"Esto recién empieza". Tal parece ser la sensación que vive el sector energético tras el ajuste tarifario anunciado a fin de enero por el Ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren.Y, cuando aún se desconoce el impacto que este tendrá en el bolsillo de los consumidores y en los costos de comercios e industrias, la pregunta se erige: ¿cuál es el plan energético del Gobierno para el mediano y largo plazo?
Ante la consulta de 3Días, fuentes de la cartera a cargo del ex CEO de Shell aseguraron estar trabajando en la elaboración de un plan, pero sin dar detalles al respecto. Aranguren prefirió no hablar con este medio. En tanto, durante el día de hoy, se presentará oficialmente la Subsecretaría de Ahorro y Eficiencia Energética, uno de los pilares del nuevo proyecto, y se planteará la reactivación del plan GEF de eficiencia energética, lanzado en 2009.
"Hoy se intenta dar una señal de que la energía no es abundante y barata, para que la gente empiece a conocer que tiene un precio y que debe ser consumida de forma responsable", afirma Mariano Lamothe, gerente de Análisis Económico de la consultora Abeceb. "Esta es una primera etapa. Ahora, lo que falta es definir la estructura tarifaria de las empresas y la política de estructura de matriz energética", añade.
"Sigue siendo un gran signo de pregunta hacia dónde vamos energéticamente. Todavía no se ha presentado un plan oficial sobre cómo se va a avanzar en la materia. Son procesos que van a llevar tiempo", coincide Carlos Tanides, responsable del Programa de Energía y Ambiente de Fundación Vida Silvestre Argentina.
A su vez, Andrés Di Pelino, subdirector del Centro de Estudios en Economía y Gestión de la Energía (CEEGE) de la UBA, apunta: "El aumento de las tarifas es un primer paso. ¿Cómo sigue? Desde el lado de la oferta, con la normalización paulatina de los precios. Van a tener que haber nuevos aumentos. Hay muchas cosas por hacer, y por seguir discutiendo y generando consensos. Llevará varios años encontrar los resultados que estamos buscando".
Por lo pronto, con subas que van del 100 al 700% para los usuarios del AMBA -que son quienes mayor porcentaje de subsidios percibían-, el impacto en la inflación y el consumo probablemente no se hará esperar. "Aún es prematuro evaluar en qué medida esto incrementará los costos industriales y de los comercios, habrá que esperar a que lleguen las primeras boletas. Pero se estima que el costo energético representa un 10% de los costos de las industrias, lo que inmediatamente se trasladará a precios", señala Federico Bernal, del Observatorio de Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC).
"Las grandes industrias ya estaban pagando un valor bastante similar. El tema es el mediano y el pequeño. Muchos van a sentir un impacto", acota Lamothe. En tanto, para el economista Rubén Ascúa, titular de la Red Pymes del Mercosur y presidente del Consejo Internacional para las Pymes (ICSB, por sus siglas en inglés), el impacto será diferenciado según el tipo de actividad y el grado de tecnificación de las empresas. "Las industrias se verán más afectadas, sobre todo aquellas intensivas en el uso de energía como metalmecánica, química, plásticos y farmacéutica", vaticina.
En cuanto al golpe en los bolsillos, un documento del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), de septiembre de 2015, estima que "una política de shock (tarifario) generaría un aumento de alrededor del 2% de la pobreza en el AMBA, una reducción del 5% en los ingresos de los sectores medios, duplicando el gasto en energía y transporte público de los hogares, y sumaría en lo inmediato un 4% a la inflación".
De todos modos, a la hora de evaluar el impacto en el consumo de los usuarios, el exsecretario de Energía, Emilio Apud destaca que se espera una disminución y una mayor eficiencia. "El consumo de un usuario tipo en cualquier parte del mundo, ante un aumento en las tarifas, se reduce primero por ahorro y luego por un uso más racional, más eficiente. Y aquí va a pasar lo mismo. Esta situación hará más efectivas las recomendaciones que haga el Gobierno en pos de un uso racional de la electricidad y lo mismo para el gas", detalla.
A mediados del año pasado, un grupo de exsecretarios de Energía presentó "La Energía en Argentina, desafíos políticos, técnicos y económicos 2016-2019", una propuesta que fue firmada por los principales candidatos presidenciales, entre ellos, Mauricio Macri. El documento ilustra un panorama de la realidad energética argentina y propone un conjunto de acciones concretas para los próximos cuatro años.
