aranguren, tendría vía libre para hacer las correcciones que ya definió hace varias semanas. De ser un valor más alto, los ajustes entrarían en un nuevo debate dentro de la mesa chica del gobierno donde existe el riesgo de que pueda primar el rigor político sobre el económico. Un error que históricamente se pagó muy caro en el país.

El aumento en las tarifas del gas y electricidad en todo el país anunciado por el ministro de Energía de la Nación se presenta como una presión más para las economías regionales del interior.

En cada una de las regiones las economías se encuentran en situación de emergencia debido a largos años de medidas financieras que ahogaron al productor, sumado al viraje de la economía hacia las actividades extractivistas de alto impacto en los territorios. La política dispuesta por las entidades financieras hizo desaparecer a gran número de productores, fortaleciendo un proceso de concentración de la tierra, especulación y persecución por deudas.

En el caso particular de Río Negro, a la crisis frutícola, a la desaparición de los productores primarios y, a su vez, la concentración de la tierra productiva en pocas empresas debe agregarse la imposición de una actividad extractiva de alto impacto como son las explotaciones de gas y petróleo no convencional –a través de la técnica de fracking o fractura hidráulica–, impuestas por el gobierno provincial y nacional en el medio de las chacras del Alto Valle rionegrino.

Esta actividad claramente contradictoria con la producción frutihortícola y muy contaminante se instaló en el medio de los frutales –peras y manzanas–, de los barrios rurales y cerca de las escuelas, sin siquiera contar con estudios de impacto ambiental ni audiencias públicas en las que la población pudiera expresarse.

Ahora se anuncia un aumento generalizado del gas en todos los distritos, algo que contradice los mismos dichos del Ministerio de Energía acerca de que en las provincias productoras de gas no habría aumentos. En conclusión, se impone un modelo destructivo en lo ambiental y, tras cartón, se debe absorber un aumento injusto en el gas que se consume. Todo esto en el contexto de la grave crisis que viven los fruticultores rionegrinos.

Ya no caben dudas de que esta región productiva es una "zona de sacrificio" disponible para la explotación petrolera, con el único afán de recibir las regalías –similar a "regalo"–, sin admitir que la actividad es totalmente incompatible con cualquier producción que utilice a la tierra y el agua como bien natural indispensable.

Por otro lado, pese a las últimas medidas de devaluación de la moneda, la eliminación de las retenciones y el reintegro por las exportaciones por puertos patagónicos, paradójicamente, esto no ha beneficiado a los productores primarios afectados.

Si tomamos en cuenta que, aproximadamente, un 94% de productores son los denominados primarios, puede tenerse una dimensión acerca de lo poco significativas que resultan las medidas en la realidad regional para un gran número de productores.

Seguimos reclamando que sea el Estado, desde su rol regulador de intereses a favor del sector productivo mayoritario, más dependiente y necesitado, el que intervenga fuertemente. Para eso necesitamos una ley nacional.

La creación del instituto de la pera y la manzana –proyecto de mi autoría, trabajado por las Cámaras de productores de Avellaneda y Río Colorado, y antes por el Movimiento de Mujeres en Lucha–, al igual que las leyes en vigencia del instituto de la yerba mate, es una respuesta para solucionar los desequilibrios de poder al momento de la comercialización de estos productos, incorporando la noción de precio justo. Por eso pedimos su aprobación en el Congreso nacional.

De esa manera sería factible gestar, como es necesario, una economía en la que el sector productivo mayoritario –los productores primarios– se beneficie a través de una equilibrada distribución de esfuerzos y ganancias.