Efectivos de la Policía Nacional de protección del medio ambiente, arribaron desde la capital de la República hasta la localidad de Ancocala, provincia de Sandia (región Puno) para destruir maquinaria pesada valorizada en más de tres millones de dólares con la participación de efectivos y Ministerio Público.
En esta interdicción se logró la destrucción de cuatro compactadoras, tres retroexcavadoras, 95 motores, 38 chutes, entre otros, informó el director ejecutivo de protección del medio ambiente de la PNP, General Wilman Carrasco Becerra.
Anunciaron que seguirán realizando este tipo de operativos como también en otras localidades que afectan el rio Ramis.
A propósito de la advertencia lanzada por los pobladores que viven en la cuenca Ramis a las autoridades de todos los niveles para paralizar las actividades mineras ilegales en la cabecera de cuenca e iniciar la prometida remediación de los afluentes, el Gobierno Regional Puno (GRP) ha optado por desentenderse del problema.
Correo accedió a documentación en la que se evidencia que ni la gestión del exgobernador (ahora candidato al Congreso por PPK), Mauricio Rodríguez, ni la actual de Juan Luque Mamanihan dado la importancia debida a la recuperación del Ramis.
En el informe N° 158-2015-MEM/DGAAMque envia el director general de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas (MEM) al viceministro Guillermo Shino Huamaní, se hace conocer que el Gobierno Regional de Puno ha rehusado ser unidad ejecutora del proyecto de inversión pública denominado “Disminución de la contaminación minera en la cuenca media-baja del río Ramis- Región Puno”.
El problema parte desde el año 2011, precisamente luego de las violentas protestas que se registraron en Azángaro y Juliaca por este tema, inclusive con el saldo de seis personas fallecidas en el intento de toma del aeropuerto calcetero; cuando los gobernantes se comprometieron a solucionar la contaminación por minería ilegal.
Durante el año 2012, el Ministerio de Energía y Minas contrató a una empresa consultora (Inclam S.A. Sucursal Perú) para realizar el estudio inicial, algo que fue hecho, pero sin contemplar la unidad ejecutora.
Según el despacho el parlamentario Rubén Condori, el MEM observó ese punto, luego el informe fue corregido y se incluyó al Gobierno Regional como unidad ejecutora.
No obstante, desde entonces la región simplemente no ha querido aceptar dicha responsabilidad, “al parecer porque no se tiene presupuesto asegurado”, afirma una fuente del mismo Gobierno Regional.
A todo ello, ya en noviembre del año pasado, el MEM envió otro documento al gobernador Juan Luque en el que le expone la necesidad de que acepte ser unidad ejecutora del proyecto de remediación.
Asimismo, en el oficio N° 2631 se afirma: “En tal sentido, precisamos que en el caso que el Gobierno Regional se comprometa en los términos mencionados (ser unidad ejecutora), ello no implicará que tenga que asumir los costos del PIP únicamente con sus propios recursos, por cuanto el financiamiento para la construcción puede provenir del Gobierno central, así como de otras fuentes de financiamiento”.
Estamos febrero de 2016 y hasta ahora no hay respuesta de este pedido, mientras los pobladores afectados piden la remediación e instalación de una base militar contra la minería ilegal que se daría en 30 días.
En la última reunión desarrollada esta semana en la ciudad de Lima, se reiteró que para la remediación de lacuenca Ramis existen aproximadamente 90 proyectos, pero el más importante y central es el referido a la “Disminución de la contaminación minera en la cuenca media-baja del río Ramis- Región Puno”.