En su análisis, los autores alertan sobre la situación crítica del sector, pese a los amplios recursos naturales y humanos disponibles, la existencia de cuencas aún no exploradas y las excepcionales condiciones del territorio nacional para las fuentes no renovables como solar, eólica y biomasa.
El plan que esboza en respuesta se basa en cinco pilares: recuperar el abastecimiento energético, sanear las cuentas del sector reduciendo los subsidios, promover inversiones privadas a través de licitaciones internacionales, impulsar la eficiencia y el uso racional de la energía, y diversificar la matriz energética con mayor participación de las energías renovables.
Al respecto, estima que las proyecciones de necesidades de inversión del sector eléctrico para 2016-2025 son del orden de u$s 5.000 millones por año. "Un 75% de esa cifra se deberá aplicar a la ampliación de la capacidad de generación y el 25% restante a mejorar las redes de distribución y transmisión", destaca la propuesta.
En este marco, confiaron a 3Días fuentes del grupo italiano Enel, propietario de Edesur, que el ajuste tarifario, junto a las medidas regulatorias recientemente anunciadas, "son un importante avance para reordenar la ecuación económico-financiera de las compañías distribuidoras". Con estos ingresos, explicaron, "se podrá gestionar la operación, el mantenimiento y un plan de inversiones que, en el caso de Edesur será de más de $ 2.000 millones en la repotenciación de subestaciones en Ciudad y Provincia de Buenos Aires, además de renovar cables de alta tensión, y ampliar los centros de transformación y redes de media tensión".
En el sector de hidrocarburos, apunta también el documento de los exsecretarios, "se impulsará la exploración en áreas convencionales continentales y marinas, que permanecen inexploradas y constituyen el 70% de las cuencas sedimentarias existentes en el país". La meta es incorporar nuevos yacimientos para complementar las oportunidades que ofrece Vaca Muerta, y duplicar el nivel de reservas comprobadas de petróleo y gas para 2023.
Pero no solo de producir más energía y diversificar la matriz se trata, sino también de promover el uso efiiente y reducir las pérdidas.
"Ahorrar energía cuesta por lo menos un décimo que generarla. Por eso, para nosotros, la prioridad debe estar en el lado de la demanda y el consumo. Hay mucho para hacer con muy bajo costo", enfatiza Tanides, quien cita como medidas posibles -algunas ya implementadas- a los sistemas de etiquetados y de estándares de eficiencia en electrodomésticos y equipos industriales, que podría extenderse a los medios de transporte, que es "el principal foco de consumo energético del país".
Una de las grandes deudas que la Argentina posee en materia energética es el impulso de las renovables, cuya participación en la matriz eléctrica nacional no supera el 1,3%. En palabras de Apud, "las renovables, prácticamente no existen en nuestra matriz energética, no obstante contar con los mejores recursos para cualquiera de ellas. Las malas políticas de los últimos años, no solo energéticas sino económicas y de relaciones internacionales, hicieron inviables estos emprendimientos y aumentaron el uso de derivados del petróleo".
En este sentido, enfatiza el documento antes citado, la participación de renovables en la matriz retrocedió desde 2003, "acentuando la dependencia de los hidrocarburos". Así, "mientras la generación eléctrica aumentó un 60%, el consumo de hidrocarburos para generar esa energía creció un 180%".
Este escenario se da pese a que, en 2006, se sancionó la Ley 26.190 que fijaba la meta de llegar a 2016 con un 8% de participación de dichas fuentes en la red eléctrica y, tres años más tarde, se puso en marcha el GENREN, programa que apuntaba al mismo fin a través de una licitación de 1000 MW renovables. En ambos casos, la situación del sector, el marco regulatorio y la falta de financiamiento operaron en contra.
El nuevo gobierno, sin embargo, está dando algunos indicios que invitan a pensar que este no será un tema olvidado en su agenda. Así lo insinuó el presidente Mauricio Macri al presentar, la semana pasada, un proyecto de parque solar en Jujuy, algo que, para algunas organizaciones del sector, es un "gesto prometedor" de inversiones en el área.
"Con las nuevas reglas de juego en los planos local e internacional, sumado a la calidad de nuestros recursos renovables, es de esperar un boom de inversiones en el sector. Una herramienta clave para impulsar esa tendencia es la Ley 26.190 reformada", confirma Apud.
La reforma de dicha norma, que se llevó a cabo el año pasado y Aranguren estaría por reglamentar en los próximos días, corre la meta del 8% a 2017 y plantea una del 20% de renovables en la matriz eléctrica para 2025. Estas, sin embargo, parecen difíciles de ser alcanzadas. "Falta mucho", plantea Di Pelino. "Por la posición que tienen hoy las renovables en la matriz, no veo que el cumplimiento sea posible. Además, la caída del precio del crudo afectó mucho al sector"
Existe una estrecha correlación entre el crecimiento económico y la demanda de energía, que es a su vez, un insumo estratégico y un derecho. "La aplicación de un ajuste tarifario sin un plan energético detrás, solo provocará un retroceso de la actividad industrial, caída del consumo y mayor inflación", advierte Bernal, del OETEC. La Argentina está ante la oportunidad de cambiar su enfoque cortoplacista por una política energética que garantice la actividad productiva y la calidad de vida de los ciudadanos.
Una de cal y otra de arena. Mientras la crisis internacional de crudo perjudica a la industria petrolera local (sobre todo al sector exportador que opera en la provincia de Chubut), la brutal depreciación del valor del barril en el mundo beneficia a las arcas de la Argentina, importadora neta de energía. El fuerte abaratamiento de este insumo generó un ahorro para el Estado en las compras al exterior de gas y de petróleo que realizó el año pasado. El gasto medido en dólares se redujo en unos u$s 4.500 millones, nada menos que la mitad de lo que adeuda el Gobierno a los holdouts.
Según datos oficializados ayer en el Ministerio de Energía y Minería que conduce Juan José Aranguren, el total de importaciones el año pasado totalizó en u$s 5.659,1 millones, contra u$s 10.154,1 millones que desembolsó en el 2014. La suma significa una caída del 44% y se explica básicamente por un brutal retroceso del petróleo que fija también los valores de sus derivados, como el gasoil y el gas natural productos de los que el mercado doméstico depende ampliamente y otros combustibles como el fueloil y las naftas. Mientras que en el 2014, la cotización promedio del WTI (barril de referencia en los Estados Unidos) fue de u$s 93, en el 2015 el precio se derrumbó a u$s 48 y el promedio para lo que va de 2016 siguió hundiéndose hasta los u$s 31.
Por ese motivo, para los expertos la tendencia a la baja se pronunciará este año, debido a que las expectativas no son alentadoras y hay quienes prevén un valor por debajo de los u$s 25 (ayer, por caso, el WTI cedió 4,52% a u$s 26,21). Jorge Lapeña, ex secretario de Energía, explicó que "los números oficiales son datos objetivos de que la Argentina como importador de energía se beneficia con estos precios internacionales y que el gas que se compra por barco que antes costaba u$s 15 o el que se trae de Bolivia que valía u$s 10, hoy se pagan un tercio de estos valores". "Las previsiones para 2016, como las de la OPEP o de la Agencia Internacional de Energía Atómica indican que no habrá recuperación", añadió.
La caída, a su vez, no sólo se dio en los montos, sino también en los volúmenes importados. El total de la cantidad importada de todos los productos se contrajo un 16% medido interanualmente. Esto es un signo a tener en cuenta porque podría significar además una retracción en la economía.
En el caso del gas natural que se importa de Bolivia, el Gobierno pagó un 45% menos el año pasado que lo gastado en el 2014: la cuenta pasó de u$s 2.293 millones a u$s 1.247 millones. En cuanto al volumen, también retrocedió y se importó 548 metros cúbicos (m3) menos: descendió de 5972 m3 a 5424 m3.
En Gas Natural Licuado (GNL) que el Estado compra a través de Enarsa y que llega por barco a los puertos de Bahía Blanca y de Escobar, los montos se redujeron en casi 40%, pasando de u$s 3.565 millones en 2014 a u$s 2.256 millones el año pasado. En cantidades, se contrajo cerca de un 20%, descendiendo de 6,6 millones m3 a 5,3 millones m3.
El petróleo crudo importado también redujo fuerte sus costos, en un 61%: en 2014 el Gobierno desembolsó u$s 321 millones que disminuyó a u$s 125 millones en 2015, mientras que en cantidad mermó de 548.011 m3 a 292.365 m3 el año pasado.
Así y todo, el gobierno de Cristina Kirchner le dejó un déficit a la administración de Mauricio Macri en materia energética de u$s 4.345 millones, debido a que las exportaciones también se derrumbaron cerca de 57% hasta u$s 1.313 millones.
